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El Partido Popular de España, de nuevo en apuros

El nuevo líder del Partido Popular español está en apuros. Aunque Pablo Casado no lleva ni un mes en el cargo, ya ha tenido que dar explicaciones a los medios de comunicación social. ¿La razón? Una jueza ha dictaminado que ve “indicios racionales de criminalidad” en la forma en que el político de derechas obtuvo uno de sus títulos universitarios de postgrado.

Por Francisco Herranz*

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel está investigando un caso de irregularidades por el que altos cargos del PP se beneficiaban, presuntamente, de las ventajas que les ofrecía un “amigo” suyo, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde.

Según la jueza, este profesor, en su calidad del director del Máster en Derecho Autonómico de la URJC —una de las ocho universidades públicas presentes en Madrid—, utilizaba el citado curso de postgrado como “regalo” a determinados alumnos, a quienes convalidaba asignaturas o les facilitaba el obligado trabajo académico.

Álvarez Conde fue director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) cuando el PP llegó al poder en 1996 de la mano de José María Aznar, y ahora está suspendido cautelarmente de su puesto tras haber sido acusado por la Justicia de un delito de falsedad documental.

Casado, de 37 años, habría sido uno de los beneficiados de este trato de favor, durante el curso 2008-2009, cuando era presidente de Nuevas Generaciones —la sección juvenil del Partido Popular— de la Comunidad de Madrid y diputado regional. El propio Casado reconoció que había negociado con Álvarez Conde la posibilidad de tener facilidades a la hora de realizar el postgrado.

En concreto, la mencionada magistrada considera que existen indicios de haberse cometido los delitos de “prevaricación administrativa” (dictar una resolución a sabiendas que es injusta) y “cohecho impropio” (recibir un regalo por la condición de funcionario o representante público). Por esa circunstancia ha decidido enviar el asunto al Tribunal Supremo para que sea esta instancia judicial superior la que decida si es preciso procesar o no a Casado puesto que el líder conservador es diputado nacional por Ávila y eso le protege ante la acción de los tribunales ordinarios de justicia. En septiembre se llevará a cabo el procedimiento de admisión o no a trámite de la causa en el Supremo, con el preceptivo informe de la fiscalía.

Los delitos de los que se le acusa a Casado —recientemente elegido líder del PP en un proceso de primarias— están penados de uno a tres años de cárcel por el cohecho impropio y de 9 a 15 años de inhabilitación por la prevaricación administrativa.

En su exposición de razones, la jueza sostiene que hubo una cadena de ideas delictivas que consistían en regalar el máster a un grupo de alumnos elegidos, algunos de ellos ya imputados. Estos aceptaban la trampa, se les facilitaban los medios para hacerla, solicitando convalidaciones e incluso ayudándoles a pedir subvenciones para el pago de la matrícula; luego se beneficiaban de ello académicamente, recogiendo el título en algunos casos o usándolo en su currículum vitae (fe de vida) en otros, a pesar de no haber realizado actividad alguna para ser calificados en los créditos no reconocidos.

“Sólo alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con Álvarez Conde se veían beneficiados de esta prebenda”, recalca el escrito.

En resumen, todo era un fraude concertado, explica la magistrada, en el que estos alumnos “compinchados” actuaban de forma simultánea, mediante formatos idénticos en algunos casos, por los que lograban los mismos resultados.

¿Por qué hacía todo esto el catedrático de marras sabiendo que era un comportamiento ilegal? Principalmente, por motivos económicos. El máster necesita un número mínimo de alumnos para ser viable año tras año, y sus cuentas dependen de justificaciones de gastos e ingresos para pedir subvenciones, ayudas privadas y presupuesto a la Comunidad de Madrid.

La gravedad de los hechos obligó a Casado a modificar su agenda personal y a defenderse en una multitudinaria conferencia de prensa, en la que descartó presentar la dimisión y donde manifestó que era víctima de una persecución. “Lo que me han hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país”, declaró ofendido.

El llamado “caso del máster” ya puso en el punto de mira a la entonces presidenta del Gobierno regional madrileño, Cristina Cifuentes, también dirigente del PP, pues ella cursó el mismo máster que Casado, y las investigaciones detectaron firmas falsificadas en el acta de evaluación de su trabajo de fin de postgrado. Cifuentes finalmente dimitió el 28 de abril de este año, al difundirse un vídeo comprometedor en el que un guardia de seguridad de un supermercado le hacía vaciar su bolso tras haber sido sorprendida robando unos botes de crema de la sección de perfumería.

Las consecuencias políticas del “caso del máster” todavía tienen recorrido. Aunque Casado dijo que el caso es “intrascendente” desde el punto de vista político, algunos dirigentes “populares” consultados por la prensa española mostraron su inquietud, incluso su alarma, por el daño que el asunto puede provocar a la imagen del Partido Popular, ya bastante erosionada por juicios y escándalos de corrupción. El PP vuelve a estar en apuros. Baste recordar la sentencia del “caso Gürtel” que condenó al partido como beneficiario de una caja B de financiación ilegal que operaba en la sede central de Madrid y envió a la cárcel a varias personas. La dura decisión judicial activó en el Congreso de Diputados la moción de censura capitaneada por el socialista Pedro Sánchez que echó de La Moncloa a Mariano Rajoy.

“No levantamos cabeza”, reconoció un dirigente “popular” al rotativo El País. “Evidentemente, esto no es la Púnica ni la Gürtel [dos conocidos casos de corrupción]. Nadie ha metido la mano en la caja. Pero sí es trascendente, habla de un periodo de gran influencia del PP de Madrid y nos pone en una situación muy incómoda”, explicó una fuente de la dirección.

La cúpula del partido, citada por el diario digital El Independiente, se siente de nuevo “dentro del bucle” de la sospecha. Aunque sus máximos responsables confían en que Casado saldrá airoso de este envite judicial y el caso terminará archivado, no ocultan la posibilidad de que la lentitud del procedimiento en el Supremo pueda alargarse hasta 2019, una fecha crucial en España pues será año de elecciones municipales, regionales y europeas. Esa coincidencia puede afectarles negativamente en los resultados.

*Sputnik

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