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Auditoría y control: daños al patrimonio público continúan siendo millonarios en Cuba

Las acciones de control realizadas por el Sistema Nacional de Auditoría detectaron que los daños al patrimonio público provocados en el año anterior continúan siendo millonarios, e incluso superaron a los descubiertos en 2016.

Durante el balance del trabajo en 2017 realizado por la Contraloría General de la República se informó que los perjuicios se deben, principalmente, a incumplimientos de los planes económicos, adeudos de las empresas estatales con el Presupuesto del Estado, subdeclaración de aportes al fisco por sujetos de las formas no estatales de gestión, cuentas por cobrar y por pagar envejecidas; y en menor medida a causa de daños por faltantes y pérdidas de activos.

Un asunto complejo, trascendió, son los daños cuantificados en la actividad presupuestada, que superan los 300 millones en moneda total, fundamentalmente por las causas mencionadas.

Con respecto a ese hándicap en el sector empresarial, donde la autonomía gana terreno, el miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, señaló las debilidades en algunos sistemas contables y las tardanzas para desagregar los planes económicos, caldos de cultivo para que se den hechos delictivos.

Recordó también que cuando algunas de las empresas y los cuentapropistas subdeclaran al fisco, afectan el bienestar y desarrollo del pueblo.

De igual forma se constataron incumplimientos de la legislación asociada a la contratación, en los pagos a privados y en el control de combustible, aspectos también analizados durante la 12ma. Comprobación Nacional al Control Interno.

Tal y como expresó Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República, existen cadenas delictivas que comienzan en el sector empresarial y terminan con la desviación de recursos hacia el sector no estatal, por lo que urge trabajar con intencionalidad en todo lo concerniente al origen y destino de los recursos.

El informe también alertó sobre el incremento de los delitos económicos. En 2017 se detectaron 1 012, mientras en 2016 se denunciaron 732. Una situación similar se da con los casos llamados de seguimiento: 915 en 2017 contra 678 en 2016.

Según se reconoció, los incrementos están dados por un mayor control de los posibles hechos delictivos, como resultado de acciones ejecutadas al amparo de la Resolución No. 20/2009 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Debido a estas acciones, incluyendo las de la 12ma. Comprobación Nacional, se aplicaron 5 658 medidas disciplinarias a 1 237 directivos, 1 370 ejecutivos y 3 051 trabajadores. De las medidas tomadas, 209 fueron por responsabilidad colateral de 114 directivos y 95 ejecutivos.

Sobre la labor de la Comisión Estatal de Control se conoció que analizó temas de relevancia en materia de prevención y control en 2017, como la ocurrencia de hechos de corrupción administrativa en entidades de Comercio Interior, y los riesgos financieros que presenta la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional en cuanto a la prevención y el enfrentamiento al lavado de activos y otros delitos.

La Comisión también trabajó con presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa asociados al uso indebido del Presupuesto del Estado en varias entidades.

Vivianne García Castro, contralora-jefa de la Dirección de Atención a la Población, explicó que se recibieron por esta área 1 935 denuncias, entre estas anónimos, lo cual —estimó— refleja fallas y vacíos del control interno en los lugares de donde proceden.

Salvador Valdés Mesa consideró que hay que evitar la formalización de la tendencia al anonimato a la hora de denunciar un problema, porque eso no es saludable para la institucionalidad, y orientó a ser rigurosos con las averiguaciones en torno a los anónimos, porque no siempre son verídicos.

Alina Vicente Gaínza, vicecontralora general, alertó sobre la labor preventiva y de capacitación permanente que hay que ejercer, pues existen nuevas normas y procedimientos en el sistema empresarial que no siempre se dominan por las administraciones y los auditores.

Solicitó a estos últimos tramitar casos relevantes para que se analicen en la Comisión Estatal de Control, la cual está formada por todos los organismos principales y cuya función es controlar y evaluar las tendencias, causas y condiciones de las manifestaciones negativas.

“Esas nuevas normas, válidas para la empresa estatal socialista, dan mayor autonomía, lo que no significa anarquía; por tanto deben atemperarse al sistema de control interno, que cuenta con características propias: flexibilidad, razonabilidad e integralidad”, aclaró.

Otro serio problema analizado fue la reducción del número de auditores en este sistema. Se conoció que la plantilla de tales especialistas solo está cubierta al 64 por ciento en el país, y que el número de ellos sigue disminuyendo.

Entre las causas de esa migración —se dijo— está el traslado a otras formas de gestión, a causa de los bajos salarios. Valdés Mesa lamentó que así sea, porque son personas con una alta preparación y muy necesarios en el combate a las indisciplinas y la corrupción.

No obstante ese déficit, reconoció la labor fehaciente de la Contraloría, que logró cumplir con la misión que le asignaron la Asamblea Nacional del Poder Popular y las directivas de control aprobadas por el Consejo de Estado para 2017.

La contralora general de la República y vicepresidenta del Consejo de Estado, Gladys Bejerano Portela, expresó que cada acápite analizado en el balance, cada planteamiento, será motivo de repaso para perfeccionar el trabajo de la Contraloría en años sucesivos.

Juventud Rebelde

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