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Constituyente venezolana dice que Guaidó puede ser imputado por traición a la patria

El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral de mayoría opositora), Juan Guaidó, podría ser sometido a la justicia venezolana por varios delitos, incluido el de traición a la patria, dijo a Sputnik la abogada María Alejandra Díaz, integrante de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

«Los delitos pueden ser sedición, traición a la patria, porque además está contemplando con un Gobierno hostil acciones contra su propio país, y por supuesto usurpación de funciones, entre otros», dijo Díaz.

El presidente de la Asamblea se juramentó como presidente «encargado» de Venezuela el pasado 23 de enero en una manifestación popular en el este de Caracas.

Esta acción fue calificada por el Gobierno de Nicolás Maduro como un «intento de imponer un golpe de Estado».

Para la constituyente, la acción de Guaidó no tiene ninguna validez jurídica, principalmente porque en la Constitución venezolana no existe la figura de «presidencia interina».

«La legislación venezolana en el caso del señor auto juramentado no prevé ningún mecanismo de los que él ha desarrollado y alegado para asumir la presidencia interina, porque además no existe la presidencia interina en el modelo constitucional venezolano», explicó.

Guaidó fue proclamado el 11 de este mes como «presidente encargado» por el parlamento, con base en el artículo 233 de la Constitución, que prevé esa figura para casos excepcionales de ausencia absoluta del presidente.

Solo ante la falta absoluta y cumplidos algunos requisitos, le correspondería al presidente del parlamento asumir el Poder Ejecutivo y convocar a elecciones en 30 días, dijo Díaz.

Sin embargo, «nada de eso se ha cumplido; ninguna de las situaciones que plantea la Constitución en el artículo 233 se ha cumplido y él está simplemente usurpando las funciones del presidente de la república», agregó.

EEUU ES EL JEFE DE LA CONSPIRACIÓN

Los países que han reconocido como presidente «encargado» a Guaidó son «tutelados» por Estados Unidos, aseguró la oficialista.

«Son más de 200 países y (Guaidó) ha sido reconocido solo por 16 países que son los que están metidos en la conspiración contra Venezuela, incluyendo Estados Unidos; es más, el jefe de la conspiración es Estados Unidos», expuso.

Guaidó se alió a países «hostiles», sin importar las consecuencias que podrían traer sus acciones, como «una posible intervención extrajera», añadió Díaz.

El parlamento venezolano fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia a mediados de 2016 y desde entonces los demás poderes del Estado desconocen sus actos y decisiones.

No obstante, Díaz consideró que el parlamento «ya no está en desacato», pues se trata de un cuerpo «subordinado contra el orden constitucional».

«Tú puedes individualizar la responsabilidad y juzgarlos por el desacato uno a uno, aplicándole sanciones previstas en esa jurisprudencia que son además leyes de la República, son vinculantes, o pudieras por otra vía de carácter político elevar la caracterización de ese cuerpo colegiado», dijo Díaz respecto de las medidas que podrían aplicarse de forma individual a los diputados o al Poder Legislativo en su conjunto por apoyar a Guaidó.

Díaz sugirió adelantar las elecciones parlamentarias, que deberían realizarse en 2020.

«Eso (convocar elecciones adelantadas) pudiera hacerlo el Consejo de Defensa de la nación y pudiera tomarse una decisión en la Asamblea Nacional Constituyente», agregó.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela llamó esta semana al Ministerio Público (fiscalía) a investigar a los diputados por supuesta violación de la Constitución al pretender asumir funciones del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la eventual expedición de una orden de detención contra Guaidó no se ha materializado aún, y el presidente Maduro dijo este viernes que está dispuesto a dialogar con él donde y cuando quiera.

Desde el 5 de enero, cuando se juramentó la nueva junta directiva del parlamento, este aprobó varias leyes y resoluciones, incluyendo una que califica a Maduro de «usurpador» del cargo de la presidencia a partir de su segundo mandato, que comenzó el día 10, por emanar de unos comicios que la oposición considera viciados.

El Legislativo aprobó además una ley de amnistía para militares, funcionarios públicos e incluso para el propio Maduro; una medida que autoriza el ingreso al país de ayuda humanitaria, y otra que pide la congelación de activos de la República que se encuentren en el exterior.

Maduro ha dicho que está en marcha un golpe de Estado impulsado por el Gobierno de EEUU, que tiene como objetivo apoderarse de los recursos de Venezuela.

Sputnik

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