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ONU emplaza a Chile para que deje de aplicar ley antiterrorista contra pueblo mapuche

El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió el viernes a Chile que deje de aplicar la ley antiterrorista contra los integrantes del pueblo mapuche.

“Chile debe abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de derechos de los pueblos indígenas”, señaló el Comité en un informe sobre el país sudamericano.

Un día después de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, y el mismo día en que la expresidenta Michelle Bachelet (2006 – 2010 y 2014 – 2018) asumió como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura de ese mismo organismo criticó a Chile por la normativa.

El comité emitió el viernes un informe en el que expresó su preocupación por la “amplitud y vaguedad” de la tipificación de los delitos contenidos en la controversial ley antiterrorista de Chile.

El organismo internacional señaló que muchas de las medidas de la ley “limitan salvaguardas fundamentales y garantías procesales”, como la posibilidad de ampliar los plazos de formalización o las “prolongadas” detenciones preventivas de los acusados.

Específicamente, el Comité hizo hincapié en la aplicación que la Justicia chilena ha hecho de esta ley en los casos en que comuneros mapuches han sido acusados de ataques incendiarios a camiones, iglesias y maquinaria forestal en el sur del país.

“Suscitan especial inquietud los casos de aplicación abusiva de esta norma para procesar por terrorismo a activistas mapuches acusados de cometer acciones violentas con resultado de daños contra la propiedad privada”, consignó el informe.

Por último, el Comité emplazó a Chile a “revisar y enmendar su legislación” y a precisar la definición y tipificación de los delitos terroristas.

La Ley Antiterrorista fue creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y establece entre otras cosas penas más altas para los responsables de delitos, al tiempo que da la posibilidad a la Fiscalía de utilizar testigos protegidos.

Sputnik

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