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CIDH condena asesinatos de líderes sociales en Colombia y pide acción del Estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia e hizo un llamado al Estado para que les brinde protección.

«La CIDH reitera su llamado al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así como a llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas», expresó el organismo en un comunicado.

Según la CIDH, en el primer trimestre de 2018 hubo 46 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, número que duplica el número de casos registrados en el mismo periodo en 2017.

«La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia señaló, por su parte, que entre enero y junio de este año se habrían producido al menos 90 casos de asesinatos», agregó.

Justo el miércoles, la Defensoría del Pueblo de Colombia (organismo que vela por los derechos humanos en el país) informó que desde enero de 2106 a la fecha son 326 los líderes sociales asesinados en el país, y los departamentos más afectados son Cauca, Nariño, Valle del Cauca (suroeste), Antioquia, Chocó (noroeste), y Norte de Santander (nordeste).

La CIDH recordó que en marzo pasado expresó su preocupación respecto a que muchos de estos defensores asesinados desempeñaban acciones para la implementación del Acuerdo de Paz, por lo que, dijo, la ONU recientemente advirtió el daño que esta situación provoca al proceso de paz y a la democracia colombiana.

«De acuerdo con registros de la sociedad civil, en el primer trimestre de este año 132 defensores de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida o integridad personal», agregó la CIDH.

Por su parte, el comisionado Francisco Eguiguren, relator para Colombia y para las personas defensoras de derechos humanos, señaló a través del comunicado del organismo que «el Estado de Colombia debe garantizar un ambiente seguro en el cual las personas defensoras puedan ejercer libremente su derecho a defender derechos».

Finalmente, la Comisión reiteró que el Estado debe tomar acciones urgentes para investigar los actos de violencia contra las personas defensoras y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, así como prevenir difamaciones, agresiones y ataques en su contra.

Los defensores de derechos humanos en Colombia son víctimas de una ola de atentados en su contra por parte de grupos armados ilegales, principalmente disidentes del paramilitarismo e insurgentes del ELN, que buscan hacerse con plantaciones de coca y rutas del narcotráfico dejadas por la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC.

Sputnik

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