Anuncios

Familiares de 43 desaparecidos de Ayotzinapa piden a CIDH impedir que México cierre caso

Abogados y familiares de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 advirtieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno federal intenta cerrar el caso, ante la probable próxima alternancia en la presidencia de México.

“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar adonde tope en nuestro caso; por eso quieren cerrar cada línea simulando que investigan”, advirtió Emiliano Navarrete, padre del joven desaparecido José Ángel.

La representación legal de las familias advirtió en una audiencia las “cuatro señales” de un posible cierre del caso con impunidad: en primer lugar, “el rechazo del Gobierno de México a un informe internacional” del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas (ONU-DH), “que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para (sostener) la teoría oficial”.

Asimismo, denunciaron “la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados”, proporcionados por la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), “con el propósito de exculpar a funcionarios del estado de Guerrero (sur) y federales”.

Los otros dos elementos ominosos son, según las familias de las víctimas, “el fracaso de la Procuraduría General de República (fiscalía federal) por su deficiencia en fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico psicosocial”, del entorno criminal de los ataques, en los que también murieron siete personas, 25 más resultaron heridas, y solo han sido identificados los restos calcinados de un alumno, hasta la fecha.

El pedido fue realizado en el 168 periodo de sesiones de la CIDH en República Dominicana por el Caso Ayotzinapa, nombre de la escuela rural de maestros donde estudiaban los jóvenes, aunque también se le conoce como Caso Iguala, por la ciudad situada a 220 kilómetros al sur de la capital donde cinco autobuses que transportaban a los estudiantes fueron atacados por patrullas de policías y cómplices del crimen organizado en septiembre de 2014.

PIDEN PRESENTAR INFORME EN MÉXICO

El padre y portavoz de las familias pidió a los integrantes del panel de la CIDH que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México y no desde la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington.

El comisionado de organismo interamericano, Ernesto Vargas, expresó que la Comisión “entiende el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al Gobierno de México que informe detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo” de las pesquisas.

Por otro lado, el comisionado enfatizó su preocupación por las descalificaciones contra Jan Jařab, representante en México del Alto Comisionado de la ONU-DH, que encabeza Zeid Ra’ad Al Hussein y señaló que “se debe prestar máxima atención a lo señalado en el informe de la ONU”, que señala torturas de los imputados hasta la fecha.

Por su parte, la comisionada Flávia Piovesan agregó sus “dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura” y destacó la pericia de la ONU en estos temas.

Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.

El Gobierno de México respondió al informe de la ONU-DH del 15 de marzo pasado, titulado “Doble Injusticia”, sobre torturas en la investigación, que su publicación “no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017.

La decisión de publicar el referido informe “se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo señalado”, dicen las autoridades.

A más de tres años y siete meses de la masacre, las pesquisas “se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas”, dijo el Gobierno.

Los abogados de las víctimas, integrantes del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, de Servicios para la Paz, del centro de análisis Fundar y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron la filtración a la prensa de los mensajes entre sicarios, en Guerrero y sus jefes en Chicago, EEUU, obtenidos por la DEA.

Esos mensajes interceptados “indican que pasada la media noche (del día de la tragedia), cuando los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, según las llamadas ‘confesiones’ que sustentan la teoría del caso, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos”, argumentaron.

Esa trama desarma la narrativa oficial llamada “Verdad Histórica” y apunta a altas autoridades “señaladamente a la Policía Federal y al Ejército”, puntualizaron los abogados en sus ponencias.

Por esa razón exigieron cumplir con más de 60 pruebas requeridas por la defensa.
El informe de la ONU establece un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas, presuntos sicarios y policías.

Sputnik

Anuncios

Categorías

About el comunista (93001 Articles)
Síguenos en Twitter @elcomunistanet Síguenos en Facebook grupo: el comunista prensa roja mundo hispano Nuestro e mail: elcomunistaprensa@yahoo.com

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: