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España no aprueba en Derechos Humanos ni laborales

El Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha vuelto a suspender a España en Derechos Humanos, y ha instado al Gobierno español a que adopte las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.

La Plataforma DESC España, a la que CCOO pertenece, presentó un informe, del que elaboraron la parte correspondiente al ámbito del trabajo, y que fue apoyado por más de 150 entidades sobre el grado de cumplimiento, protección y defensa de los DESC entre 2012 y 2016 por parte de España.

Dicho informe fue tenido en cuenta por el Comité DESC de NNUU, junto al informe del Gobierno español y los de otras organizaciones de la sociedad civil, para elaborar sus recomendaciones.

Con relación al ámbito del trabajo, el Comité DESC ha mostrado especial preocupación por que los estereotipos de género dificulten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, por lo que recomienda que el Estado intensifique los esfuerzos para reducir esos estereotipos y agilice la implementación del Plan Estratégico sobre igualdad de género 2018-2021.

Desde CCOO consideran que también debería haberse recomendado la adopción de acciones coeducativas, la obligatoriedad de planes de igualdad en las empresas, más inspecciones laborales sobre discriminación laboral por razón de género así como medidas que favorezcan la conciliación.

Y, aunque no se trate de un aspecto exclusivamente laboral, echan de menos alguna referencia expresa al gravísimo problema de la violencia contra las mujeres, y a la necesidad de ejecutar y dotar presupuestariamente el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en 2017.

Respecto a brecha salarial entre hombres y mujeres, la preocupación del Comité se centra en los obstáculos que las mujeres deben enfrentar para acceder a oportunidades de carreras en iguales condiciones que los hombres, para lo que recomienda que el Estado redoble esfuerzos para combatir la segregación vertical y horizontal en el empleo, la efectiva aplicación del principio de igual salario por trabajo de igual valor y la obligación de mayor transparencia de salarios en las empresas.

En sus observaciones, el Comité destaca su preocupación por la alta tasa de desempleo que afecta desproporcionadamente a jóvenes, mujeres, población gitana y migrantes, así como la elevada tasa de desempleo de larga duración. Para combatirlo, recomienda que se realice una evaluación exhaustiva de la política de empleo, con la participación de los actores sociales, que permita combatir las causas profundas de desempleo. También que se cuente con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para implementar la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 y seguir promoviendo la formación y la capacitación profesional de acuerdo a las necesidades del mercado. Consideramos que en este último aspecto sería necesario incrementar sustancialmente la formación dirigida a personas en desempleo, que ha sufrido un retroceso importante en inversión y cobertura.

En cuanto a condiciones de trabajo, se destaca la inquietud ante la precariedad laboral, especialmente la contratación temporal que afecta fundamentalmente a las mujeres y los efectos de esta precariedad, junto a la congelación de los salarios, sobre el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y el acceso a los beneficios de la Seguridad Social, que de nuevo tiene especial incidencia sobre las mujeres. En este sentido, recomienda que el Estado tome las medidas necesarias para prevenir el abuso de la contratación precaria, especialmente temporal, que las personas con contrato a tiempo parcial y otras formas precarias de trabajo gocen del derecho a condiciones de trabajo equitativas y a la Seguridad Social y se refuerce la inspección laboral para supervisar las condiciones de trabajo.

La limitación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que introdujo la reforma laboral de 2012 así como la aplicación excesiva del artículo 315.3. del Código Penal que persigue penalmente a trabajadores que han participado en huelgas, centra la preocupación del Comité DESC respecto a derechos sindicales. Recomienda que el Estado garantice la efectividad de la Negociación Colectiva y del derecho de representación sindical y que se revise y posiblemente derogue el artículo 315.3. del Código Penal.

Por último, respecto a Seguridad Social, la preocupación se centra, por un lado, en el déficit del sistema de pensiones y, por otro, en la baja tasa de cobertura de las prestaciones no contributivas y el hecho de que la cuantía de prestaciones tanto contributivas como no contributivas, sea insuficiente para garantizar un nivel de vida digno a los beneficiarios. Para combatirlo recomienda que, con la participación de todos los actores, en particular de los sindicatos, se adopten las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que garantice la cobertura de todas las personas por parte del sistema y se restablezca el vínculo entre prestaciones y costo de la vida.

Desde CCOO valoran positivamente las observaciones, en particular las que hacen referencia al ámbito del trabajo, del Comité DESC e instamos al gobierno español a que cumpla las recomendaciones que contiene, para lo cual debería implementar un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones y los dictámenes del Comité, así como capacitar en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en general en Derecho Internacional de Derechos Humanos a jueces, fiscales, funcionarios públicos y otros operadores de la administración de justicia. Desde la Plataforma DESC hemos solicitado a los grupos del Congreso de los Diputados la constitución de un intergrupo parlamentario que haga seguimiento e implemente las recomendaciones y dictámenes, junto con la sociedad civil.

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