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Interventor está “completamente de acuerdo” que Griñán pudo parar las ayudas de los ERE

El interventor adjunto al interventor general Ignacio García Revilla ha declarado hoy que está “completamente de acuerdo” con que el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, cuando era consejero de Hacienda, pudo parar el sistema usado por la Junta para dar y pagar las ayudas de los ERE.

García Revilla ha testificado en la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, acusados de prevaricación y malversación por crear o mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.

Ignacio García Revilla que fuera adjunto a la Intervención General, en la Junta de Andalucía, en la sala de la Audiencia de Sevilla durante su declaración hoy en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz . EFE

Ese “procedimiento específico” consistía en que las ayudas eran pagadas por la empresa pública IDEA con fondos que le enviaba la Consejería de Empleo -que las concedía- mediante transferencias de financiación, un instrumento que la Intervención alertó reiteradamente que era “inadecuado” ya que es una herramienta financiera que no puede tener un fin concreto sino financiar actividades propias de los entes públicas y equilibrar sus cuentas.

A preguntas del abogado del PP-A, que ejerce la acusación popular, García Revilla ha dicho estar “completamente de acuerdo” con la declaración que se le ha exhibido realizada por el exinterventor general Manuel Gómez -uno de los acusados- en 2013 ante la jueza instructora Mercedes Alaya, en la que señalaba que el consejero de Hacienda podía haber sometido “en cualquier momento” al Consejo de Gobierno los problemas del sistema manifestados “incluso sin informe del interventor” para adoptar las “medidas oportunas”.

El letrado popular Luis García Navarro le ha insistido mostrándole otra respuesta del ex interventor general ante Alaya en la que decía que la solución era “tan simple” como que el consejero de Empleo ordenara al director general de Trabajo dejar de otorgar subvenciones, el de Innovación a IDEA no abonar más pagos o el de Hacienda a la Tesorería no abonar las transferencias de financiación de Empleo a IDEA.

Si bien en este extremo, el testigo se ha limitado a señalar que el interventor general “tiene una información más global” que la suya y “si así lo ha manifestado será porque lo considera factible”, al tiempo que ha evitado pronunciarse sobre una posible actuación del Consejo de Gobierno por no tener “juicio de valor” para ello.

Durante el interrogatorio del fiscal, el PP y el abogado de Griñán -el testigo continuará respondiendo mañana a esta y el resto de defensas-, García Revilla ha calificado el procedimiento usado para dar y pagar las ayudas de “sumergido”, “fuera de los circuitos administrativos” y en el que “sin lugar a dudas hay una carencia de control” porque Empleo daba subvenciones sin fiscalización previa, al pagarlas vía IDEA, donde el control es a posteriori.

Ha dejado claro que tanto entre los interventores como con responsables de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda -el exdirector Antonio Lozano es otro acusado- se habló del uso “inadecuado” de las transferencias de financiación.

Pero ha subrayado que el problema no estaba en la presupuestación ni de las leyes y memorias presupuestarias podía deducirse que las transferencias de financiación de Empleo a IDEA no eran para una actividad propia de la agencia, porque aunque se indicaba que eran para ayudas sociolaborales de una partida concreta, podía ocurrir que dichas ayudas se concedieran en el ente público.

EFE

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