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UGT: “Rajoy defiende seguir castigando a los pensionistas con la pérdida de poder adquisitivo”

Hace demagogia y anuncia medidas vacías para hacer oídos sordos a los pensionistas y a la protesta social del 17 de marzo, denuncia la UGT.

  • Rajoy hace demagogia porque oculta el empobrecimiento continuo de los pensionistas y no está dispuesto a modificar la reforma de pensiones de 2013, que empobrece a los pensionistas presentes y futuros
  • Vuelve a despreciar el consenso en materia de pensiones porque sabe bien que la mayoría del Pacto de Toledo pide la derogación de la reforma de 2013
  • Afirma que no hay dinero para revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, pero anuncia bajada de impuestos para las pensiones más altas y medidas que no concreta.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha tratado de hacer oídos sordos a la movilización social, porque no está dispuesto a que las pensiones se revaloricen conforme al coste de la vida ni, por supuesto, a retirar o modificar la reforma de pensiones impuesta de manera unilateral en 2013, rompiendo el Pacto de Toledo y el acuerdo social, que condena a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento continuo.

Durante su comparecencia ha ocultado los efectos perniciosos de esta reforma y ha tratado de enmascararlos con medidas que anuncia forzado por las circunstancias que ni siquiera quiere concretar, pero que no evitarán el empobrecimiento continuo y constante, a lo largo de los años, de los pensionistas presentes y futuros, porque eso no depende de la cuantía de las pensiones mínimas.

Demagogia y populismo de Rajoy

Mariano Rajoy ha anunciado durante su comparecencia de hoy, en el Congreso de los Diputados, rebajas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias y una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad. Pura demagogia para tratar de acallar la protesta unánime de los pensionistas, que el 17 de marzo volverán a salir a la calle por el recorte de sus pensiones.

Anunciar una bajada de impuestos, en estos momentos, cuando se mantiene la política de recortes, es demagógico y populista. Además, ¿si sobra el dinero para bajar impuestos cómo no hay dinero para garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo?

Además, aunque se pretende dar la impresión de que la bajada de impuestos va a beneficiar a todos, hay que tener en cuenta que la evidencia demuestra que las bajadas de impuestos a los pensionistas solo pueden beneficiar a las pensiones más altas, que son una minoría, y no a ocho de cada diez que son los que más lo necesitan.

Resulta llamativo el anuncio ahora de mejorar las pensiones mínimas (eso sí, sin decir en qué consiste la mejora), sobre todo teniendo en cuenta que la reforma de pensiones de 2013 de este Gobierno ha castigado sobre todo a los perceptores de pensiones más bajas. Esta reforma es la más regresiva que pueda existir no solo porque supone un empobrecimiento generalizado de todos los pensionistas los de ahora y los del futuro, sino porque cuanto más ancianos, serán más pobres.

Desde, 2012, es decir, desde que gobierna el PP, todas las pensiones incluidas las mínimas han perdido 1,5 puntos de poder de compra. Un hábito del partido del Gobierno pues entre 1996 y 2004 excluyó a tosas las pensiones de los beneficios del crecimiento económico. Por el contrario, a partir de 2005 las pensiones mínimas se mejoraron considerablemente con fuertes y continuas subidas. Gracias a aquellas subidas de entonces los pensionistas redujeron su tasa de pobreza y pudieron sortear la crisis con menos dificultades que otros grupos sociales.

Por otra parte, conviene recordar que la mejora de las pensiones de viudedad, unas de las más bajas y que afectan sobre todo a mujeres, aprobada recientemente en Consejo de Ministros, obedeció no a una concesión del Gobierno sino a una obligación legal establecida antes de que el PP llegara al Gobierno, recogida en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011 de 1 agosto, por la que la base reguladora de la pensión de viudedad pasaba del 52% al 60%, para mayores de 65 años y que no perciban otra pensión pública. Una norma que el Ejecutivo ha aplazado durante 6 años (pues debía aplicarse de manera progresiva y homogénea, en el plazo de 8 años, desde el 1 de enero de 2012).  Hay que considerar por tanto muy dudoso ese anuncio a bombo y platillo del aumento de las pensiones de viudedad (de nuevo sin detallar la cuantía).

Apela al consenso, pero no retira la reforma de pensiones de 2013 que rompió todos los consensos

Durante su comparecencia Rajoy ha apelado a un Pacto de Estado en materia de pensiones, un Pacto que el Gobierno del PP rompió, de forma unilateral, aprovechando su mayoría absoluta, con la aprobación de la reforma de pensiones de 2013. El Gobierno fracturó todos los consensos, en el ámbito político y en el ámbito social, al burlar la negociación en el Pacto de Toledo y el diálogo social. Algo que pretende hacer nuevamente, pues se niega a modificar o retirar la reforma de 2013 que ni ahora ni nunca contó con consenso y que transgredió las normas del Pacto de Toledo.

Aunque Rajoy ha dicho que su Ejecutivo siempre va a subir o mejorar las pensiones, no congelar, en alusión al anterior Gobierno, lo que no dice es que para él “subir o revalorizar” implica recortar y que los pensionistas van a perder, sí o sí, poder adquisitivo durante décadas, mientras aprueba medidas para incentivar los planes de pensiones privados.

¿Por qué ahora apela al Pacto de Toledo?

La protesta social es imparable. Los pensionistas han perdido poder adquisitivo por segundo año consecutivo, gracias al Índice de “Revalorización” de Pensiones, incluido en su reforma de 2013. Un Índice que hará que los pensionistas puedan perder, en los próximos 20 años, entre un 30% o 40% en función de si la inflación es del 1,5% o del 2%.  Dicho de otra manera, la cuantía real de una pensión de 1.000 euros mensuales se verá reducida en 20 años a 718 euros o a 585 euros, según la inflación anual sea del 1,5% o del 2%. Es decir, la subida aprobada por el Gobierno es una “falsa revalorización” pues la subida del 0,25%, supone una pérdida segura del poder adquisitivo de las pensiones, incapaces de hacer frente a la continua subida del coste de la vida (muy por encima de ese 0,25%). Y todo esto sin tener en cuenta el otro gran componente de su reforma de Pensiones que supone un doble recorte, el Factor de Sostenibilidad (cuantos más años se espera que vivas, cobrarás menos). Además, hoy los pensionistas tienen que hacer frente a más gastos adicionales como el copago farmacéutico, medida “estrella” también del Gobierno del PP.

El Gobierno ha incentivado una reforma laboral que facilita el despido, precariza el empleo y devalúa los salarios. Un atentado no solo a los derechos de los trabajadores, sino también a las propias arcas de la Seguridad Social, que tiene un problema de ingresos, no de gastos. Una reforma que, por supuesto, el Gobierno no quiere tocar, y que ha devaluado los salarios y los derechos de los trabajadores y ha roto el equilibrio de las relaciones laborales en favor de los empresarios.

Por otra parte, el Ejecutivo ha esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Antes de llegar al Gobierno del PP la hucha de pensiones ascendía a más de 66.000 millones de euros. Ahora el Ejecutivo endeuda a la Seguridad Social para no dejar a cero el ya paupérrimo Fondo de Reserva.

El poder adquisitivo se puede y se debe revalorizar

El mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión es un derecho contemplado al más alto nivel. Las bases jurídicas de este derecho se encuentran en la Constitución Española, en la interpretación del Tribunal Constitucional, en las normas comunitarias y en el Tratado de la Carta Social Europea

Para UGT el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones es un derecho básico inseparable del derecho a la pensión de jubilación y hay que garantizarlo por encima de todo. En este sentido, el sindicato va a seguir promoviendo cuantas acciones consideren oportunas, en todos los ámbitos, para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, recuperando el IPC como referencia para la subida de las mismas. Una demanda compartida por la mayoría de los grupos parlamentarios y por la amplísima mayoría social.

UGT

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