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Información clasificada sobre el asesinato de periodistas ecuatorianos pasará a la CIDH

Los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera con Colombia recibieron este lunes por parte del Gobierno la información clasificada sobre el secuestro de sus allegados y anunciaron que la entregarán directamente a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudiará el caso.

“Por decisión unánime de las familias, que también son víctimas de estas circunstancias, la información que ha sido entregada permanecerá en una cadena de custodia, de cuya inviolabilidad dará fe un notario público, pues será entregada de manera exclusiva a los delegados” de la CIDH “una vez que el Grupo Internacional de Expertos inicie con su trabajo”, señala un comunicado entregado por los familiares.

Allí explican que la documentación entregada por el Ejecutivo “será sellada, trasladada con medidas de seguridad y será abierta de manera exclusiva ante el grupo de expertos de la CIDH” para que realicen “un análisis minucioso del contenido”.

De esta manera, puntualizan que el informe no se hará público y que “permanecerá en una caja de seguridad, en un lugar custodiado, pues constituye lo único que nos ha sido entregado de Javier, Paúl y Efraín”.

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en la localidad de Mataje (noroeste ecuatoriano) y su ejecución se confirmó el 13 de abril, aunque sus cuerpos aún no han sido entregados por los raptores.

Las autoridades han responsabilizado a un supuesto grupo disidente de la exguerrilla colombiana FARC comandada por alias ‘Guacho’, responsable de los hechos.

Para las familias, si bien la entrega de información clasificada es un avance, para ellos estos documentos resumen únicamente “la versión del Gobierno sobre los hechos acontecidos a partir del 26 de marzo del 2018”, pero confían en que su validez constituya “un insumo para llegar a la verdad y a la justicia”.

De paso, esperan que lo que se encuentre “sea veraz, valedero y completo”, aunque aclaran que volverán “a golpear las puertas de la institucionalidad pública cada vez que más información sea requerida para elaborar el mapa de lo que ocurrió”.

Asimismo, anotaron que reciben esta documentación “de manera simbólica” pero advirtieron que “la responsabilidad del Estado en el esclarecimiento de los hechos no concluye y esperamos que este acto no constituya un punto final para las autoridades” e instaron a las fiscalías de Ecuador y Colombia a que realicen la solicitud de estos documentos para incorporarlos a sus indagaciones.

Al momento, las familias permanecen reunidas con los ministros del Interior, Mauro Toscanini, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, y con el presidente de la República, Lenín Moreno.

Aún no se ha definido la fecha en la que la delegación de la CIDH empezará a trabajar, pero se conoce que estará integrada únicamente por técnicos de dicha organización, tal como lo solicitaron los familiares.

Sputnik

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