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Jueces de México enfrentan demanda por negarse a publicar sentencias

Una demanda contra jueces y magistrados que se niegan a publicar sus sentencias fue presentada ante un juez federal, dijo el martes a Sputnik el director de Litigios Estratégicos de la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gerardo Carrasco.

“La demanda contra todos los jueces y magistrados del estado de Zacatecas (norte), es un primer paso de una estrategia nacional, con la cual buscamos generar un ‘efecto dominó’, para que los poderes judiciales de las 32 entidades federales cumplan con la Ley General de Transparencia que rige en todo el país”, explicó el jurista.

Las organizaciones independientes MCCI y Equis Justicia para las Mujeres promovieron un juicio de amparo ante un juzgado federal en Zacatecas en contra de todos los jueces y magistrados de dicho estado, “por no cumplir con su obligación de hacer públicas las sentencias que han emitido”.

En efecto, ningún juez ni magistrado del poder judicial de Zacatecas ha publicado una sola sentencia emitida desde hace dos años, argumentando que ninguna es considerada de “interés público”.

Los jueces y magistrados “violan el derecho de acceso a la información”, dice la demanda aceptada para el litigio por el juez federal primero de distrito en Zacatecas, Iván Ojeda.

Desde que entró en vigor la mencionada ley contra la opacidad, en el año 2016, únicamente el Poder Judicial Federal cumple con el mandato de hacer públicas todos sus sentencias, pero prácticamente en las 32 entidades, incluida la Ciudad de México incumplen la legislación.

El concepto de “interés público” esgrimido por los jueces provinciales no está definido en las legislaciones mexicanas, pero “interpretamos que todas las sentencias son de interés público, sin importar la materia y los casos que traten”, señaló Carrasco.

El Centro de Análisis e Investigación Fundar; el Centro de Pensamiento México Evalúa; la asociación ciudadana Participando por México; la plataforma digital de evaluación y participación ciudadana Borde Político, y la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, apoyan la demanda.

LA META DEL LITIGIO ESTRATÉGICO

El objetivo del primer juicio de amparo abierto sobre ese tema en el estado de Zacatecas es que la controversia llegue al máximo tribunal de la federación mexicana.

“Queremos que la Suprema Corte de Justicia nos aclare, de una vez por todas, qué se entiende por una sentencia de interés público, que en nuestro criterio son todas, como lo practica el Poder Judicial Federal”, dijo Carrasco.

Los jueces no deberían tener “la discrecionalidad de actuar con opacidad sobre las sentencias, en temas que nos les conviene dar a conocer, en los que posiblemente no se cumplirían principios legales o se ocultarían actos de corrupción”, sostuvo el jurista.

Anualmente se producen miles de sentencias y el único estado que parcialmente ha publicado las sentencias es la pequeña provincia central de Hidago, con unas 200 sentencias disponibles al escrutinio público.

El principio que defienden es que “la rendición de cuentas de la labor judicial no se deje al arbitrio de los jueces, pero respetando los datos personales”.

Un estudio publicado por Equis Justicia para las Mujeres en diciembre de 2017 reveló la opacidad de los tribunales estatales, que eluden la ley federal de 2016, que las obliga a publicar las sentencias, con el pretexto la vaguedad del concepto de “interés público”.

El “litigio estratégico” comenzó el recorrido judicial en un tribunal federal estatal de Zacatecas, con la meta de que la Suprema Corte considere de trascendencia nacional cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas.

Con este recurso legal las organizaciones civiles buscan que las autoridades establezcan una definición de este concepto, que determinen que todas las sentencias son de interés público y que por ello, todas deben ser publicadas.

Esta estrategia será replicada en el resto de los estados que no cumplan con sus obligaciones de transparencia, para eliminar los “incentivos que pueden llevar a que servidores públicos cometan actos de corrupción”.

El pasado 3 de abril, el Juzgado Tercero Civil de Zacatecas reconoció su omisión, pues en un informe justificado respondió: “es cierto el acto reclamado”. De esta manera quedó abierta la puerta al litigio.

Sputnik

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