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La fusión de ayudas al desempleo que plantea el Gobierno no responde a las necesidades de protección de las personas en paro

  • La propuesta del Gobierno de fusionar las tres ayudas (Prepara, el PAE, y la Renta Activa de Inserción), en ningún caso, mejora la protección social actual, solo aborda la protección asistencial y no acomete la necesaria reforma de la protección por desempleo
  • UGT exige que se revise la protección de los mayores de 55 años y que se deroguen todos los recortes del subsidio por desempleo que se acometieron en 2012.
  • Para el sindicato, es necesario que se incremente, de manera urgente, la cobertura de la protección por desempleo
La Unión General de Trabajadores considera que la propuesta del Gobierno de unir las ayudas a parados en una sola no da respuesta a la necesaria reforma integral de la protección por desempleo, no mejoraría la cobertura por desempleo y sólo supondría abordar parcialmente la protección asistencial.
Así lo ha planteado la organización en la Mesa de Diálogo Social para un Plan de Choque por el Empleo, donde además, ha destacado que, ante la inminente finalización de estos programas, es urgente tomar medidas que impidan dejar sin protección a las personas que tenían acceso a ellos.
El sindicato defiende la derogación de los recortes en las prestaciones por desempleo realizados por el Gobierno en 2012 y la necesidad de reordenar y reforzar el conjunto de prestaciones por desempleo.
Para UGT, la reforma resultante, la RED, no da respuesta a la petición de incluir en el diálogo social la necesaria reforma de la protección por desempleo y puede derivar en una reducción de la cobertura, o en un recorte de gasto, perjudicando a la mayoría de los beneficiarios.
El sindicato denuncia que la ayuda tiene una cuantía de 430 euros igual para todos los perceptores y no contempla su situación o si tienen cargas familiares o no.
Con la nueva propuesta tanto los mayores como los menores de 45 años con responsabilidades familiares (unos 188.500 beneficiarios según el SEPE), perderían entre 1 y 3 meses de prestaciones máximas, mientras que los mayores de 45 años, sin responsabilidades familiares, perderían 9 meses de prestaciones máximas.
Los menores de 45 sin responsabilidades familiares, a quienes por primera vez se les reconoce el derecho a prestaciones asistenciales de cinco meses de duración, son los únicos que mejoran, pero quedarían fuertemente limitados por la exigencia de haber agotado una prestación contributiva previa de al menos 12 meses de duración (lo que implica entre 3 y 3,5 años de periodo cotizado). Los que no cumplen este requisito siguen sin tener derecho a prestación asistencial alguna.
La propuesta establece además cómo sería la ayuda en función del tiempo cotizado pero no deja nada claro cómo se accedería a ella. Lo que sí queda claro es que los beneficiarios con periodos insuficientes de cotización, la de la mayoría de jóvenes y otros colectivos saldrían perdiendo.
Además, UGT señala que hay otras lagunas en la propuesta del Gobierno, como que no hay previsto nada que aborde la situación de los parados de larga duración que agotan sus prestaciones; con la desaparición de la RAI, quedan sin cobertura, o al menos ésta disminuye, las personas en paro de larga duración, mayores de 45 años, las personas con discapacidad y los emigrantes retornados; y queda por saber si la cuantía del subsidio se percibirá en proporción de las horas previamente trabajadas en el último contrato, como ocurre en la actualidad, o será igual para todos independientemente del tipo de jornada, como reclaman las organizaciones sindicales.
La propuesta del Gobierno resulta insuficiente e incompleta, por ello, el sindicato reclama que, del proceso de negociación, el resultado sea un aumento de la cobertura por desempleo y hacer así más completa y eficiente esta nueva ayuda.
En este sentido, el sindicato denuncia que esta reforma debería haberse abordado con más tiempo y con mayor reflexión, por ello pide al Gobierno un nuevo planteamiento temporal para establecer un sistema adecuado de prórroga temporal y transitoria de los programas de protección cuya vigencia finaliza y para diseñar y definir las reformas necesarias en el conjunto del sistema de protección por desempleo que integren y consoliden los anteriores programas y mejoren la cobertura y la protección.
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