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Malversación

Uno de los argumentos que el bunker ha utilizado para construir una denuncia contra el President Puigdemont, su gobierno, el Parlament en sus figuras más representativas y contra todo aquel al que se le suponga cierta proximidad política o ideológica a este grupo, es el supuesto delito de malversación de dinero público.

Por Alfonso Durán Pich*

*Web del autor

En este caso, la malversación tiene que ver con los teóricos recursos económicos utilizados para la preparación y ejecución del referéndum del primero de octubre del pasado año, a partir de una denuncia presentada ante una juzgado de Instrucción de Barcelona, de la mano del grupúsculo ultraderechista Vox, y que la fiscalía asumió para querellarse. La denuncia ha tenido amplio recorrido, a pesar de que el propio gobierno del Partido Popular, en la figura del ministro de Hacienda señor Montoro, ratificó documentalmente que no hubo malversación por ningún concepto.

Malversación viene de male versatio, que significa una apropiación indebida de valores o fondos que te han sido confiados en razón de tu cargo. La malversación puede corresponder a dinero público, pero también al privado. En este último caso, es una cuestión particular entre la propiedad y sus agentes.

En el ámbito público la propiedad son los contribuyentes, y sus agentes son los responsables políticos elegidos democráticamente para cumplir el proyecto encomendado. No quiero entrar aquí en la legitimidad del referéndum del primero de octubre, sino en la lectura económica del aquel suceso.

En Catalunya no hubo malversación porque el referéndum, su preparación y ejecución se pagó con contribuciones privadas, a veces monetarias y, en muchas ocasiones, con horas no retribuidas que personas de distinta edad y condición prestaron al proyecto porque éste les ilusionaba. Y es que los catalanes, en general, no tenemos demasiada confianza en el subsidio público (y la razón nos sobra) y acostumbramos a pagárnoslo todo de nuestro bolsillo. Incluso, como bien saben los españoles que viven en Catalunya, cuando salimos de copas, cada uno paga lo suyo. Seguramente por eso el primer ferrocarril del Estado fue el de Mataró a Barcelona, fruto de la iniciativa privada para acercar la producción a la distribución, en tanto que el de Madrid a Aranjuez (la segunda línea férrea), contó con las ayudas públicas que el marqués de Salamanca y sus amigos de la corte supieron obtener, con el beneplácito de la monarquía, que lo utilizaba para ir de su palacio en Madrid a su palacio en Aranjuez, sin que la rentabilidad económica del proyecto les importara. El “capitalismo de amiguetes” viene de lejos.

Llama pues la atención tanto interés en una malversación inexistente (que sólo se explica por una lectura ideológica de los hechos) y el poco interés que despierta el despilfarro generalizado que lleva practicando el Estado en los últimos veinte años y que hay que insertar en un modelo de corrupción sistémica estructural.

Hace unos días la Asociación de Geógrafos Españoles, un grupo poco conocido perteneciente al ámbito académico, ha publicado un informe muy bien documentado con el título: “Aproximación a la geografía del despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”. Este informe no hace más que ratificar lo que a lo largo del tiempo se ha ido publicando y lo que la propia gente ha podido constatar en su territorio. Este informe no incluye el afán megalomaníaco del Estado, con la construcción de edificios, parques, centros, recintos deportivos, etc., muchos de ellos en desuso y cuyo mantenimiento, si se hace, supone una cuota más para los contribuyentes.

Entre sus conclusiones, destaca la afirmación  de que “Nuestras estimaciones iniciales indican que en las últimas dos décadas más de 80.000 millones de euros (las obligaciones contraídas superan los 97.000) se han  gastado mal o se han comprometido en infraestructuras ociosas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles.”

Sólo para situarnos, detallaremos algunas partidas del despilfarro:

  • Alta Velocidad (AVE)… :  26.200 millones.
  • Autovías………………. :           5.900 millones.
  • Puertos y aeropuertos.. :   9.500 millones.
  • Desaladoras ……………. :       4.300 millones.

Resulta evidente que “despilfarro” y “malversación” son figuras conceptuales que se solapan, aunque la primera no tenga consecuencias penales, ya que quien debería ocuparse del tema (el tan diligente cuerpo de fiscales) parece no estar interesado. Despilfarro no es más que ejecutar tareas a un coste mayor al mínimo posible, y cuando el agente activo de este despilfarro es el aparato del Estado, la malversación  –ésta sí– cae por su peso.

Y atención: Esto no tiene nada que ver con la inviabilidad económica y social de la mayoría de estas inversiones, que es un plus de incompetencia.

Decía mi querido y añorado Peter Drucker que nada es más despilfarrador que hacer con gran eficacia lo que es totalmente innecesario. Es bien cierto, aunque todavía lo es más hacerlo con gran ineficiencia, como es el caso, y favorecer a una minoría de oligarcas camuflados.

Si quieren encontrar malversación, que la busquen en otra parte. Haberla, hayla. Y en abundancia.

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