El Gobierno releva al abogado del Estado responsable de la acusación en la causa del ‘procés’ por «pérdida de confianza»

Edmundo Bal se negó a firmar el escrito en el que la Abogacía acusaba por sedición y no por rebelión.

Las diferencias de criterio se plasmaron en el escrito que por primera vez se desmarcaba de la Fiscalía.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ha relevado al jefe del departamento Penal y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal, por «pérdida de confianza».

Detrás de la decisión, según han informado fuentes del Ministerio de Justicia, está la diferencia de criterios respecto al juicio del procés, después de que la Abogacía optara por acusar a los procesados de sedición y de malversación y no de rebelión.

Según han detallado las mismas fuentes, Edmundo Bal se negó a firmar el escrito de acusación por sedición y malversación y no por rebelión a los procesados por el 1-O, un criterio que por primera vez se desmarcaba del de la Fiscalía, que sí aprecia un delito de rebelión.

El hasta ahora responsable de la acusación de la Abogacía General del Estado en el procés era partidario de seguir la línea marcada por la Fiscalía y acusar también por rebelión a los líderes del proceso soberanista.

Discrepancia en la acusación 

El de abogado del Estado jefe de lo Penal es un cargo de confianza dependiente de la abogada general y en este caso se ha producido una quiebra de esa confianza, según las fuentes.

Castro, que dirige la Abogacía desde el cambio de gobierno y la llegada de Dolores Delgado al Ministerio de Justicia, debe buscar ahora a un abogado que defienda el escrito de acusación.

La discrepancia entre ambos se plasmó en la presentación del escrito de acusación el pasado 2 de noviembre, cuando, por primera vez, la Abogacía se desmarcó de la senda marcada por la Fiscalía, que de momento se ha mantenido firme pese a los cambios de fiscal general.

Castro, que fue quien firmó el escrito, optó por rebajar la acusación a penas sensiblemente inferiores. En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, principal acusado, la Fiscalía pide 25 años de prisión y la Abogacía lo reduce a 12.

El Ministerio de Justicia ha negado en todo momento ningún cambio de criterio, dado que no había presentado un escrito de acusación hasta el pasado día 2, con lo que sostiene que no puede haber cambio.

RTVE

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