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50 años de Tlatelolco: los jóvenes de hoy piden justicia por los jóvenes de ayer

En México, un grupo de estudiantes de abogacía busca reabrir la investigación de las causas judiciales contra los responsables de la represión al movimiento universitario de hace 50 años.

Por Eliana Gilet*

La comisión jurídica del Comité 68, fundado por sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco para exigir castigo a los responsables de la masacre, presentó un amparo ante el Poder Judicial este 19 de septiembre.

Alejandro Martínez, uno de los jóvenes abogados que trabajó en la redacción del amparo, explicó a Sputnik que se trata de un recurso parecido al habeas corpus de otros países, pero que integra “las dos grandes reformas que tuvo el sistema judicial mexicano en esta materia”.

A sus 28 años, Martínez está próximo a titularse, mientras integra el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la comisión jurídica del Comité 68. En conversación con Sputnik, explicó cómo su generación aportó una nueva visión para continuar la búsqueda de justicia que les legaron sus antecesores.

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Policías observan a los estudiantes de la Marcha del Silencio 2018 en la Ciudad de México.

El amparo busca reabrir una causa judicial de 2002, cuando el Partido de Acción Nacional (PAN) llegó la presidencia de la República y desplazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez en la historia del país. Entonces, se abrió una perspectiva de justicia para las víctimas de 1968, que llevaban más de 30 años sin ser atendidas.

El entonces presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos (Femospp), pero la entidad se extinguió en 2007 con pocos avances, salvo por la apertura de 52 averiguaciones previas sobre hechos del pasado que constituían violaciones a los derechos humanos.

“Fue creada no solo para investigar el caso del 2 de octubre [de 1968] en Tlatelolco, que era el caso paradigmático, sino todas las violaciones de la guerra sucia” explicó Martínez, en referencia al período de exterminio —desaparición y asesinato— de personas acusadas de pertenecer a grupos guerrilleros por parte del estado mexicano durante la década de 1970.

Para Martínez, más que avanzar, la Fiscalía “garantizó la impunidad”. Aún así, fue la primera respuesta institucional que recibieron las víctimas de Tlatelolco.

El 2 de octubre de 1968, tras más de dos meses de conflicto estudiantil y huelga, miembros del Ejército mexicano dispararon contra la multitud congregada en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde participaban de un acto miles de jóvenes. Hasta el momento, no se tiene una cifra oficial de los asesinados ese día por el ataque de las fuerzas estatales.

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Estudiantes en la plancha del Zócalo durante la Marcha del Silencio 2018 en la Ciudad de México.

Lo importante, analiza el estudiante de abogacía, fue la apertura de causas en la Justicia que catalogaron el hecho de “genocidio”.

En el amparo se pide que se continúe la investigación sobre la responsabilidad del expresidente Luis Echeverría Álvarez y de los mandos civiles y militares sobre los que avanzó esta Fiscalía, sostuvo Martínez.

Echeverría —aún vivo— era en el momento de los hechos el secretario de Gobernación, cartera equivalente al Ministerio del Interior en otros países. Fue señalado en las causas judiciales como el autor intelectual de la masacre. Fue citado a declarar en 2002 por la matanza y en 2006 se le libró una orden de aprehensión por el delito de “genocidio”, que lo mantuvo en prisión domiciliaria durante un año.

Aunque un Tribunal Constitucional sostuvo que el delito de genocidio prescribió, la causa sigue abierta. Revivirla es lo que buscan los jóvenes que forman parte del Comité 68 con este amparo.

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Estudiante de la UNAM durante la Marcha del Silencio 2018 en la Ciudad de México.

La medida tiene resonancia, 50 años después, en un momento particular.

Por un lado, miles de estudiantes se volcaron el 13 de septiembre a participar de la conmemoración de la Marcha del Silencio de 1968 y coparon el centro de la Ciudad de México, reclamando el fin de la violencia dentro de los centros educativos y la expulsión de grupos de “porros”, estudiantes que reciben prebendas a cambio de funcionar como un grupo de choque a disposición de las autoridades.

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Trabajadores observan a los estudiantes que pasan con banderas de la UNAM durante la Marcha del Silencio 2018, en la Ciudad de México.

Por otro, el Gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador avanza en su propuesta de crear Comisiones de la Verdad para investigar los miles de casos de graves violaciones a los Derechos Humanos que se sucedieron en México durante la última década.

Sin embargo, para Martínez, “la propuesta de las Comisiones de la Verdad pierde fuerza si no se trata de órganos vinculantes que puedan resolver, como lo es una Fiscalía”, tal como exigen con el amparo presentado.

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Estudiantes de la UNAM corren durante la Marcha del Silencio 2018 en la Ciudad de México.

Al amparo se le asignará en los próximos días un número de expediente y un juez. Es posible que para el 50 aniversario del 2 de octubre ya haya una esperanza de romper la impunidad que domina el caso.

*Sputnik

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