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La sentencia del Supremo favorece a la banca

La Justicia queda en evidencia ante los ciudadanos. El fallo de la sentencia del Supremo que en un principio pareció darle la razón a los clientes por las abusivas comisiones hipotecarias establecidas por la Banca, se ha traducido finalmente en una sentencia absolutoria favorable a las entidades financieras, dejando a los clientes completamente desprotegidos a merced de los designios capitalistas.

Por Manuel Fernández de Sevilla*

En el sistema capitalista, desde el maestro, pasando por el médico y el juez, todo el mundo está a merced del poder del dinero. En mi anterior artículo, hablé de la fuerza de la usura, y cómo el poder del dinero es capaz de doblegar al Estado. Ese poder, también es capaz de doblegar e imponer sus designios al poder judicial, por muy supuestamente democrático que se nos presente el Estado y el sistema en el cual vivimos. Cuando el poder del dinero campa a sus anchas, no existe la democracia, y menos todavía la justicia.

Lo inaceptable, es la reacción de los neoliberales echando la culpa de las comisiones hipotecarias bancarias al Estado. Todas las personas jurídicas pagan impuestos o al menos deberían hacerlo, la banca no va a ser menos. Las empresas suelen trasladar sus costes a los precios de sus productos o por el contrario precarizan los salarios para abaratar el precio de sus productos, pero alguien siempre paga el pato. Los liberales echan la culpa al Estado porque impone impuestos, según ellos, no debería existir el Estado, ya que sin el Estado, la banca jamás habría establecido comisiones hipotecarias. Eso no hay quien lo crea.

Los impuestos que establece el Estado, sirven para pagar, entre otras cosas, la Deuda Nacional exigida por la banca, por cierto, también para pagar la Sanidad y Educación públicas. Cuando el Estado exige una financiación mediante el proceso impositivo, tanto las personas físicas como las jurídicas contribuyen con el fisco.

Trasladar la culpa de las comisiones hipotecarias bancarias al Estado es completamente irresponsable y falaz, ya que esas comisiones hipotecarias las han impuesto los bancos y no el Estado. Otra cosa es que los bancos quieran trasladar los costes impositivos exigidos por el Estado a los clientes echando la culpa al Estado. Pero como la banca no quiere asumir ninguna pérdida, se comporta como una entidad neoliberal más: precariza salarios e imputa comisiones bancarias a sus clientes mientras hace cuentas con el Estado.

Esas cuentas son deficitarias para el Estado, hasta el punto en el que se demuestra la fortaleza y el poder del sistema bancario, no sólo por el hecho que los jueces le hayan dado la razón, sino porque el Estado aunque vaya a cobrar el impuesto a la banca, en realidad no gana absolutamente nada, porque ni siquiera con esos ingresos extras es capaz de hacer frente a la Deuda Pública, la cual está sostenida por la banca como principal tenedor de Deuda.

Debemos recordar que el Estado es dueño de las cargas y gastos públicos, y que todas aquellas empresas públicas que le hacían ingresar dinero, una vez fueron privatizadas, dispararon la Deuda Pública en el largo plazo, ya que no es capaz de afrontar el volumen de gasto mensual, debiendo cubrirlo con los impuestos y los préstamos de la banca.

La banca siempre gana en el seno del sistema capitalista porque a pesar que el Estado le cobre un impuesto extraordinario, la banca se resarcirá con sus clientes y con los ciudadanos, al hacer pagar al Estado unos préstamos más caros. La banca fortalecerá su posición frente al Estado mediante la exigencia de la devolución de la Deuda Pública, y el Estado se hará más dependiente de la banca al no contar con ingresos propios suficientes y crecientes que lo hagan independiente y soberano respecto del sistema financiero.

La banca amenaza con disminuir las concesiones de préstamos hipotecarios, si el Tribunal Supremo le obligaba a devolver las comisiones hipotecarias cobradas a sus clientes, y al mismo tiempo amenazaba al poder Judicial. La banca cuenta con los suficientes elementos financieros para coartar la soberanía del Estado. Un Estado como es el Estado Español, con verdaderos problemas de soberanía de sus capacidades financieras, al no contar con ingresos propios, nada más que con los impuestos de los ciudadanos, es un Estado entregado completamente a los intereses bancarios.

Recordando a Hillarie Belloc, quien afirmaba que “El poder de un sistema bancario se fundamenta: 1º en procurar dinero sin la fiscalización del Estado y en cantidades limitadas solamente por los intereses y conveniencias de los propios banqueros, creando dinero «de la nada». 2º es que este dinero no es una riqueza real, como lo es la tierra, la cosecha o el ganado, y, por lo tanto, puede ser transferido, expandido u ocultado sin dar cuenta a la autoridad soberana, que debiera gobernar a toda la sociedad.

En otras palabras: un sistema bancario es un Estado dentro de otro Estado. 3º es que el capital bancario así creado «de la nada» es lo que se llama «líquido» y puede ser utilizado para cualquier propósito que el banco se proponga, llegando a dominar la industria a voluntad, limitando o concediendo créditos, controlando como prestamista las actividades de la comunidad y absorbiendo la riqueza de la misma mediante los intereses usurarios exigidos por los préstamos”, entenderemos el por qué la justicia ha sido doblegada por el poder del dinero.

La solución está en revertir estos procesos de dependencia respecto al poder financiero, desarrollando un banco público desde el Estado, pasando del actual Estado neoliberal a un Estado Federal y profundamente Social, municipalizando el desarrollo público, devolviendo al Estado sus competencias en los sectores estratégicos de la economía, como la banca, las telecomunicaciones, la industria y la energía, para que de esta manera, el presupuesto del Estado no quede mermado por la fuerza de la usura, y se pueda hacer frente al gasto social: sanidad, educación, pensiones, vivienda.

Lo que no es de recibo, es que las grandes empresas privadas derivadas del saqueo al Estado, no contribuyan al fisco como deberían, que sus beneficios empresariales pasan a manos privadas, dinero que termina en manos de la banca privada, con el cual la banca, no solo concede préstamos hipotecarios, sino que hipoteca los ingresos públicos del Estado a futuro, y lo hace cada vez más dependiente de la misma, mermando la capacidad presupuestaria del Estado.

*Economista

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