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CCOO exige al Gobierno que aclare el destino y utilidad de los 1.323 millones gastados en pagar cursos a distancia de academias privadas

Por cada contrato para la formación, la Administración paga 215 euros al mes a las academias privadas que realizan los cursos online y entre 60 y 80 euros más al empresario por “tutorizar” al trabajador/a.

Desde la reforma legislativa del contrato de formación aprobada por el Partido Popular en 2012, el Estado se ha gastado 1.323 millones de euros en financiar cursos a distancia de academias privadas, en vez utilizarlos para articular una oferta formativa en centros públicos.

CCOO exige al Gobierno que aclare el destino y la utilidad de los más de 1.323 millones de euros que se han gastado en los últimos cinco años en pagar a las academias privadas que imparten los cursos a distancia de los contratos para la formación.

CCOO exige al Gobierno que aclare el destino y la utilidad de los más de 1.323 millones de euros que se han gastado en los últimos cinco años en pagar a las academias privadas que imparten los cursos a distancia de los contratos para la formación.

Cada contrato le cuesta a los españoles 275 euros al mes: 215 euros para pagar cursos que en el mercado se ofrecen por menos de la mitad (104 euros/mes) y 60 euros más para pagar las “tutorías” que realizan los empresarios. En 2017, el precio de la teleformación asociada a un contrato de formación para aprender la ocupación de camarero, peón o dependiente de pequeño comercio fue de 2.901 euros, mucho más que la matrícula de un curso universitario de grado, que oscila entre 757 € (Andalucía) y 2.372 € (Cataluña), e incluso más que la mayoría de los másteres universitarios.

“En una época de restricciones en los servicios públicos, no se entiende que se estén pagando estas cantidades desmesuradas a academias privadas, en lugar de utilizar esos recursos para articular una oferta formativa en centros públicos para jóvenes con bajo nivel de cualificación”, señala Lola Santillana, Secretaria de Empleo y Cualificación profesional de CCOO.

Los “tutores” empresariales no tienen que acreditar experiencia ni formación en la ocupación objeto del contrato de aprendizaje. Es más, ni siquiera se tiene que acreditar que la tutoría ha existido. Teniendo en cuenta el tamaño de las empresas que suscriben los contratos (un 81% tiene menos de 25 trabajadores/as), los sectores en los que se realizan (hostelería y pequeño comercio) y el perfil del empresariado español, es probable que las tutorías no se realicen y que, si se realizan, tengan una escasa utilidad de aprendizaje.

Con respecto a las academias privadas, un simple repaso al listado de centros acreditados para impartir certificados online colgado en la web del SEPE, demuestra que muchas de ellas no cuentan con medios e instalaciones propias, sino que se limitan a subcontratar la plataforma digital y los materias didácticos a otras entidades, por lo que, en la práctica, se produce una concentración de recursos económicos en muy pocas manos.

“La derecha se atribuye una gran capacidad de gestión, pero es falso. Si hubieran dedicado a mejorar la enseñanza pública sólo una parte de lo que han regalado a las academias privadas y hubieran dedicado a realizar una verdadera política industrial lo que destinan a bonificar contratos basura, probablemente no tendríamos el desempleo juvenil más alto de Europa” manifiesta Lola Santillana, concluyendo: “El experimento de los contratos para la formación ha fracasado”.

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