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Elecciones de sangre

Mientras los distintos candidatos a la presidencia de México se enfrentan en dimes y diretes para descalificar al adversario y para no mostrar proyectos de gobierno, del 8 de septiembre de 2017, cuando inició el proceso electoral, a la fecha, han sido asesinados en México al menos 80 aspirantes y candidatos a elección popular en distintos estados y de distinto partido político.

Por Joel Hernández Santiago*

*jhsantiago@prodigy.net.mx     

¿Dos mundos distintos de la política mexicana?¿Dos países distintos? ¿La polarización política llega a extremos criminales, o la situación extrema de violencia en el país se ha impuesto al proceso electoral?

En el lapso han ocurrido 173 agresiones directas a políticos y las amenazas de atentar contra su vida o su patrimonio son vastas y continuas. Las razones tienen que ver con la posición o participación política de los agraviados y,en su ejecución,predomina el crimen organizado. En algunos casos, familiares de víctimas ha señalado, incluso, a organizaciones políticas o a políticos opositores, aunque al momento esto no se ha comprobado.

Durante el foro “Los Retos y las amenazas a la seguridad durante las elecciones” organizado por el Jenkins Graduate School, de la Universidad de las Américas de Puebla el 4 de abril de este año, Rubén Salazar, director general de la consultora Etellekt afirmó que “hay más de 3,400 puestos en juego, y esto representa un serio desafío para el estado mexicano en lo que se refiere a brindar seguridad a los aspirantes y actores políticos involucrados en estos procesos”.

Y no es para menos. Pocas veces un proceso electoral en este país había mostrado cifras sangrientas tan alarmantes; y pocas veces –asimismo- el gobierno mexicano, los gobiernos de los estados y municipales, han mostrado poca capacidad para investigaciones prontas, certeras y de tal forma profesionales que hubieran llevado a todos los culpables al orden legal.

La impunidad en estos casos ha predominado. El encuentro con un estado de crimen frente a un Estado mexicano incapaz de parar esta ola criminal pone en entredicho la capacidad institucional para solucionar una de las más grandes crisis de seguridad pública interna en la historia de México.

La política no podía escapar y hoy vemos que intereses criminales se han infiltrado en la política municipal, estatal o federal y, oculto en el proceso electoral,se han colocado piezas a su modo y peligrosas en lo social. Son personajes que tienen un interés muy ajeno al de la solución de los grandes problemas nacionales, estatales o municipales. Al final, el elector no sabrá, en algunos casos,por quién está votando y quién es tal o cual personaje político y sus intenciones.

No es la generalidad y si la excepción, pero presuntamente ahí está. Y tan es así que según especialistas, el número de amenazas y actos de intimidación en contra de candidatos aumentó de forma considerable en los siete meses recientes.

Se sabe sí, que la mayoría de los homicidios de aspirantes o candidatos políticos han ocurrido en municipios del país. Esto es, que estas agresiones han ocurrido en 29 de los 32 estados del país y en un total de 167 municipios (el 7% del total de municipios en México) según el “Tercer Informe de Violencia Política en México 2018” (Etellekt). Los estados más afectados son Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

Y dice Salazar: ‘El sistema de protección del gobierno no contempla la protección de los candidatos; el protocolo de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE), vigente desde 2006, garantiza a los candidatos electorales que pidan respaldo institucional’ según dijo hace unas semanas el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida.

Como quiera que sea, hoy mismo, ser candidato a puesto de elección popular es un riesgo de vida, de integridad física y patrimonial en México. O bien es una oportunidad para algunos de involucrar sus intenciones criminales al ámbito de lo político y desde ahí tomar decisiones políticas y sociales en su beneficio.

En gran medida el INE tiene responsabilidad en todo esto, porque es indiscutible que a esta institución corresponde conocer la probidad de los candidatos que presentan los distintos partidos, así como la procedencia de sus bienes y su desarrollo político y social, su nivel de respetabilidad y confianza pública en su zona de influencia y si hay sanciones para quienes no aprueben los filtros de seguridad y confianza política.

El proceso electoral mexicano no es únicamente el que tiene que ver con los candidatos a la presidencia de la República. También hay en todo el país una gran efervescencia política y social por los cambios políticos que habrán de decidirse el primero de julio de este año.

Cada estado del país y cada municipio tienen su propia vida política; cada uno de estos espacios geográficos tiene sus propias exigencias y sus propios compromisos. Y en cada uno de ellos hay intereses diversos. Muchos de ellos, sí, tienen que ver con la emoción y vocación de servicio de los aspirantes a puestos de elección popular. Y sin duda son muchos. Otros no.

Y éstos últimos son los que contaminan el ya de por sí descompuesto proceso electoral 2018 en el que más que propuestas políticas predominan las descalificaciones, las agresiones y la confrontación a extremos. ¿A quién sirve todo esto? A los mexicanos no.

 

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