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Sindicatos costarricenses denuncian autoritarismo oficialista para aprobar ajuste fiscal

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en Costa Rica, que lleva adelante una huelga nacional de 25 días, afirmó el jueves que los bloques oficialistas del Congreso están abusando de su mayoría para adoptar una reforma fiscal casi sin debates.

El secretario general del sindicato, Albino Vargas, denunció en su cuenta de Twitter «la aceleración del totalitarismo parlamentario por parte de las fracciones Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana para imponer el odiado combo fiscal en primer debate, presuntamente este viernes 5 de octubre, lo que legitima las más creativas formas pacíficas de lucha cívico-popular en las próximas horas».

El motivo de la huelga es el rechazo al proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que fue propuesto por el Gobierno.

Los trabajadores entienden que están «defendiendo al pueblo» de una reforma tributaria que para ellos vulnera a las clases más pobres, porque implica la adopción de nuevos impuestos generalistas.

La reforma busca convertir los impuestos de ventas en impuestos al valor agregado, gravando con uno por ciento los productos de la canasta básica y con dos por ciento los medicamentos que hasta ahora están exentos de gravamen.

Mientras tanto, el Gobierno afirma que el 80 por ciento del dinero que se recaudará con la reforma provendrá del 20 por ciento de la población que tiene mayores ingresos.

Está previsto que la reforma se vote este viernes en el plenario de la Asamblea Legislativa en su primer debate, consigna el medio local La Nación.

El momento más duro del enfrentamiento entre trabajadores y Gobierno se produjo el miércoles, cuando un grupo de manifestantes agredieron al presidente Carlos Alvarado en el momento que salía del Teatro Nacional en San José.

El ministro de Trabajo, Steven Núñez, afirmó el lunes que el Gobierno dejará en manos de la Iglesia el texto de un acuerdo preliminar con los sindicatos, al que se llegó luego de cinco reuniones con la mediación de la Iglesia Católica, informó el Semanario Universidad.

Pero el sindicato rechazó ese texto y la Iglesia Católica anunció que se retiraba del diálogo.

La paralización ha afectado a los servicios de educación, salud, municipales, telecomunicaciones, puertos y judiciales.

El Ministerio de Educación Pública reportó que el 52 por ciento de escuelas y colegios cerraron sus puertas, mientras que la Caja Costarricense de Seguro Social informó que cerca de 2.338 cirugías debieron ser suspendidas y 66.581 citas médicas no se pudieron realizar, indicó La Nación.

Sputnik

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