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“El peligro para la reforma energética de México es Brasil, no López Obrador”

El verdadero peligro para la reforma energética en México no es el candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador, sino el retorno de Brasil al mercado petrolero mundial tras superar sus escándalos de corrupción, dijo a Sputnik el experto argentino en derecho energético internacional Darío Lamanna.

En los mercados petroleros ya circula esa idea: “El verdadero riesgo no es un triunfo de AMLO —como le llaman sus seguidores a López Obrador—, el peligro se llama Brasil”, apuntó Lamanna, quien fue director de la Asociación de Negociadores Petroleros Internacionales (AIPN, en inglés) con sede en Houston.

El comentario jocoso entre expertos, no es un chiste: “Brasil pude ser un competidor de riesgo más alto si dispara de nuevo las inversiones en sus yacimientos marinos, que fueron frenadas por la operación anticorrupción Lava Jato”, comentó el asesor, quien ha sido abogado para empresas petroleras en América Latina.

Ese escándalo de corrupción comenzó en la petrolera estala Petrobras, se extendió a todos los partidos políticos de Brasil, socavó a liderazgos de toda América Latina, y en México aterrizó con sobornos pagados a funcionarios por la brasilera Odebrecht.

La reforma energética mexicana, promulgada en diciembre de 2013, permitió en el verano de 2015 la primera licitación petrolera en ocho décadas.

“Esa reforma constitucional está en la punta de la pirámide legal que soporta la apertura a la inversiones extranjeras y privadas, reforzada con leyes federales y tratados internacionales firmados por México”, explicó el abogado petrolero, para descartar las especulaciones.

Por ejemplo, nuevos reglamentos como la Ley de Hidrocarburos rigen a la estatal Petróleos Mexicano (Pemex), que no se privatizó, y a un Fondo Petrolero para ahorros del Estado.

En segundo lugar, cualquier disputa puede ser sometida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, y el Tratado en materia de Yacimientos Transfronterizos en Aguas Internacionales.

Un destino petrolero seguro

A diferencia de otros países, como Argentina, que no fue diligente para cumplir dictámenes internacionales sobre expropiaciones y cambios en reglas de juego; o Venezuela que expropió a las petroleras estadounidenses Conoco-Phillips y Exxon-Mobil en 2007, “México se consolidó como un destino atractivo en todo el mundo”, dijo el jurista internacional argentino.

Leyes anticorrupción aprobadas en 2016 y la firma de la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI, en inglés), con sede en Noruega, son instrumentos adicionales de la petroleras, indica Lamanna para explicar su arsenal legal.

El presidente Enrique Peña Nieto abrió la industria petrolera a los inversionistas extranjeros y privados, y el Estado mexicano ya firmó con ellos más de 150.000 millones de dólares.

Es un poderoso disuasivo para quien gane la Presidencia en julio próximo: “las inversiones al cierre del Gobierno actual podrían sumar 200.000 millones de dólares”, en diciembre de 2018, estimó el experto.

Solo en la última subasta de yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, las llamada “grandes”, como Shell, Rpesol, Chevron, y Petronas, comprometieron más de 92.000 millones de dólares para las próximas tres décadas.

Seguirán los campos de esquisto de la norteña Cuenca de Burgos “que podrían atraer decenas de millones de dólares adicionales”, estimó Lamanna.

En contraste, los campos de esquisto en Vaca Muerta en la Patagonia argentina “van muy lento”, y los inversionistas se alejan de la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, “drásticamente politizada”, por una incierta crisis interna.

Cuatro riesgos legales

Lamanna estimó que solo existen cuatro vías legales para desmantelar la reforma energética, acordada por todas las fuerzas políticas legislativas.

La primera y menos probable es que el nuevo mandatario obtenga una “mayoría calificada” de tres cuartas partes del Congreso, requerida para hacer cambios constitucionales.

El segundo riesgo, es una consulta o referéndum vinculante: “si logra la cantidad de votos necesarios, obligaría a una reversión legislativa”.

La tercera ruta son cambios en los órganos reguladores autónomos, designados por el Senado, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, o la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente.

Esos órganos del Estado “podrían cambiar el ritmo de la implementación de las políticas energéticas o frenar las rondas de licitaciones petroleras”.

Asimismo, el despacho federal de Energía, única oficina bajo control presidencial, “puede desautorizar evaluaciones de impacto social de la explotación petrolera, y los permisos para importación de combustibles”.

El próximo presidente puede pedir evaluaciones a contratos firmados, “si existe sospecha de ausencia de transparencia”, advirtió el abogado.

“Si se violaron los proceso procesos, pueden ser rectificados o anulados”, alertó el experimentado negociador internacional.

El último recurso es apelar a una interpretación jurídica la Suprema Corte de Justicia, para examinar si son constitucionales las figuras contractuales de licencia en la reforma, “en caso de que autoricen derechos similares a los contratos de concesión”, que están prohibidos en la Constitución mexicana.

Una licencia prohíbe registrar como propias las reservas petroleras probadas del subsuelo, que son patrimonio inalienable del Estado mexicano.

Una concesión —que solo existe en el derecho minero de México— permite a las compañías registrar las reservas petroleras probadas en sus libros de activos financieros. Con esos números, pueden obtener capitalización en los mercados bursátiles.

Esa es la pirámide petrolera legal para el próximo presidente, el resto son especulaciones infundadas.

Sputnik

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