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Todo lo que tienes que saber sobre la organización terrorista ETA

La organización terrorista ETA anunció la disolución de todas sus estructuras través de una carta en la que, entre otras cosas, lamentó que durante sus seis décadas de existencia no se fraguaran acuerdos con el Gobierno español para dar una respuesta política a las demandas históricas del independentismo vasco.

La carta de ETA recuerda que “a lo largo de los años, se hicieron numerosos esfuerzos para encauzar por vías racionales el conflicto político”.

“Se pusieron en marcha sesiones formales de negociación, se llevaron a cabo conversaciones secretas y se presentaron innumerables propuestas”, relata el comunicado.

El documento termina lamentando que “ni entre ETA y el Gobierno” ni entre los agentes sociales vascos fueron “capaces de llegar a acuerdos”, lo que a su modo de ver debe ser asumido por todas las partes como “una responsabilidad compartida”.

Pese al anuncio de su disolución, ETA considera que el cierre de su “ciclo histórico” no supone la superación del “conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia”.

ETA (acrónimo de “Euskadi Ta Askatasuna”, que en español significa “Patria vasca y libertad”) se formó en 1959 —durante la dictadura del general Francisco Franco— con el objetivo de conseguir la independencia de Euskal Herria.

Para los nacionalistas vascos, Euskal Herria es un sujeto político soberano, un pueblo que incluye lo que actualmente es el País Vasco y, además, a Navarra y zonas del sur de Francia.

De acuerdo con las cifras del Gobierno de España, ETA asesinó a 829 personas en distintas acciones terroristas hasta el cese de su actividad armada en 2011, aunque las organizaciones de víctimas aumentan el conteo a más 850.

Hasta llegar al escenario de fin de la violencia, ETA recorrió un camino en el que mutó y cambió de estrategia con frecuencia, al igual que la España institucional, que con los años se convirtió en una democracia, en un trayecto en el que en ocasiones abrió la puerta al diálogo y, en otras, sobrepasó los límites del Estado de derecho en su respuesta a la organización terrorista.

Antes de la democracia

Como menciona la carta de ETA, muchos de esos procesos de negociación fueron opacos, lo que dificulta establecer con exactitud cuándo fue la primera vez que el Gobierno negoció con la organización terrorista.

Los primeros conatos de negociación conocidos datan de finales de 1976, todavía en la España preconstitucional, con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, que propuso a ETA una tregua para facilitar un clima de estabilidad de cara a las primeras elecciones en democracia a cambio de la liberación de presos y retorno de exiliados.

Sin embargo, ETA continuó su actividad armada y subordinó cualquier proceso de negociación a la asunción de la alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), que proponía la amnistía total de los presos de la organización, la retirada de las fuerzas de seguridad españolas en el País Vasco y, sobre todo, el reconocimiento del derecho de autodeterminación.

El Gobierno consideró inaceptables las exigencias de ETA y las negociaciones terminaron por romperse tras el asesinato de uno de los principales mediadores.

La ausencia de reconocimiento al derecho de autodeterminación en la Constitución de 1978 constituía uno de los principales puntos sobre los que se cimentaba el rechazo de los independentistas hacia la asunción de España como un país plenamente democrático.

No obstante, la década de 1980 comenzó con la continuación de los contactos, derivando en la asunción por parte de algunas estructuras de ETA de que la violencia armada no era necesaria dado el nuevo escenario, lo que llevó a que la rama político-militar de la organización anunciase su disolución en 1981, quedando solo la rama estrictamente militar.

Las negociaciones de argel

A lo largo de la década, una vez instaurado en el Gobierno el socialista Felipe González, que llegó al poder en 1982, se siguieron sucediendo los contactos con ETA.

El jefe del Ejecutivo negó en todo momento que hubiera negociaciones con ETA porque hacerlo supondría sucumbir al “chantaje” del terrorismo y “dar un golpe de muerte a la democracia”, pero sí admitió la existencia de diversos procesos de “contacto” y “diálogo”.

En enero de 1988, ETA publicó un comunicado en el que ofrecía una tregua parcial a cambio de mantener unas negociaciones con el Gobierno argelino como mediador, en lo que se vino a llamar las “negociaciones de Argel”.

El delegado del Gobierno español en el País Vasco se reunió en la capital argelina con un dirigente de ETA conocido como “Antxon”, pero las dos partes no consiguieron acercar posiciones, lo que se evidenció en el secuestro cuatro días después de un conocido empresario en Madrid.

Un año después, en enero de 1989, se reanudaron los contactos en Argel, presididos por Rafael Vera, entonces Secretario de Estado de Seguridad del Gobierno —una de las personas posteriormente condenadas por la guerra sucia contra ETA— y el mencionado “Antxon”.

La guerra sucia contra ETA, ejecutada primordialmente entre 1983 y 1987 por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), supuso el asesinato extrajudicial de al menos 27 personas, mayoritariamente simpatizantes o integrantes de ETA, lo que avivó la animadversión de los grupos independentistas contra España.

Además de la condena contra Vera, destaca que el ministro del Interior de la época, José Barrionuevo, fue condenado por secuestro y malversación de caudales públicos a 10 años de prisión, aunque sólo pasó tres meses en un centro penitenciario.

Pese al clima adverso —sofocado en parte porque muchas actuaciones de los GAL no se conocieron hasta mucho tiempo después—, las negociaciones estuvieron cerca de propiciar la consecución de un acuerdo de paz e incluso ETA publicó un comunicado en el que ofrecía información sobre los puntos que lo componían.

Sin embargo, el Gobierno y la mayoría de partidos rechazaron la creación de una mesa negociadora entre el Partido Socialista y Herri Batasuna —formación independentista vasca, ilegalizada en 2003 al ser considerada el brazo político de ETA—, lo que hizo saltar por los aires las negociaciones y el contexto de tregua en el que se produjeron.

Treguas rotas

En 1996 los socialistas perderían el Gobierno tras catorce años en el poder para dejar paso al conservador José María Aznar, del Partido Popular (PP).

Dos años después, en septiembre de 1998, ETA anunció por primera vez una tregua “total, indefinida y unilateral” con el objetivo de sentar al Gobierno en una mesa de negociación.

El Ejecutivo accedió y durante meses se llevó a cabo un nuevo proceso de negociación en Suiza, pero éste acabó por romperse y, tras catorce meses de tregua, ETA volvió a las armas.

En 2004, los socialistas volvieron al poder de la mano de José Luís Rodríguez Zapatero, dispuesto a reabrir los procesos de negociación con ETA, tarea para la que contó con el respaldo del Congreso de los Diputados, donde todos los partidos con excepción del PP aprobaron en 2005 su propuesta de abrir una nueva etapa de diálogo con la única condición de que la organización abandonase las armas.

En marzo de 2006, ETA anunció un alto al fuego permanente para abordar dicho proceso de negociación, pero tras más de un año sin apenas avances, la organización colocó una bomba que mató a dos personas en el aeropuerto de Barajas (Madrid), lo que fue respondido con el cierre de las negociaciones por parte de Zapatero.

En septiembre de 2010, medio año después de su último asesinato —un policía muerto a tiros al suroeste de París—, una ETA muy menguada por el decreciente apoyo social dentro del nacionalismo vasco y por los diferentes golpes policiales a su estructura anunció un nuevo alto al fuego, que sería el definitivo

Tras una década de negociaciones con gobiernos de diferente signo, además de un proceso de reconfiguración de la izquierda independentista en torno al rechazo a la vía armada, ETA terminó por anunciar en el cese definitivo de la violencia en octubre de 2011.

El anuncio llegó tres días después la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, donde partidos vascos y agentes sociales adoptaron una declaración apadrinada por personalidades internacionales como el exsecretario general de la ONU Koffi Annan para “terminar con más de cincuenta años de violencia y alcanzar una paz justa y duradera”.

Seis años después, en 2017, ETA procedió al sellado de alguno de sus últimos arsenales, lo que dejó paso libre al reciente anuncio de la disolución definitiva de sus estructuras.

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