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Estrasburgo avala al okupa condenado por difamar a la Policía en Sevilla

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó hoy a España por la sanción «desproporcionada» de difamación impuesta a Agustín Toranzo, que en una rueda de prensa acusó de torturas a los policías que le desalojaron en 2007 del Centro Social Casas Viejas, en Sevilla.

La sentencia concluye que las autoridades españolas no protegieron la libertad de expresión del demandante y apoyan su versión de que utilizó el término tortura de «forma coloquial».

El fallo incluye indemnizar a Toranzo por daños materiales (1.200 euros), morales (4.000) y honorarios (3.025), por una cuantía inferior al global de 24.225 euros que este había solicitado.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2007, cuando el grupo que ocupaba el edificio inició una protesta contra su desalojo. El demandante y otro manifestante se ataron a unos tubos anclados a la estructura del inmueble.

Al día siguiente dos agentes les inmovilizaron con cuerdas. Poco después, los dos okupas pusieron fin a su protesta y fueron detenidos.

Una vez en libertad, Toranzo aseguró en una rueda de prensa que «la tortura fue física y psicológica» por parte de dos policías, identificados por las fotos publicadas en los medios, ante la presencia de cinco bomberos, cuyos nombres hizo públicos.

El Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla le condenó por difamación a una multa de 2.000 euros y a indemnizar con 1.200 euros a los agentes. Si no pagaba, la pena se sustituiría por cárcel.

Según el juzgado, Toranzo «excedió los límites de su derecho de libertad de expresión… violando los derechos de otros».

El demandante recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial de Sevilla no le dio la razón y el Tribunal Constitucional rechazó su recurso de amparo.

El fallo de hoy recuerda a los tribunales españoles que no hicieron referencia al hecho de si su acusación «tuvo consecuencias negativas reales para los agentes de policía» y «no cuestionaron la veracidad» de sus alegaciones.

Según la Corte europea, nada sugiere que las alegaciones de Toranzo «no se formularon de buena fe y con el objetivo legítimo de debatir una cuestión de interés público».

Además, señala que la condena por difamación no tuvo «una justificación apropiada» y «puede haber tenido un efecto disuasorio» en el ejercicio de la libertad de expresión del demandante y «haberle desalentado a criticar las acciones policiales».

EFE

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