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Juez mexicano declara inconstitucional suspensión de reconocimiento de refugiados

Un acuerdo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar, federal) para suspender el estudio de miles pedidos de asilo fue declarado inconstitucional por un juez federal, informó este lunes la coalición de organizaciones civiles de vigilancia del llamado Acuerdo de Brasil sobre la materia.

“El fallo de juez federal declara inconstitucional el acuerdo emitido por la Comar, el cual suspende los términos para resolver los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados”, informó el Grupo Articulador México del Acuerdo de Brasil sobre Refugiados.

El grupo que integran ocho organizaciones de la sociedad civil y que fue formado por países del continente americano en diciembre de 2013, informó que el juez federal declaró inconstitucional el acuerdo, dado que “la tramitación del procedimiento debe concluirse en un plazo razonable, general y objetivo”.

Desde el 30 de octubre de 2017 está vigente la mencionada suspensión, por orden del organismo del Gobierno de México en la capital del país, afectando más de 5.000 solicitudes de refugio de personas que llevaban meses esperando la resolución de sus casos.

Ante ello la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que es parte del Grupo Articulador México, tramitó un amparo judicial para defender a una familia salvadoreña con base en el Acuerdo de Brasil sobre Refugiados.

México se comprometió en la reunión internacional de Brasil en 2013 a fortalecer la protección de refugiados, presentar soluciones adecuadas y duraderas a esas personas, ofrecer “fronteras solidarias” a países del Triángulo del Norte de Centroamérica, y erradicar el desplazamiento interno y la deportación.

Entre 2013 y 2017, México recibió más 30.000 solicitudes de refugio, la mitad de ellas solo el año pasado.

En febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un llamado “urgente” al Gobierno ante “el posible colapso del sistema de protección a refugiados en México”.

La CNDH señaló que en 2017 fueron admitidas por la Comar más 14.500 solicitudes, de las cuales hay unas 7.700 siguen sin resolución en todo el país.

La Ley sobre Refugiados y Asilo Político indica que las solicitudes se tendrán que resolver en un plazo máximo de 45 días.

El juez reconoce que ser solicitante de la condición de refugiado y la existencia previa de una detención migratoria administrativa, no penal, “implica una situación de vulnerabilidad”.

Por lo tanto, “existe mayor urgencia en el acceso y ejercicio de un derecho fundamental”.

La suspensión de los plazos para resolver los procesos de reconocimiento de refugiados “afecta el derecho de acceso a la justicia de los extranjeros”, puntualiza el fallo.

En México residen al menos 5.000 asilados reconocidos, según datos del Grupo Articulador México del Acuerdo de Brasil.

Sputnik

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