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¿Es preciso que intervenga el Ejército en Rio de Janeiro?

¿Qué le pasa a Brasil? La militarización de Rio de Janeiro pone en evidencia la rápida descomposición social que atraviesa este país-continente. A la corrupción rampante y a la judicialización de la vida política hay que añadir un gravísimo problema de seguridad y orden público que amenaza la integridad del Estado.

Por Francisco Herranz*

Habitualmente los mundialmente famosos Carnavales representaban una especie de tregua para las bandas criminales que actúan en las favelas y en los barrios marginales de la megalópolis. Pero esta vez fue radicalmente distinto. La fiesta, celebrada entre el 9 y el 14 de febrero, no frenó la violencia. Al contrario. Aunque se desplegaron 17.000 agentes, un 43 por ciento más que el año pasado, éste ha sido el año del Carnaval violento. Circulan vídeos virales de jóvenes golpeando turistas y reportajes televisivos con tiroteos entre los bailes samberos. El mejor escaparate de la nación saltó en mil pedazos.

Fue el propio Michel Temer quien inició el procedimiento legal para emplear a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública de Rio de Janeiro. El presidente de la República Federativa de Brasil firmó el viernes 16 de febrero un decreto que establece el despliegue de las tropas en el estado de Río de Janeiro hasta el próximo 31 de diciembre.

Hablando ante la radio y la televisión, el jefe del Estado mantuvo la retórica de que la escalada del crimen organizado obligó al Gobierno federal a tomar una “medida extrema” con “respuestas duras”. “El crimen organizado casi se ha hecho con el control de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, destacó.

A través del decreto se nombra “interventor” militar al general Walter Souza Braga Neto, quien tendrá bajo su mando a la Policía Militar, la Policía Civil, los Bomberos y las cárceles. Braga Neto estuvo al mando del dispositivo especial de seguridad creado para los Juegos Olímpicos de 2016 y tiene fama de severo.

Braga Neto no se andará con contemplaciones y aplicará la mano dura en las favelas, nido de delincuentes y criminales pero también de ciudadanos desfavorecidos y vulnerables. En concreto, los militares lanzarán operaciones de registros en barrios enteros, lo que puede significar detenciones colectivas y abusos. Ese anuncio del Ministerio de Defensa desató una ola de protestas. “Es una de las violaciones más graves de derechos civiles que Brasil enfrenta desde la dictadura”, respondió airada la expresidenta Dilma Rousseff en su cuenta de Twitter.

Dejar la seguridad de las calles en manos del Ejército intranquiliza a muchos ciudadanos cariocas quienes todavía recuerdan con miedo décadas de dictadura militar. Esta es la primera vez que se toma una decisión tan rotunda, y de consecuencias imprevisibles, desde que se instauró la democracia en Brasil en 1988.

Los vecinos de la conocida favela de Rocinha —habitada por 70.000 personas— recuerdan que las Fuerzas Armadas ya se hicieron con el control del barrio durante una traumática temporada. Cuando regresó la policía, lo hizo con tanta agresividad que los vecinos presentaron 35 quejas, relatando exacciones e irregularidades por parte de los agentes. En otras palabras, no ha quedado demostrado que sea eficaz utilizar al Ejército —algo mucho más mediático y espectacular— en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, principales responsables de las muertes en Río.

Según los datos publicados por Folha de São Paulo, uno de los periódicos de referencia del país, Río de Janeiro ha retrocedido siete años en cuestión de seguridad ciudadana. La tasa de muertes violentas ya supera la registrada en 2010. En otras palabras, no se ha conseguido mantener la disminución de la criminalidad. Los números apuntan que esta tendencia no es de hoy sino más antigua. La crisis política y financiera que atraviesa Rio —con un exgobernador preso y un panorama de quiebra económica— ha catapultado a la violencia, pero no es la única causa de ella, como sostienen los analistas consultados por el citado diario. Las finanzas andan tal mal que los funcionarios cobran con retrasos y los servicios públicos se desmoronan por falta de mantenimiento.

En 2017, el índice de mortalidad violenta en Rio fue de 40 por cada 100.000 habitantes, lo que significa que se regresó a los niveles de 2009 (44,9) y 2010 (36,4). El índice para todo Brasil se sitúa en los 29,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el balance de 2017 realizado por el grupo InSight Crime, una fundación periodística dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado. Sólo el año pasado murieron 10 niños alcanzados por balas perdidas.

El año 2018 ha comenzado peor si cabe. Aunque las cifras oficiales relativas a enero aún no se han hecho públicas, los datos de la plataforma digital Fogo Cruzado, que mapea la violencia armada en la región metropolitana, ya muestran que hubo 688 tiroteos o disparos de armas de fuego sólo el mes pasado en Río de Janeiro, el peor registro desde junio de 2016. Eso significa que de media se produjeron 22 tiroteos por día.

Ahogado por los escándalos de corrupción y sin suficientes apoyos parlamentarios, Temer ha aprovechado la actual coyuntura de crispación e inseguridad para aprobar esta militarización de Rio y para, de paso, aparcar su debatida reforma de las pensiones, epicentro de su programa político basado en los recortes sociales. La oposición, capitaneada por el expresidente Lula da Silva, considera que el decreto de marras es una “pirotecnia”, un fuego de artificio creado por Temer para contentar al electorado asustado y buscar así su reelección en los comicios presidenciales previstos para octubre.

Además de las dudas que han generado su motivación, eficacia y coste, esta medida extraordinaria ha despertado críticas incluso desde ciertos estamentos institucionales. Así, la fiscalía federal afirma que representa un riesgo para la Constitución brasileña y para los derechos humanos. Ya no se trata de una colaboración puntual sino de una intervención en toda regla. También se discute el peligro real de que este plan de choque se extienda a otros territorios también afectados por la violencia. La tentación puede ser demasiado fuerte.

*Sputnik

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