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Nuevos registros policiales en Barcelona para recabar información sobre referéndum catalán

Agentes de la Policía Nacional se encuentran registrando en la mañana de este martes distintos edificios en Barcelona para recabar información en el marco de la causa donde se investigan posibles delitos en torno a la organización del referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno catalán el pasado 1 de octubre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunicó que se están llevando a cabo registros en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) –dependiente del Gobierno catalán– y en la sede de la empresa de comunicación Mediapro.

Dicha empresa realizó diversos trabajos en colaboración con el CTTI durante el referéndum del 1 de octubre y fue la responsable de organizar el centro de prensa en el que se dieron a conocer los resultados.

Además de los registros confirmados por el Tribunal Superior de Justicia, medios de comunicación locales como El Periódico de Cataluña apuntan que también está siendo registrada la sede del Departamento de Economía del Gobierno catalán.

De acuerdo con la información ofrecida por ese diario, los agentes detuvieron en el transcurso de la operación a una persona cuya identidad no trascendió todavía.

Según datos del Gobierno catalán, en la consulta del 1 de octubre –declarada ilegal por el Tribunal Constitucional de España– votaron un total de 2,2 millones de personas (el 43 por ciento del censo), dando un respaldo del 90 por ciento a la opción independentista.

Desde el Gobierno español –entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy– no se dio validez alguna a los resultados ya que, además de ser ilegal a ojos de la justicia española, en su opinión la consulta no ofreció los mínimos estándares democráticos para ser considerada una votación fiable.

A la luz de los resultados del referéndum, el entonces presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, adoptó una declaración de independencia que fue ratificada el 27 de octubre por el Parlamento regional.

Ese movimiento fue respondido desde Madrid con la activación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central –previa autorización del Senado– la activación de medidas contra comunidades autónomas declaradas en desobediencia ante la legalidad estatal.

La declaración de independencia no tuvo ningún efecto práctico y, actualmente, los responsables políticos de la misma están siendo procesados por la presunta comisión de distintos delitos –incluido el de rebelión– en el Tribunal Supremo.

Además, diversos juzgados de Cataluña, como el que ordenó los registros de este martes, instruyen distintas causas sobre las presuntas irregularidades en torno a la organización de la consulta.

Sputnik

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