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Juez descarta delitos de terrorismo y rebelión y decreta la libertad de la activista catalana Carrasco

El juez Diego de Egea de la Audiencia Nacional de España acordó la puesta en libertad de la activista catalana independentista Tamara Carrasco, detenida este 10 de abril por su actividad dentro de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Según explicó la Audiencia Nacional a través de un comunicado, el juez atribuye a la activista Tamara Carrasco un delito de desórdenes públicos, por lo que descarta los delitos de terrorismo y rebelión que le atribuía el Ministerio Fiscal.

Tras tomar declaración a la detenida, el juez acordó su puesta en libertad con medidas cautelares consistentes en comparecencias semanales ante un juzgado de guardia, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de pedir permiso a la autoridad judicial para desplazarse fuera del municipio donde reside.

Por el momento, el juez mantiene bajo secreto la causa en la que se investiga la actividad de los CDR, que en las últimas semanas tomaron el protagonismo en las movilizaciones callejeras del independentismo catalán.

Hasta la fecha, las acciones de protesta de los CDR se caracterizaron por intentar bloquear el tráfico de las ciudades mediante cortes de carretera, aunque también protagonizaron multitudinarias manifestaciones tras la detención de Carles Puigdemont que acabaron con enfrentamientos entre manifestantes y policía.

Las acciones de estos grupos se enmarcan dentro de lo que ellos mismos denominan la ‘Primavera catalana’, un movimiento de protesta que —según refleja un manifiesto de los CDR— busca “tomar las calles” y “parar el país” para conseguir “la construcción efectiva” de una república catalana independiente.

Tamara Carrasco está siendo investiga por su presunto papel como “coordinadora” en “actos de sabotaje” de un CDR que efectuó cortes de carretera, lo que a ojos del juez podría suponer un delito de desordenes públicos.

El 10 de abril también fueron detenidas seis personas por presuntas agresiones a la policía catalana durante una concentración convocada por los CDR, siendo puestas en libertad el mismo día de su detención.

Además, las autoridades tienen en busca y captura a otra persona relacionada con estos grupos de activistas independentistas.

En opinión de la Fiscalía, los CDR son responables de “actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado” del independentismo catalán mediante “actuaciones violencias”.

Pese a las repetidas acusaciones sobre el supuesto carácter violento de su actividad, los CDR defienden que su actuación se limita a emplear técnicas de desobediencia civil de forma pacífica y legítima.

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