La huelga general en Costa Rica contra la reforma fiscal cumple un mes

Los sindicatos continúan apelando a la paralización de todas las actividades en el país en protesta contra el plan fiscal del gobierno, pero la lucha asume ahora un particular protagonismo en las instituciones judiciales.

El 10 de septiembre, los sindicatos y organismos sociales integrados en la Unión Sindical y Social Nacional (USSN) iniciaron, por tiempo indefinido, una huelga general contra el proyecto legal de «refuerzo de las finanzas públicas» promovido por el ejecutivo de Carlos Alvarado.

Aunque algunos sindicatos llegaron a un acuerdo con el gobierno a finales de septiembre en el marco de las negociaciones mediadas por la Iglesia Católica, los trabajadores del sector público rechazaron en plenario la aprobación de ese acuerdo, considerando que los nuevos impuestos que el gobierno pretende implementar para reducir el déficit afectan a las capas más desfavorecidas de la población, «mientras protegen a los más poderosos y ricos».

El pasado viernes, los diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron, en la primera de dos votaciones necesarias, el referido proyecto de «refuerzo de las finanzas públicas», con 35 votos a favor y 22 en contra.

Frente de lucha judicial

Ahora, el proyecto aprobado deberá ser enviado a varias instituciones, siendo una de ellas el Tribunal Supremo de Justicia, que, en una evaluación preliminar, defendió que la aprobación del plan fiscal requería una mayoría cualificada de dos tercios (38 votos a favor) informa Prensa Latina.

Las organizaciones que integran la USSN apuestan aún en la posibilidad – ya anunciada – de que al menos diez diputados firmen una petición para que el proyecto sea evaluado por el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con Telesur , el Tribunal Supremo mantiene su comprensión preliminar, hay una posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional declaren inconstitucional la reforma del gobierno.

Los trabajadores defienden que la reforma tributaria «desestabiliza la economía» del país centroamericano, en particular con la aplicación de un impuesto del 13% en servicios informáticos, de electricidad y de transporte privado, y de una tasa del 4% en los sectores de Educación y de la Salud.

Para los sindicatos, el proyecto es «suave para las empresas y los más ricos, afectando a las clases más bajas». Por eso, la lucha de los trabajadores costarricenses contra las intenciones del gobierno se mantiene viva en las calles, con concentraciones en la capital, San José, y acciones en varios puntos del país, aun sabiendo que, en el Poder Judicial, se traba en un importante frente de lucha.

abrilabril

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