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Homicidios sistemáticos y pacificación, las luchas que libran los indígenas colombianos

En las últimas tres décadas, casi 3.000 indígenas colombianos fueron asesinados en una práctica de homicidios sistemáticos contra los pueblos originarios, denuncia un documento que será presentado este jueves ante un tribunal de paz de este país en coincidencia con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Por Andrés Pachón*

“Tenemos casos registrados desde 1984, por lo que nuestro propósito es manifestar a la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) y al país que el asesinato de indígenas es sistemático y continuo”, dijo a Sputnik la titular de la Consejería de Derechos Humanos y Paz de los Pueblos Indígenas, Aida Quilcué, coautora del documento que denuncia 2.955 casos.

La iniciativa busca que los perpetradores admitan su responsabilidad ante las víctimas por intermedio de la JEP, un tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo entre  el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las FARC para juzgar a actores del conflicto armado desde excombatientes hasta militares y civiles que hubieran cometido crímenes graves y no considerados conexos a los delitos políticos.

“Esperamos que el informe les permita a los magistrados de la JEP priorizar e investigar estos hechos y que los casos de indígenas asesinados empiecen a ser importantes en el marco de la construcción de la paz y la reconciliación de Colombia”, agregó Quilcué.

En este país están identificados 102 pueblos indígenas y 36 de ellos están en peligro de ser exterminados por la violencia y el desplazamiento.

VIOLENCIA

El documento que se presentará a la JEP se refiere a los asesinatos cometidos en el marco del conflicto armado que estalló en 1964, pero los pueblos indígenas avanzan en otro reporte que muestra la dimensión de la violencia contra esta población incluso en la etapa actual de posconflicto.

Solo entre diciembre de 2016 y el pasado 3 de julio, 65 líderes indígenas fueron asesinados en medio de una ola de homicidios que también afecta a dirigentes sociales y campesinos y defensores de derechos humanos.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que agrupa a las principales organizaciones y etnias del país, denuncia que la violencia ha desplazado desde fines de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, a5.730 indígenas, mientras 8.245 sufren confinamientos, 10 más fueron torturados y 25 fueron reclutados por grupos ilegales.

Además, 21 cayeron víctimas de atentados y 161 se encuentran amenazados, indicó la ONIC.

La mayoría de casos se concentran en los departamentos de Chocó (noroeste), Nariño, Cauca y Valle del Cauca (todos en el suroeste).

“Nuestro propósito es consolidar una base de datos en la que se revelen distintos hechos victimizantes, especialmente asesinatos, desplazamientos y confinamientos, entre otros”, indicó Quilcué.

CONTROL DE LA TIERRA

La violencia contra los pueblos indígenas es producto de la defensa del territorio y del ambiente que ellos ejercen, denuncian sus organizaciones.

En Colombia, a esa situación se suma el narcotráfico vinculado con el conflicto armado que aún persiste en varias regiones del país.

Varios de los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución y llamados “resguardos”, son escenario de confrontación de grupos ilegales que buscan hacerse de ellos para la plantación de cultivos ilícitos y por sostener rutas del narcotráfico.

El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que entre 2015 y 2016 los cultivos de coca crecieron 52 por ciento, al pasar de 96.000 a 146.000 hectáreas.

En ese periodo la afectación por cultivos de coca en resguardos indígenas aumentó 32 por ciento, (de 11.837 a 15.665 hectáreas en 2016.

Aunque el Gobierno asegura que trabaja para contrarrestar y prevenir actos de violencia contra los indígenas que se ven inmersos en esa situación (bien por necesidades económicas o por presión de grupos armados), la realidad muestra que están entre las poblaciones más afectadas.

El asunto central es la incompleta o nula implementación de los acuerdos de paz, indican las organizaciones indígenas.

Las negociaciones entre el recién concluido Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dieron oportunidad para que las comunidades indígenas participaran como víctimas del conflicto.

Pero tuvieron escaso espacio para hacerse oír en la implementación del capítulo étnico del acuerdo en el Congreso, asegura la ONIC.

“Aunque el capítulo étnico ratificó el derecho de los pueblos étnicos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el proceso legislativo (…) para aprobar la normatividad del acuerdo (de paz) supuso un retroceso preocupante en el ejercicio de este derecho”, señaló la semana pasada la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos en una audiencia pública en Bogotá.

Según ese cuerpo consultivo, “el Gobierno se abrogó la potestad de decidir qué decretos o normas eran objeto de consulta, sin concertar este mecanismo con las comunidades” y como resultado de ello “se debilitó el ejercicio de este derecho”.

Asimismo, el Gobierno de Santos demostró poco interés en el capítulo étnico, lo cual se evidencia en la falta de garantías y condiciones institucionales en detrimento de las poblaciones indígenas, indicó la Instancia Especial.

“El capítulo étnico hace parte integral del acuerdo de paz, pero lastimosamente poco se tuvo en cuenta en su implementación, por lo que esperamos impulsarlo a través de los reportes que entregaremos de forma paulatina a la JEP y poder socializarlo con el nuevo Gobierno”, añadió.

El nuevo Gobierno de Iván Duque, investido el martes, anunció ya que realizará modificaciones al acuerdo de paz.

En el censo de 2005 se contabilizaron 1,4 millones de indígenas en Colombia.

La ONIC está embarcada en la organización y promoción de un nuevo censo en todas las comunidades indígenas, sumándose a la tarea que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

*Sputnik

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