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Canciller argentino cuestiona críticas de CIDH a decreto migratorio del presidente Macri

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, cuestionó en una entrevista exclusiva con Sputnik las críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al decreto migratorio del presidente Mauricio Macri, que endurece las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros al país.

“La Comisión de Derechos Humanos tendría que revisar un poco más el asidero de sus críticas”, objetó el canciller.

El ministro defendió el decreto de necesidad y urgencia vigente desde enero de 2017, que permite expulsar a los extranjeros sometidos a cualquier proceso penal o por faltas administrativas que conlleven prisión.

“Si ellos (la CIDH) dicen que está mal que nosotros podamos expulsar a gente que cometió delitos o que hayan cometido faltas administrativas con penas de prisión, me parece que va de suyo (se sobreentiende) que no se puede defender eso”, zanjó Faurie.

El ministro ratificó la postura del Gobierno con la que endureció el marco de la Ley de Migraciones de 2003, sancionada tras un amplio debate en el que participaron organizaciones sociales y entidades de derechos humanos.

“No queremos tener extranjeros que cometan delitos”, sostuvo Faurie.

Cualquier país “pone en la frontera” a los extranjeros que cometen delitos, añadió el canciller.

“Y cuando cometen faltas administrativas, como engaños, etcéteras, también les dicen: ‘No, mire, usted no es un extranjero positivo’, y eso no me parece un drama sino compartir tal cual hace todo el mundo”, resumió.

En marzo de este año, la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la “validez constitucional” del decreto del presidente Macri a raíz de un amparo presentado por la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Colectivo para la Diversidad.

La norma vigente abre la puerta a que cualquier inmigrante pueda ser sujeto de detención y deportación sumaria por tener una causa penal abierta, sin que importe la naturaleza de la denuncia y aunque no exista condena, o por cometer una falta administrativa en sus trámites migratorios, de acuerdo a estas entidades de derechos humanos.

El Gobierno argentino apeló la sentencia de la Cámara, de modo que la última palabra la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia.

Sputnik

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