Animarse a pensar, decidirse a transgredir

La emergencia de fenómenos «antipolítica», como Bolsonaro en Brasil o el reciente Santiago Abascal que acaba de irrumpir en Andalucía, interpelan muy fuertemente al progresismo y a las izquierdas en cuanto a las causas del fenómeno, pero también en términos de cómo enfrentar al espectral nazifascismo redivivo que irrumpe por doquier y como indeseada epifanía.

Por Juan Chaneton*

*jchaneton022@gmail.com

Esta nota postula -aun cuando el tema excede el formato periodístico-  que la alternativa al fascismo debería ser algo más y mejor que un candidato progresista que viniera a decir que él no robará dineros públicos ni permitirá que otros lo hagan.

Es sabido ya que con ganar el gobierno no alcanza. La alternativa es la asamblea constituyente para conferir espacio al desarrollo de un poder de nuevo tipo, porque el punto referido a la corrupción que agitan los fascistas encubre el asunto de fondo que no es otro que dirimir quién y cómo gobierna: si una minoría circunstancialmente favorecida en las urnas, o la sociedad y sus representaciones mediante un Estado a su medida. Así formulada, la cuestión pasa a ser el poder y quién lo posee, pues el poder no cambia de manos por obra de una elección.

En línea con lo anterior, hay que asumir que el ejercicio de la honestidad y el honor tienen poco lugar en los organigramas institucionales que todavía nos rigen y que  -como dijo CFK el pasado 19 de noviembre-  fueron pensados hace  ya demasiado tiempo y están, por eso, dando signos de agotamiento. Y aquellas virtudes no cuentan con demasiado espacio para lucirse porque es el propio sistema el que no las tolera, e inversamente, los ciudadanos llamados a la gestión pública no tendrían ningún incentivo para acudir a ese llamado si el sistema no les ofreciera la prebenda como retribución.

El pueblo no les creerá nunca a políticos a  la vieja usanza que vengan diciendo que ellos no van a robar. Si bien se mira, esos políticos siempre serán, a los ojos de ese pueblo absorto, una élite que profita en espacios opacos y vedados al transeúnte común y, por ello, cada vez más repudiada por el votante. Esos dirigentes son la encarnación de la racionalidad esencial del sistema político porque ellos son dirigentes en la medida en que cuentan con un incentivo importante para serlo.

La carrera política está bien paga y esa buena paga es un componente sustantivo de un sistema pensado para el control y no para la libertad. El organigrama denunciado por CFK como insuficiente por poco representativo es, además,   inherentemente  corrupto pues colapsaría si no ofreciera prebendas para el ejercicio de las funciones pues nadie querría desempeñar las «posiciones de sujeto» que el sistema ofrece bajo la forma de altos cargos, de cargos medios o de simples cargos pero, eso sí, siempre bien remunerados y con beneficios anejos. Esa es la racionalidad esencial del sistema político.

Y ello es así porque, como servicio a la comunidad o como pasatiempo, la política no es apetecible porque es árida, gris y estresante y hay mejores hobbies para endulzar las horas de esta incomprensible travesía hacia ningún lado llamada existencia. Por lo demás, esta no es época histórica en la cual brillen luminarias como Disraeli o Gladstone,  Clemenceau o Poincaré, a los cuales podría suponerse desinteresadamente ocupados en servir  -aunque sea en servir a su propia clase-  sin más paga que la satisfacción del deber cumplido.

La política sólo resulta interesante como opción cuando ofrece, a cambio del tiempo y el esfuerzo dedicado a ella, dinero, glamour y privilegios. Y estas prebendas son tan voluminosas precisamente porque el sistema total debe remunerar bien a quienes se dedican a mantener la estabilidad de la organización general (que es la sociedad,  o el país, o el Estado, o la Nación), es decir, a sus profesionales de la función gubernativa que devienen, así   -como los sacerdotes en el antiguo Egipto-,  una casta a la que no accede cualquiera, pues esa casta es   -como toda casta-  cerrada y expulsiva, y  profesionalmente se dedica  a administrar los sacramentos de la política, esto es, a conceder,  a los excluidos de la función de gobernar, el  estado de gracia que les permita acceder a la eucaristía de la resignación. En el cristianismo primitivo había sacerdotes pero no sacerdocio, porque cualquier varón de buena fe podía gestionar los ritos de la salvación y, de ese modo, no había una carrera sacerdotal.

Hoy y en la política, existe el sacerdocio pero el ingreso no es irrestricto, es sólo para pocos. Así funciona el sistema que impugnó CFK en las Jornadas para el Pensamiento Crítico celebradas en Buenos Aires hace dos semanas. Ella impugnó la insuficiencia de la actual representación legislativa, en tanto que aquí extendemos esa crítica legítima al modo en que se ejerce la representación. Pues tampoco sería lo óptimo un parlamento donde aun cuando el todo social estuviese representado in totum, es decir, en la totalidad de sus organizaciones sociales, profesionales, etnias, etc., los privilegios se mantuvieran adheridos a la función.

Dígasele a un político profesional que la política deberá, ella también, ajustar, como ajusta el pueblo de a pie, y pondrá el grito en el cielo o, si se trata de  una mujer u hombre hábil e inteligente, no perderá la calma y contestará, aplomado/a, que no debería cometerse el error de que sólo los ricos puedan hacer política y que las suculentas «dietas» (ellos no cobran sueldo como el común de los trabajadores) que perciben y las oportunidades de negocios que se les abren con motivo de su función, constituyen poco menos que la areté ateniense  -es decir, la virtud-,   que es democrática por excelencia pues permite que todos y no sólo los que tienen dinero y tiempo libre puedan ser dirigentes.

El sistema premia a sus gerentes que, por derecha, centro o izquierda, conducen la máquina de dominar sin que el dominado se dé cuenta de que lo dominan y, como retribución, les garantiza una vida muelle y distinta a la de sus representados. De modo que transformar ese sistema en otro que lo supere en virtud, es una tarea que deberían proponerse los propios usufructuarios de las estructuras que hay que transformar, lo cual no es imposible pero depende, en buena medida, de la voluntad política de hacerlo y, sobre todo, de la ideología y los valores de esos políticos progresistas y de izquierda que tienen no tanto una obligación moral en este punto pero sí la oportunidad  de mostrar inteligencia y evitar, con sus propuestas programáticas, que venga la derecha ultra a decir que hay que terminar con «la política»  y, de ese modo, a soplarles la dama y a quedarse con el consenso de un pueblo que se siente estafado y sin saber cómo salir de los sufrimientos que le causa la estafa.

Esto se halla lejos de ser cierto, pues  nunca «todos» acceden a la política, sino sólo los amigos, o parientes, o punteros, o tropa propia de algún dirigente (basta considerar las listas «sábana») o militantes de la obsecuencia a tiempo completo o, en el extremo, algún famoso por izquierda o por derecha que se hizo famoso, bien o mal, y luego decidió que una banca en el Congreso  o la postulación a una intendencia eran la justa y merecida coronación de una carrera de éxitos en la literatura, en las artes plásticas, en la danza, en el canto, en la música, en el periodismo, en el ámbito académico, en el deporte, en la ciencia, en los negocios o como astronauta invitado de la Nasa y que, porque llena estadios con su arte o porque sus actividades tienen resonancia ecuménica, es codiciado como candidato por políticos sin votos.

De modo que ganar mucho dinero como diputado o concejal no hace menos elitista al sistema. Ganar menos tampoco, pero de lo que se trata no es de ganar menos o más, sino de iniciar el debate acerca de los vicios  y virtudes de las formas y modos de la representación política para, eventualmente,  intentar el tránsito del actual sistema  a otro más democrático, aun cuando resulta evidente que es más fácil criticar lo que hay que proponer lo nuevo. Pero lo nuevo nunca ha surgido sólo de las probetas intelectuales (que son necesarias) sino, asimismo, del barro y el orín de la realidad amasados con saña y esperanza por los pueblos en el curso de la siempre viva y eterna actividad política.

Hay que decir rápido estas cosas antes de que las diga Olmedo, ese argentino aspirante a Bolsonaro, porque ese es el camino de las derechas, de los éxitos de la derecha que después nos preguntamos, sorprendidos, cómo fueron posibles y cómo pudieron alumbrar «eminencias»  como los nombrados o espantajos como la  AfD  (Alternative für Deutschland) o el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, la francesa Marine Le Pen o, ahora y cual  rutilante aparición, otro fascista emergido de letrinas semejantes como Santiago Abascal y el Vox de Andalucía. Seguramente allí habrá una multicausalidad que  disparó el fenómeno, pero que la política es para unos pocos que constituyen una élite indiferente y distante, es la percepción popular que explica, en su medida, los resultados electorales en el orbe globalizado y la instauración de esperpentos reminiscentes del fascismo como opciones políticamente válidas.

De modo que nada ni nadie más que algunos pueden entrar a la política. La función política es para esos pocos que la detentan en exclusiva, y su sentido y fin es sopesar y graduar, equilibradamente, la efervescencia de la protesta social y la intensidad de los rencores del pueblo, y no precisamente para que el pueblo remueva las causas de su rencor sino para encauzar su energía  «civilizadamente» pues, de lo contrario, habría que poner en debate otros temas, no ya solamente la legitimidad de semejante representación sino también la madeja de intereses materiales cuya reproducción como intereses garantiza la acción eficaz de parlamentarios, jueces y funcionarios de mayor o menor cuantía.

Es un peligro el pueblo cuando se lo deja deliberar por sí. Pero es sólo ese pueblo el que nos puede librar de Bolsonaro. Es sólo ese pueblo el que está obligando a «Manu» Macron a recular con sus medidas anti pueblo. Es sólo ese pueblo el que, en plena posmodernidad globalizante, ha solido «hablar», en el Conurbano bonaerense, en vísperas de la unción a que nos convoca el pesebre de Jesús, ese niño que vino a salvar a los adultos.

Los argentinos no inventamos nada, sino que, en materia de organigramas institucionales y su modo de funcionamiento, todo lo copiamos  -de Europa o de los Estados Unidos-,  como el Preámbulo, por caso, que es una transcripción por derecha, del de los Estados Unidos. Por derecha, pues la Constitución de ellos dice que el poder es «del pueblo» mientras que la nuestra se lo escamotea al pueblo y se lo da a «nos, los representantes» de ese pueblo argentino, bien representado, a lo largo de su historia, sólo por excepción.

Y así, la función de la representación es la oportunidad para que el representante, de un lado, desplace al que no lo es y bloquee su ingreso al organigrama y, del otro, devenga acreedor del Estado por los servicios prestados.

Y los servicios prestados que justifican el emolumento de privilegio han consistido hasta hoy en mantener lozana y firme la estabilidad de la organización (de la sociedad, del país, del Estado). Y lo mismo vale si ese privilegiado es de la derecha o viene de la izquierda y del progresismo. Si estos últimos hicieran de su función una tribuna para impugnar un sistema y abrir el debate acerca de su legitimidad, (como dijo CFK), sería para aplaudirlos y para apoyarlos. Pero no hacen eso. Pues, si bien se mira, corregir ese sistema significaría, entre otras cosas, perder los beneficios que el mismo sistema les irroga.

A esto se agrega la jubilación de privilegio, que es el otro imán que atrae a los que han perdido la fe en el mercado de trabajo y van por el atajo fácil de concebir a la política como  salida laboral. Nadie ha hecho nunca el cálculo de cuánto egresa de las arcas del sistema previsional en concepto de jubilaciones de privilegio.

Pero sucede que un funcionario de la administración central o descentralizada del Estado (que permanece supérstite desde que se jubiló  unas décadas atrás)  que fue subsecretario o director nacional, o un concejal, o un juez, o un camarista o magistrado supremo, o un diplomático, o un diputado, senador o ministro o secretario de Estado, todos ellos administradores del sistema pensado por Montesquieu en el siglo XVIII, y que incluye todos los órdenes de la administración pública, esto es, lo nacional, provincial y municipal, todos ellos suman una cantidad inmensa de dinero que se sustrae a trabajadores que dejaron una vida al servicio de la patria sin prebendas ni privilegios, sino trabajando simplemente, que para eso les pagaban.

Ese dinero de la política, que los está esperando a la vuelta del primer recodo que les plazca (pues, para jubilarse, no necesitan de los 30 años de servicio), sumada a la reposición de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad como el que diseñó Amado Boudou (a quien, dicho sea de paso, algún día habrá que desagraviar), sería más que suficiente para financiar, per secula seculorum, todo el sistema previsional argentino. Pero ello no ocurre porque… la política nunca ajusta.

El sistema premia a sus gerentes que, por derecha, centro o izquierda, conducen la máquina de dominar sin que el dominado se dé cuenta de que lo dominan y, como retribución, les garantiza una vida muelle y distinta a la de sus representados. De modo que transformar ese sistema en otro que lo supere en virtud, es una tarea que deberían proponerse los propios usufructuarios de las estructuras que hay que transformar, lo cual no es imposible pero depende, en buena medida, de la voluntad política de hacerlo y, sobre todo, de la ideología y los valores de esos políticos progresistas y de izquierda que tienen no tanto una obligación moral en este punto pero sí la oportunidad  de mostrar inteligencia y evitar, con sus propuestas programáticas, que venga la derecha ultra a decir que hay que terminar con «la política»  y, de ese modo, a soplarles la dama y a quedarse con el consenso de un pueblo que se siente estafado y sin saber cómo salir de los sufrimientos que le causa la estafa.

Hay que decir rápido estas cosas antes de que las diga Olmedo, ese argentino aspirante a Bolsonaro, porque ese es el camino de las derechas, de los éxitos de la derecha que después nos preguntamos, sorprendidos, cómo fueron posibles y cómo pudieron alumbrar «eminencias»  como los nombrados o espantajos como la  AfD  (Alternative für Deutschland) o el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, Viktor Orbán en Hungría, Matteo Salvini en Italia, la francesa Marine Le Pen o, ahora y cual  rutilante aparición, otro fascista emergido de letrinas semejantes como Santiago Abascal y el Vox de Andalucía. Seguramente allí habrá una multicausalidad que  disparó el fenómeno, pero que la política es para unos pocos que constituyen una élite indiferente y distante, es la percepción popular que explica, en su medida, los resultados electorales en el orbe globalizado y la instauración de esperpentos reminiscentes del fascismo como opciones políticamente válidas.

En general, el sistema funciona según lo descrito y más allá de la voluntad de los actores. El que ingresa al sistema queda atrapado en él pero no de un modo inexorable ya que puede escapar reacomodándose y refuncionalizándose en orden al objetivo estratégico que debe poseer y no perder de vista, tal como lo posee y no lo pierde de vista el propio sistema, cuyo fin último será siempre estabilizar y reproducir estabilidad, en tanto que el de la izquierda y el progresismo deberá ser la antípoda, vale decir, transformar el organigrama institucional incorporando masa crítica en términos de nuevos sujetos colectivos representados  -sin que nadie pueda ni deba aspirar a la prebenda-,  lo cual implicará transferencia de poder hacia la base de la pirámide. Un «régimen» deja de ser tal cuando suscita y mantiene la confianza de los administrados, y esto ocurre cuando es la sociedad civil la que, empoderada, prohíja y controla al poder, devenido poder «de» la sociedad y no poder «sobre» ésta.

El sistema opera en sintonía con la normativa que produce. Una ley del Parlamento puede reforzarlo o debilitarlo. Por caso, la ley de financiamiento de las campañas electorales es parte del sistema. El presidente Macri acaba de enviar el proyecto a Extraordinarias. Las empresas podrán, según el texto, aportar a los partidos que después, cuando ganan una elección, deben devolver favores, pues de lo contrario no se entiende para qué un empresario gastará plata en una campaña si no es con el propósito de multiplicar luego ese dinero. Esto es corrupción prohijada por el actual sistema de representación y de gestión de la cosa pública, aunque se diga que en EE.UU. y en Europa también se hace. Ellos también hacen las guerras criminales que soporta el mundo, las cuales, no porque las hagan ellos, dejan de ser crímenes.

El punto que no debe obviarse es que el sistema es autoinmune y apela a sus defensas «naturales» apenas ve venir el virus de la justicia y la moral. Andrés Manuel López Obrador, en México, acaba de proponer y disponer que el ajuste lo haga también la política. Resultado: la Suprema Corte de Justicia le dejó sin efecto la Ley Federal de Remuneraciones que establecía que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente. Con esa norma, los altos cargos del Poder Judicial, hubieran pasado de cobrar 269.000 pesos (12.000 dólares) a 108.000 (u$s 5.300). Una perla.

El sistema se defiende a sí mismo. Amparos y acciones de inconstitucionalidad han urdido la telaraña leguleya en la que ha quedado atrapado el presidente AMLO, quien lo que intentó fue cumplir con una de sus promesas de campaña. Es para tomar nota. La asamblea constituyente y la eficaz defensa de sus resoluciones es la solución para lidiar con una reacción que, si la narración de la historia sigue estando a su cargo, esgrimirá, a los cuatro vientos, la acusación de «totalitarismo», «dictadura», etc., ni bien algo similar ocurriera, eventualmente, en la Argentina.

Prolepsis y final. Superar el temor a ejercer la crítica para no coincidir con la derecha o para no resultarle funcional, de eso se trata. Porque la reflexión más acuciosa nos conduce a la certeza de que criticar el organigrama institucional y sus efectos, en modo alguno nos emparenta con la derecha. Nunca hicimos antipolítica y tampoco la hacemos ahora. No es antipolítica denunciar la corrupción o la traición, ambas en potencia, que anidan en estado larval en los pliegues y costuras de aquel organigrama. No es antipolítica denunciar la iatrogenia institucional que aqueja a los diseños constitucionales del poder que pensó la burguesía en su amanecer pero que ya han superado el crepúsculo y se hallan en medio de la noche más cerrada: datan del siglo XVIII.

No decir nada de esto porque decir esto lleva implícita una coincidencia con el mensaje hipócrita, santurrón y mentiroso que supieron proferir las dictaduras. Pero esta coincidencia sólo es tal en la módica imaginación de los que no tienen las ideas claras o encuentran ventajas en la oscuras  -como supo decir José Ingenieros-.

Por lo demás, cuando la conciencia propia está tranquila en cuanto a pergaminos antidictatoriales (mucho más tranquila, a veces, que la de los aficionados al camino trillado), la libertad de crítica irrumpe, lozana y fecunda, en provecho de todos y en pos de una nitidez programática a la cual nadie sinceramente interesado en transformar la realidad debería renunciar.

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