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Gobierno de Nicaragua rechaza informe de la CIDH por considerarlo sesgado y notoriamente parcializado

El Canciller Denis Moncada asegura que el organismo toma como fuentes medios de comunicaciones con una política contraria ya definida, sin pruebas, ni fuentes confirmadas.

El Canciller de Nicaragua, Denis Moncada, informó que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional rechaza el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerarlo “subjetivo, sesgado y notoriamente parcializado”.

Todos los fallecidos no han sido bien investigados por la CIDH porque ciudadanos han denunciado que algunos murieron por causas ajenas a la situación, afirmó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Denunció que el organismo hace caso omiso frente los derechos humanos a la libre circulación, así como omite la quema y destrucción de instituciones públicas, ambulancias y hospitales.

El Ministerio de Salud (Minsa) mostró pruebas a la CIDH sobre la atención a pacientes en los centros de salud, y reiteró que nunca se le ha negado el acceso a la salud de los ciudadanos, añadió.

Destacó Moncada en el encuentro de Washington que el Ministerio Público también hizo saber a la CIDH sobre diferentes denuncias que fueron omitidos en el informe.

En el texto no se habla sobre la quema de los medios de comunicación como Tu Nueva Radio YA y Radio Nicaragua, así como los atentandos contra la vida de los periodistas.

El ministro de Relaciones Exteriores  señaló que en el informe de la CIDH se condena a priori y se acusa directamente al Gobierno de muertes durante la marcha del 30 de mayo, omitiendo que hubo fallecidos del lado sandinista.

Toma como fuentes medios de comunicaciones con una política contraria ya definida, sin pruebas, ni fuentes confirmadas, subrayó.

Reiteró que para el Gobierno de Nicaragua el Diálogo es el único camino para llegar a la paz y encontrar una salida.

En ese sentido, enfatizó que el Ejecutivo seguirá trabajando por la paz, la seguridad y los derechos humanos.

El Estado de Nicaragua continúa funcionando en el marco de la Constitución Política y seguimos promoviendo el derecho a tener una seguridad plena y movilidad, resaltó Moncada.

A continuación, intervención completa del Canciller Denis Moncada:

INTERVENCIÓN DEL CANCILLER DENIS MONCADA COLINDRES EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA SOBRE EL INFORME DE LA CIDH

22 de junio de 2018

Buenos días,

Señor Secretario General Luis Almagro.

Señor Presidente del Consejo Permanente, Embajador Andrés González.

Señora Comisionada Antonia Urrejola.

Señor  Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao.

Señoras y Señores Representantes Permanentes Alternos  y Observadores ante la Organización de los Estados Americanos.

Agradecemos al Señor Secretario General la presentación de su informe sobre la situación en Nicaragua. De igual manera, tomamos nota de la presentación de la Comisionada Urrejola y del Sr. Abráo y de su informe: Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), rechaza de manera integral el informe presentado por la CIDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado.

El informe analiza las protestas sociales ocurridas el 18 de abril, en las cuales no resultó ninguna persona fallecida. Sin embargo los medios de comunicación, manipulando la información, publicaron una noticia falsa sobre el fallecimiento de un estudiante universitario en la Universidad Centroamericana (UCA), el cual nunca existió, información que sirvió como detonante de los hechos acaecidos a partir del 19 de abril.

Grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional del país, ajenos a la reivindicación social, dieron lugar a partir de ese día a una asonada, que devino en estragos, incendios, saqueos y motín.

El Estado de Nicaragua expresa categóricamente su posición sobre los hechos  que analiza la CIDH, los cuales no se dan en el marco de protestas sociales, sino, en el marco de un intento de ruptura constitucional e institucional para cambiar por la vía de hecho a las autoridades y al Gobierno legítimamente electo.

A partir de esa noticia falsa, se comienza a desarrollar el plan preconcebido de la asonada política con la participación de pandilleros armados, lo que provocó que el día 19 acaecieran tres muertes, entre ellas, la de un policía que murió por disparo de arma de fuego, mientras restablecía el orden público y la libre circulación en los alrededores de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Simultáneamente, este patrón delictivo, se replicó en algunas de las principales ciudades del país, lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada.

El Gobierno de Nicaragua, reafirma que no es Política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional; basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se reportó ningún fallecido. Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condenas sobre denuncias hechas en contra del Estado de Nicaragua, y en particular, en contra de la Policía Nacional a las que alude el informe.

El informe presentado por la CIDH, hasta el 06 de junio sobre fallecidos atribuidos al Estado, no está ajustado a la realidad, porque se reportó a esa fecha 98 fallecidos vinculados a esa coyuntura dentro de los cuales hay también policías, ciudadanos sandinistas y población en general. No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causa ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes.

Los 143 muertos señalados en el informe, no han sido debidamente investigados y verificados por la CIDH, ya que en la realidad se han manifestado varios ciudadanos afirmando que sus identidades han sido utilizadas, haciéndolos aparecer como fallecidos; otros de los señalados como muertos han sido por diferentes causas ajenas a los sucesos.

En este informe se omite deliberadamente, todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros de los que han sido y siguen siendo objeto las delegaciones de la Policía Nacional, las que por decisión del Presidente de la República y a solicitud de la  Mesa del Diálogo, fueron reconcentradas en sus unidades, como ocurrió en: Matagalpa, Jinotepe, Masaya, León, Jinotega, Diriamba, Sébaco, Nagarote, Nindirí, entre otros; y la masacre y secuestros de policías en Mulukukú y El Jicaral.  La concentración de la Policía en sus unidades ha generado un libre accionar de los delincuentes, trayendo como consecuencia el incremento de la actividad delictiva.

Asimismo cabe destacar que la CIDH hace caso omiso a los Derecho Humanos y constitucionales, tales como el derecho al trabajo, a la libre circulación de las personas, a recibir atención en salud, así como al derecho a la alimentación y educación.

En éste reporte también se omite la destrucción, incendio y saqueo de oficinas de instituciones públicas, edificios municipales, de unidades de policía, de instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de viviendas de dirigentes del FSLN y funcionarios públicos; además de la destrucción y saqueo de ambulancias, centros de salud, clínicas móviles, casas maternas, escuelas, equipos y maquinaria de las Alcaldías.

La mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH, proviene de agencias y medios de comunicación adversos al gobierno cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas.

La CIDH no toma en cuenta las versiones de las familias afectadas y los bienes destruidos, quitándole valor de objetividad a su informe, ya que no está basado en investigaciones de fondo y por consiguiente no puede tener conclusiones definitivas, al no incorporar las denuncias de ciudadanos victimas de atropellos de los grupos desestabilizadores.

El Estado de Nicaragua, rechaza contundentemente, todas las irregularidades y denegación de atención médica que la CIDH refleja en su de informe. El Ministerio de Salud mostró evidencia a los miembros de la CIDH, de los pacientes que fueron y están siendo atendidos en las diferentes unidades de salud y en seguimiento en la consulta externa de los hospitales; durante este período también se han recibido pacientes de hospitales privados, a los cuales se les ha dado continuidad de la atención, reafirmamos que nunca se ha negado la atención a los  pacientes. El 06 de junio el Estado le ofreció y entregó a la CIDH la información detallada de los 1,337 lesionados, con información de la unidad de salud en que fueron atendidos cada uno, de la situación en que llegaron y la atención que se brindó, la cual es omitida deliberadamente por la CIDH, pronunciándose la mala calidad en algunos casos sin haber realizado una auditoria médica que evalúe el proceso de atención.

El Estado de Nicaragua rechaza contundentemente las supuestas irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los fallecidos y lesionados ocurridos en ese contexto, el Ministerio Público en todos los casos que ha judicializado, lo ha hecho cumpliendo con los estándares internacionales y agotando todas las posibles líneas de investigación; las acusaciones se han realizado con abundantes elementos de convicción, con pruebas periciales, testificales y documentales, entre otros.

Rechazamos la supuesta falta de confianza en presentar denuncias, ya que el Ministerio Público ha recibido más de 60 denuncias por familiares de personas fallecidas, así como abundantes denuncias por daños a la propiedad pública y privada que demuestran la confianza de la población en la institución. En la visita de la CIDH, el Ministerio Público hizo saber de ésta información y sobre las diligencias investigativas, las cuales en este informe han sido ignoradas.

En Nicaragua hay absoluta libertad de expresión y más bien se abusa de ella, divulgando noticias falsas que mantienen en zozobra a la población y provocan hechos delictivos, como la quema de Radio Ya y Radio Nicaragua, hechos que son omitidos en el de informe, donde se puso en peligro la vida de los periodistas que estaban laborando. Basta leer los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y virtuales opositores al gobierno, para constatar la existencia de la libertad de expresión, difundiendo noticias falsas, de escarnio y de linchamiento mediático hacia los servidores públicos del Estado de Nicaragua. Rechazamos enérgicamente que la mayoría de los medios audiovisuales sean gubernamentales.

Los reporteros de los medios adversos al gobierno, de forma inexplicable llegan como avanzada al lugar donde se están cometiendo actos vandálicos, como incendios y destrucción de la propiedad pública y privada, entre otros.

Los daños sufridos por funcionarios y ciudadanos identificados como sandinistas, no se reflejan en el informe de la CIDH; así como los incendios provocados en Masaya, León y Managua con personas calcinadas y otras secuestradas, que constituyen verdaderos actos terroristas. Asimismo, la estigmatización de los funcionarios públicos y sus familias a través de las redes sociales, constituye un verdadero linchamiento mediático, violatorio de los derechos humanos, a los que la CIDH no hizo ninguna referencia en el informe.

En el informe de la CIDH se condena a priori al Estado de Nicaragua, por los fallecidos del 30 de mayo, en el cual hubo militantes sandinistas muertos y también se concluye precipitadamente en culpar a la Policía Nacional del incendio y muerte el 16 de junio de la familia Velázquez Pavón en el barrio Carlos Marx en Managua, cuya familia había sido amenazada el 14 de junio por elementos opositores por no participar en el paro nacional.  El Estado de Nicaragua se encuentra investigando para determinar a los responsables de todos estos hechos lamentables, por eso hemos firmado con la Secretaría General de la OEA y la CIDH, la conformación del Grupo  Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para coadyuvar en las investigaciones penales que el Estado de Nicaragua ya está realizando.

En base a todo lo anterior, rechazamos las conclusiones del informe presentado por la CIDH, por faltar totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses.

El Estado de Nicaragua niega y rechaza que haya violado el derecho a la vida, a la integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia.

Cabe destacar que Nicaragua en las dos ocasiones que ha estado en el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra, ha salido con éxito del Examen Periódico Universal. No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos, más bien, constituyen un eje fundamental de nuestra Constitución Política y de la actuación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Basta señalar que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y el segundo de América Latina, hasta la ocurrencia de estos desafortunados acontecimientos, en que se ha pretendido derrocar por la vía de hecho a un gobierno legal y legítimamente constituido.

El Gobierno de Nicaragua toma debida nota de las recomendaciones de la CIDH. El GRUN está empeñado en lograr el cese de toda forma de violencia en el país y al ejercicio del derecho de la población, a la libre circulación, a las unidades de salud que les permita acudir y asistir a sus trabajos, a las escuelas y el derecho a vivir en Paz.

Recientemente hemos cursado  una atenta invitación al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Secretaría General de la Organización de la OEA y la Comision Interamericana de Derechos Humanos para que visiten Nicaragua y nos acompañen con su valioso apoyo técnico en las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad creada  el 16 de junio recién pasado en la Mesa de Diálogo Nacional, contando con la mediación de la Conferencia Episcopal.

Con la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, hemos venido trabajando de manera fluida desde antes que estos hechos de violencia tuvieran lugar. En ese sentido se estableció una Misión de Acompañamiento Electoral a las elecciones municipales realizadas en noviembre de 2017, cuyo informe fue presentado en diciembre del año pasado en este Consejo Permanente.

En este ámbito de acción la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua acordaron el establecimiento de una Misión de Cooperación Técnica para la implementación de las recomendaciones de la Misión de Acompañamiento Electoral, sobre la base del proyecto “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Nicaragua a través de la Implementación de las recomendaciones de la MAE/OEA Nicaragua 2017”, el cual consta de los siguientes componentes que son y las cuales hacia referencia el estimado amigo de la OEA:

1) Reformas Electorales;

2)Soluciones Tecnológicas;

3) Guía de Protocolos y Especificaciones Técnicas; y

4) Registro Electoral,

todos ellos a ejecutarse según el cronograma que se ha acordado para estos componentes, que se concluirá en enero de 2019 con la entrega de propuestas de reforma electoral.

El Gobierno de Nicaragua cree firmemente que el Diálogo y la negociación es la única solución pacífica a cualquier diferencia, por eso abogamos y continuaremos trabajando por un Diálogo con participación constructiva por el dialogo que derive en acuerdos consensuados que respeten el orden constitucional en beneficio de la paz, la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad de la nación, como ruta necesaria para avanzar en el derecho de democratización y fortalecimiento institucional electoral.

En base a lo planteado, manifestamos nuestro desacuerdo con el informe presentado por la CIDH denominado “Derechos Humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, por considerar que el mismo se encuentra parcializado y sesgado, no retoma la información que el Estado a brindando. La CIDH toma como única fuente, noticias e informaciones publicadas por medios de comunicación adversos al gobierno, con una posición política claramente definida, informaciones que se  pretende legitimar como ciertas su informe, sin ser previamente investigadas y verificadas.

El Estado de Nicaragua no está de acuerdo con el contenido y las conclusiones del Informe de la CIDH, por estar basadas en valoraciones e informaciones parcializadas y subjetivas, lo que en consecuencia y de manera lógica, induce a conclusiones que no se ajustan a la realidad, conclusiones en las que se condena al Estado, sin esperar los resultados de las investigaciones que esclarezcan la verdad de los hechos.

No se observa en el informe, ninguna preocupación por los actos de violencia, de parte de grupos opositores que, con su pretensión de alcanzar el poder político del país, han intentado violentar el orden constitucional, irrespetando los derechos a la vida, la integridad personal, la libre circulación, el derecho al trabajo, a salud, la seguridad ciudadana, entre otros, del pueblo en general y de las personas afines al Gobierno o funcionarios estatales.

La vocación humanista y de profunda sensibilidad social del Gobierno de Nicaragua, se seguirá expresando en su empeño, junto a nuestro pueblo, por combatir la violencia, la inseguridad, la desestabilización y el caos social, inducido por algunos sectores, que en la búsqueda del poder político, pretenden romper el orden constitucional con acciones que, lamentablemente han enlutado a la familia nicaragüense.

Solicitamos a la CIDH, que incluya en su de informe, todas las observaciones que el Estado ha expresado en las consideraciones.

El Estado de Nicaragua, quiere dejar constancia de la firmeza de su vocación de paz, de dialogo y seguridad del fortalecimiento democrático y del fortalecimiento de su institucionalidad, consciente de que la salida a esta situación, en la que se ha pretendido crear caos e inestabilidad social, económica y política, debe ser conforme al orden constitucional de la República.

El Estado de Nicaragua, continúa y continuará trabajando por la paz, la estabilidad, para que prevalezca la verdad y la justicia, el orden social, la seguridad, los Derechos Humanos de todos los nicaragüenses y personas que se encuentren en nuestro territorio.

Washington, D.C. 22 de junio del 2018.

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