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Familias mexicanas, al filo de perder sus casas junto a la valla con EEUU

Durante años y con la tolerancia de las autoridades municipales, tres familias del municipio de Tijuana ampliaron sus viviendas hasta pegarlas a la valla que separa México y Estados Unidos, invadiendo un terreno que no les pertenecía.

Ahora, estos vecinos de la exclusiva área residencial Terrazas de Mendoza están en la cuenta atrás, pues en los próximos días deberán demoler esas obras o, de lo contrario, lo harán las autoridades, como parte de los trabajos para sustituir la valla fronteriza.

El Ayuntamiento local tiene la responsabilidad de hacer cumplir un decreto presidencial que establece el derecho de paso en el área adyacente al cerco fronterizo, que en esta zona fue construido con desechos de materiales utilizados por Estados Unidos durante la guerra del Golfo, a principio de los años noventa.

El Gobierno municipal notificó a los vecinos, hace aproximadamente un mes, la obligación de desalojar la zona invadida, afirmó a Efe el director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Guillermo Alonso Meneses.

El investigador, quien conoce el asunto de cerca, dijo que eventualmente los propietarios podrían incluso intentar buscar amparo en contra de las autoridades locales.

Sin haber derivado todavía en un incidente internacional, el tema de la “invasión” está en los escritorios de Washington y en la capital mexicana.

Todo ello se produce después de que el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidiera al Gobierno mexicano resolver el problema y proceder no sólo en este caso, sino también en otros dos que se documentaron a lo largo de los 21 kilómetros de frontera donde el cerco actual será sustituido a partir del 18 de junio.

Las familias afectadas, cuyos nombres no se han dado a conocer, se niegan a demoler las ampliaciones efectuadas y también le impidieron el acceso a Efe a la exclusiva zona, de clase media-alta y creada a fines de los años setenta.

A diferencia de lo ocurrido en 1993, cuando se erigió la valla, esta vez no serán militares quienes retiren la estructura actual de tres metros de altura y la sustituyan por una barrera tubular de diez metros de alto y dos más bajo tierra, indicó a Efe el ingeniero Roberto Espinosa Mora, representante local de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Las obras correrán a cargo de civiles, empleados de una constructora de Texas (EEUU), como parte de un proyecto de 147 millones de dólares aprobado durante la administración del hoy expresidente estadounidense Barack Obama.

Estos trabajos comenzarán prácticamente a la altura de la zona invadida por los particulares, quienes incluso están ocupando territorio de Estados Unidos.

Según Espinosa, el cerco se sitúa estrictamente en terreno estadounidense, por lo que la ampliación de las viviendas invade ese espacio entre la valla y los señalamientos fronterizos.

El pasado septiembre, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos pidió a través de su sección de CILA hacer lo necesario para que se despeje el terreno aledaño a la valla.

Conforme al decreto presidencial que desde 1943 regula el funcionamiento de la zona aledaña al límite, de cada lado debe quedar libre una franja de aproximadamente 20 metros de ancho, que ha de funcionar como área de servicio, y en ella no puede existir ningún tipo de estructura fija o permanente.

Una fuente municipal reveló extraoficialmente que permitieron dichas obras a petición de los vecinos, quienes vieron en esa acción la posibilidad de cerrar el paso no solo a indocumentados, sino también a delincuentes, y evitar robos en casas.

A menos de un kilómetro de estas viviendas, confirmó Espinosa, un particular decidió llevar a cabo obras para un desarrollo inmobiliario, poniendo en riesgo la estabilidad del terreno y una de las marcas que separan los dos países.

Un tercer sitio identificado por las autoridades estadounidenses es un grupo de viviendas que también invadió el límite fronterizo en la zona de Mesa de Otay.

Es en esa área donde constructoras privadas levantaron hace unos meses ocho prototipos de muro fronterizo contratadas por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que recientemente visitó la zona.

Por la altura y peso de las estructuras, el contratista estadounidense deberá utilizar grandes grúas y todo tipo de equipo pesado para instalar la nueva barrera fronteriza.

De acuerdo con Meneses, en el pasado ambos gobiernos han colaborado para facilitar que obreros estadounidenses trabajaran en el muro, pero, según informó a Efe un diplomático bajo condición de anonimato, en esta ocasión la administración mexicana de Enrique Peña Nieto se negó a ello.

Mientras tanto, nada salvará a los residentes de Terrazas de Mendoza de que la maquinaria estadounidense retire el viejo cerco fronterizo y, como mínimo, elimine la parte de la ampliación de las viviendas que invade suelo estadounidense.

EFE

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