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Policías malversaron $12 millones para el partido gobernante mexicano

Policías privados crearon una “red fantasma” de empresas para malversar 12 millones de dólares de fondos públicos del estado de Chihuahua (norte), desviados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto, dijo a Sputnik el investigador independiente Raúl Olmos.

“Rastreamos las empresas que recibieron cuatro contratos en 2016 y triangularon grandes sumas de dinero, pero no se sabía quiénes las dirigían”, relató Olmos, investigador jefe del organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

El punto de partida de la indagación fueron documentos judiciales de la Procuraduría General de la República (PGR) que los considera insuficientes, pero que el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral (2016-2021) esgrime como prueba del fraude financiero a las arcas de su estado.

Olmos afirma que esos documentos “comprueban que los 246 millones de pesos (más de 12 millones de dólares) que se desviaron hacia las campañas priistas por su antecesor, César Duarte (2010-2016, prófugo por peculado), pasaron por las manos de policías de una corporación privada”, del central estado de México.

El Cuerpo de Seguridad Auxiliar al que pertenecían los agentes, fue creado cuando Peña Nieto fue gobernador de ese estado que rodea la capital del país (2005-2011), y todavía funciona como empresa privada, dependiente de la comisión de Seguridad Ciudadana provincial.

Corral, del Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha), aseguró que “la empresa fue fundada por Peña Nieto, eso es lo que está en el fondo: la responsabilidad que el presidente de la República en este multimillonario desvío de fondos públicos”.

El equipo de Olmos siguió la pista del dinero en actas, registros públicos y judiciales, hasta localizar los domicilios de los accionistas de las compañías fantasma, donde se toparon con una sorpresa: “son personas de condición de vida humilde”, que viven en barrios populares de la capital y del central estado de México.

“Descubrimos que los contratos fueron adjudicados a testaferros y que uno de ellos fue policía de ese cuerpo policial privado”, del estado que gobernó Peña Nieto.

En la segunda fase de la investigación, encontraron los estados financieros de la red.

“El dinero se dispersó en otra red de empresas ligadas al mismo agente, a otros dos policías, su familia y vecinos”, describió Olmos.

OTRA ANOMALÍA MAYOR

Por esa ruta, los investigadores descubrieron que los fondos públicos otorgados a esa corporación policial eran mucho mayores que los recibidos por esos tres agentes desde Chihuahua.

Esa presunta corrupción mayor habría ocurrido en los dos primeros años del mandato presidencial del Peña Nieto (2012-2018), y fue denunciada por el PAN en el Senado en junio de 2015, pero nada se investigó sobre el mencionado Cuerpo de Seguridad Auxiliar.

Los contratos recibidos por esa peculiar corporación suman otros 100 millones de dólares (2.000 millones de pesos), otorgados sin concurso por varias carteras del Gobierno federal, pero nunca se indagó.

En contraste, la procuraduría federal cerró el proceso contra el principal imputado de peculado en Chihuahua, quien era secretario general nacional adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, detenido desde el 20 de diciembre de 2017.

Un juez federal le otorgó el sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público el 31 de agosto, argumentando que el gobernador Corral no presentó pruebas suficientes de que el dinero público de su estado fue desviado a campañas electorales del PRI en Chihuahua y en cinco estados más: Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango, grandes feudos del oficialismo saliente.

Una apelación de las autoridades de Chihuahua mantiene en prisión a Gutiérrez, integrante del círculo íntimo de un líder histórico de ese partido, Manlio Fabio Beltrones, quien encabezó el PRI en ambas cámaras del Congreso y era su presidente nacional cuando se orquestó el presunto fraude.

LOS POLICÍAS EN LA TRAMA

El expolicía del estado de México, José Juan Saliano González, aparece como operador de las cuatro empresas utilizadas para la presunta malversación creadas en agosto de 2015 con familiares y vecinos, según el rastreo de actas que realizaron Olmos y la experta anticorrupción Valeria Durán.

En febrero de 2016, el entonces gobernador Duarte, ahora prófugo, asignó los cuatro contratos sin concurso.

La pantalla fueron “cursos de capacitación a padres y maestros que nunca se impartieron”, relato Olmos.

El dinero fue entregado el 7 de abril de 2016 y “casi de inmediato se dispersó en decenas de operaciones” a otras siete empresas y a tres personas vinculadas al agente policial.

La indagatoria descubrió que en octubre de 2016 los tres policías se metieron en líos menores, al ser detenidos cuando intentaron robar el equivalente a 150.000 dólares de una empresa que custodiaban en una zona residencial de la Ciudad de México, Jardines del Pedregal.

“Eso robo insignificante no tiene explicación para supuestos empresarios que manejaron una cantidad multimillonaria de dinero”, comentó Olmos.

Además, una confesión judicial de un exfuncionario de Chihuahua identificado como “Jaime”, reveló que el dinero malversado “fue a dar a campañas electorales por instrucciones de Duarte y de Gutiérrez”, entonces secretario de Finanzas de la dirección nacional del PRI, según el expediente en poder de MCCI.

Un testigo protegido, identificado como T701/2017, confesó que el alto dirigente acusado le mencionó “un acuerdo” con la cartera federal de Hacienda para que las gobernaciones del PRI en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz “apoyaran la operación electoral a nivel nacional del año 2016”.

Entre diciembre de 2012 y septiembre de 2016, el titular de Hacienda fue Luis Videgaray, actual canciller de México.

Sputnik

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