El ex presidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) calificó de «ridículo» el proceso en su contra por presuntamente haber autorizado el secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012 en Colombia.
«Ya tengo seis o siete procesos penales (en mi contra), el más ridículo este caso de secuestro donde me han puesto hasta una prisión preventiva porque me querían obligar a ir cada 15 días desde Bélgica, donde resido, hasta Ecuador», declaró Correa en un video difundido este jueves en redes sociales.
Además, señaló que esta medida cautelar, de presentarse cada dos semanas ante la justicia ecuatoriana, era «imposible de cumplir» y una estrategia para ordenar «una pena de prisión preventiva» en su contra, tal como ocurrió días después.
Sin embargo, el exmandatario considera que el asunto «es tan político, tan ridículo que nadie les ha hecho caso, ni la Interpol, ni (el Gobierno de) Bélgica», pues aún permanece en libertad en Bruselas.
Esto a pesar de que la policía ya cuenta con una orden para detenerlo y traerlo de vuelta a Ecuador para continuar con el proceso investigativo.
Por ahora, para el próximo 23 de julio está previsto que se realice la audiencia de apelación de medidas cautelares, en la que la defensa de Correa espera que la justicia decline la orden de prisión preventiva y la reemplace por una más benévola.
El pasado miércoles concluyó la fase de instrucción fiscal del caso Balda y se espera que en los próximos días la jueza Daniela Camacho convoque a la audiencia preparatoria a juicio, donde se conocerá quiénes de los implicados serán procesados por el supuesto rapto del político.
La justicia nacional vinculó a Correa luego de que ex funcionarios señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio expresidente.
El secuestro de Fernando Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.
El ex legislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas.
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