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Corte Suprema de EEUU pide al Gobierno opinión sobre juicio contra petrolera argentina

La Corte Suprema de EEUU solicitó este lunes al procurador general de la Casa Blanca su opinión sobre la demanda de un fondo buitre contra Argentina por la estatización en 2012 de la petrolera Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF).

«El abogado general es invitado a presentar un escrito sobre este caso expresando la visión de Estados Unidos», señala el fallo del máximo tribunal del país norteamericano.

La Corte Suprema pospuso de momento pronunciarse sobre la querella que presentó el fondo de inversión Burford Capital por 3.000 millones de dólares contra el Estado argentino por la expropiación de YPF durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El Estado argentino considera que la estatización de YPF fue una decisión soberana, por lo que la demanda debería continuar en los tribunales de su país.

El fondo buitre, que adquirió los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar en su nombre, sostiene que la expropiación violó las leyes de oferta pública de Estados Unidos.

Argentina encara este litigio con dos fallos adversos: uno en primera instancia de la jueza federal de Manhattan, Loretta Preska, y otro en segunda instancia emitido en julio procedente de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

CAMBIO DE MANOS

El Ejecutivo de Fernández de Kirchner expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.

En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.

Pero con la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.

El fondo buitre, creado en 2009, también adquirió los derechos de litigio de la quebrada empresa española Marsans para continuar con la demanda por la estatización de la compañía Aerolíneas Argentinas en 2008 que finalmente reconoció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial que obligó a pagar a Argentina 320,7 millones de dólares.

Países como Chile y México se han posicionado a favor del Estado argentino y alertaron sobre el grave precedente que supondría dar la razón al fondo buitre en este caso.

Sputnik

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