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Catorce militares de Colombia declaran en tribunal de paz por ejecuciones extrajudiciales

Catorce militares colombianos comparecieron el viernes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los asesinatos de cinco jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate en el marco del conflicto armado.

“Dos oficiales, un suboficial y 11 soldados de las Fuerzas Militares firmaron oficialmente acta de sometimiento y de régimen de condicionalidad ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP”, indicó ese tribunal.

La audiencia reunió en una misma sala y por primera vez a las víctimas y victimarios de los llamados “falsos positivos”, eufemismo para definir los asesinatos cometidos contra por lo menos 2.000 jóvenes a los que hacían pasar como insurgentes abatidos y con ello conseguían premios en dinero y ascensos.

Este grupo de 14 militares ya había sido juzgado por la justicia ordinaria, que les propinó penas de más de 40 años de prisión.

Pero ante la posibilidad de someterse a la JEP , que aplica un modelo de justicia transicional surgido del proceso de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), decidieron acogerse a este esquema con el que reducen su pena a cinco años de prisión bajo el compromiso de que declaren toda la verdad y reparen a las víctimas y a sus familias.

Los familiares de las víctimas se mostraron en contra de que estos militares se acojan a la JEP, tribunal creado con el fin de juzgar crímenes graves, no asimilables a delitos políticos, cometidos por los actores del conflicto: guerrilleros, militares, policías y aliados civiles.

El argumento expuesto por los abogados de las familias es que “consideramos que estos hechos no son de la competencia de la JEP, porque tenemos argumentos jurídicos para decir que no ocurrieron por ocasión del conflicto”.

“El sometimiento no implica que automáticamente se otorguen los beneficios a los comparecientes”, dijo durante la audiencia el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, Pedro Díaz Romero.

Los militares implicados en este caso hacían parte de la Brigada 15 del ejército y fueron condenados por la justicia ordinaria por el asesinato de cinco jóvenes entre enero y agosto de 2008.

Los jóvenes vivían en la empobrecida población de Soacha, vecina a Bogotá, fueron conducidos por los militares mediante engañosas ofertas de trabajo al municipio de Ocaña (Norte de Santander), cerca de la frontera con Venezuela, donde fueron asesinados y reportados como guerrilleros muertos en combate.

Sputnik

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