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CCOO reclama al gobierno un Plan de políticas activas que sirva para la constitución de un marco estable de creación y mantenimiento del empleo

Asegurar la inserción de los trabajadores y trabajadoras y combatir la precariedad laboral, creando condiciones de trabajo dignas con salarios justos, es el objetivo que deben tener las políticas activas de empleo en una sociedad de progreso, en opinión de CCOO. Sin embargo, del análisis del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) para 2018 realizado por CCOO se desprende que éste constituye una amalgama de políticas, presumiblemente con objetivos, pero sin un horizonte claro para el empleo.

En opinión de Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de CCOO “la derivación endémica de recursos públicos hacia la empresa privada para sufragar sus costes laborales, sin que se cree un marco económico favorable para el crecimiento, nos condena a mantener una tasa de empleo sostenida con financiación pública, en detrimento de otras políticas de bienestar social y económico”.

El PAPE recoge actuaciones con un coste que supera los 7.000 millones de euros que se destinan a la financiación de programas cuyo objetivo principal es ayudar a las personas a encontrar un empleo y facilitar a las empresas la contratación. La formación profesional, las ayudas a la contratación y al autoempleo, la orientación, las medidas de acompañamiento a las personas en el proceso que conlleva encontrar un trabajo, así como la mejora de los servicios públicos son ejes esenciales para generar un modelo económico sostenible.

El valor deestas políticas está en crear un marco estable que favorezca e impulse las condiciones para la creación de empleo. En el estudio del PAPE 2018 realizado por CCOO se advierte que en su elaboración no existe un diagnóstico previo de la situación ni de la oportunidad de determinadas políticas. Este hecho, unido a la falta de evaluación de impacto de las políticas implementadas, “hace que se vaya a tientas y el éxito dependa de la suerte en la ruleta del mercado de trabajo”, en opinión de Lola Santillana.

Para el sindicato, la intervención pública debe servir para activar la actividad productiva y el empleo, de tal forma que, una vez impulsada, la ayuda pública sea innecesaria. En 2018, la cantidad prevista en el PAPE para bonificaciones de las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto por formación como por contratación, supera los 2.600 millones de euros.

De los recursos destinados a crear oportunidades de empleo, el 81% son bonificaciones a la contratación (1.914 millones de euros) y subvenciones a la realización de contratos laborales (883 millones de euros).El abuso de este tipo de medidas, teniendo en cuenta la laxitud de los requisitos para acceder a ellas, es un remiendo coyuntural a los problemas estructurales que padece el mercado de trabajo de nuestro país.

Por ello, resulta imprescindible también que las subvenciones a la contratación se liguen a la creación de empleo estable. Los datos del PAPE revelan que de las ayudas a la contratación que establecen las comunidades autónomas, solo un 9% fomentan los contratos indefinidos. “Las ayudas económicas a las empresas no son un activo fijo y permanente de sus balances, son una ayuda temporal para el despegue”, apostilla la secretaria confederal de empleo y cualificación profesional.

Desde el sindicato se defiende la necesidad de dirigir más esfuerzos a la mejora de la empleabilidad de los colectivos que más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo. Sin embargo, los programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su reinserción o recualificación profesional, apenas representan un 3% de los recursos para formación, 71,7 millones de euros.

Una de las reivindicaciones históricas de CCOO es el aprovechamiento de la red de centros públicos y de Centros de Referencia Nacional. Del estudio del PAPE se desprende su escasa utilización, con tan solo un 2% de los recursos de las comunidades autónomas destinados a su formación e impulso. Andalucía y País Vasco son las comunidades que más apuestan en este sentido.

El impulso a los procesos de reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, también resulta pobre y claramente insuficiente, ya que apenas se destinan 55 millones de euros. Según recoge el informe de CCOO, estos procesos que facilitan la empleabilidad, la movilidad, la formación a lo largo de la vida y que contribuyen a la cohesión social pasan totalmente desapercibidos en las políticas de formación para el empleo. “Las convocatorias de acreditación solo se han destinado a sofocar fuegos de determinados colectivos que necesitaban de una acreditación para no perder los puestos de trabajo”, explica Lola Santillana.

Es urgente combatir la precariedad laboral. En este sentido resulta esencial la realización de planes integrales, que aumenten las posibilidades de incorporación al mercado laboral, acompañando a las personas trabajadoras en todo el proceso. Tal y como queda reflejado en el informe, estos programas integrales son insuficientes pues apenas suponen un 1,18% -40.513.798 euros- de los recursos destinados a crear oportunidades de empleo.

Junto a ello, Gobierno y comunidades autónomas insisten en aplicar programas de dudosa legitimidad, como los de colaboración social, que obligan a las personas preceptoras de prestaciones por desempleo a realizar trabajos para la Administración Pública, sin mediar contratación laboral. El Tribunal Supremo se ha pronunciado cuestionando esta medida de política activa. CCOO exige su completa eliminación.

En conclusión, las políticas de empleo no son parches para atenuar los desequilibrios del mercado de trabajo. Las medidas incluidas en el PAPE deben contribuir a la constitución de un marco estable de generación y mantenimiento del empleo y a promover una oferta formativa que responda a las exigencias de los sectores productivos.

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