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Empieza la cuenta atrás: ¿a dónde llevará la ruptura Venezuela-EEUU?

La conspiración en curso que sufre Venezuela toma ribetes dramáticos cada hora que pasa, pues es un escenario sin precedentes, donde la injerencia de Estados Unidos ha empoderado a un autonombrado «presidente encargado», Juan Guaidó.

Por María Luisa Ramos Urzagaste*

Guaidó es una persona joven, de clase media, formado en Estados Unidos, ligado a las guarimbas, los grupos violentos que tanto dolor y muerte trajeron a Venezuela. Con esas características, Guaidó es útil para los fines de los Estados Unidos de apoderarse de Venezuela, acompañado de un coro internacional de cómplices tanto latinoamericanos como europeos.

La injerencia de Estados Unidos tiene como ‘summum’ las palabras del presidente de EEUU, Donald Trump: «Continuaré utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de Estados Unidos para presionar en la restauración de la democracia venezolana. Invitamos a todos los Gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Trabajaremos de manera constructiva con ellos en apoyo de sus esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional. Seguimos considerando que el régimen ilegítimo de Maduro es responsable directo de cualquier amenaza que pueda cernirse sobre la seguridad del pueblo venezolano».

Ante tal situación, es lógica la declaración de ruptura de relaciones diplomáticas. Pero en este caso, lo que oscurece más el escenario es la bicefalia creada mediante un plan muy bien orquestado. No podemos olvidar que el intento de golpe militar abortado el 21 de enero acabó desembocando en el siguiente escenario: la juramentación de Guaidó como «presidente encargado».

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de «romper relaciones diplomáticas y políticas con Estados Unidos» marca un escenario sin precedentes en la región. El plazo de 72 horas otorgado para abandonar el país a los diplomáticos estadounidenses se cumple este 26 de enero. Las previsiones dejan perplejo hasta el más optimista, ya que, según instrucción del Gobierno de EEUU a sus diplomáticos, ahora deberán coordinar con el «nuevo presidente interino» y no con el Gobierno del presidente Maduro.

Por su parte, Guaidó «instó» a todas las Embajadas extranjeras presentes en Venezuela a que «continúen operando en Venezuela con normalidad».

Ante tal situación, los líderes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU instaron a Mike Pompeo a «proporcionar información sobre los esfuerzos de EEUU para proteger a los diplomáticos estadounidenses en Venezuela». Además, enfatizaron que, a pesar del reconocimiento por parte de la Administración Trump del líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como «presidente encargado» de Venezuela, Maduro «todavía tiene el control de las fuerzas de seguridad del país y podría usarlas para dañar o intimidar a los diplomáticos estadounidense».

En tal sentido, un comunicado del Departamento de Estado dio la orden de salir de Venezuela a los diplomáticos cuyas actividades no sean de carácter urgente. Además, se advierte a los ciudadanos estadounidenses que residan o están de viaje en el país latinoamericano que «deberían considerar la posibilidad de salir de Venezuela».

Como era lógico, en caso de ruptura de relaciones diplomáticas, el presidente Maduro anunció que decidió cerrar la Embajada y todos los consulados de su país en Estados Unidos y agregó que «el personal diplomático venezolano retornará al país este 26 de enero, y será recibido con honores».

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 establece que las inmunidades y privilegios se conceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. Y aquí el problema radica en que, quien tendrá que velar por la seguridad de los diplomáticos norteamericanos es el Gobierno Venezolano, y no así Guaidó y sus huestes.

Se vislumbran al menos dos escenarios en esta situación y ninguno es optimista. Se puede prever que los diplomáticos de EEUU no abandonen el país y se atrincheren en sus residencias y oficinas, tal vez esperando alguna provocación que genere una desgracia, lo que daría lugar a que Estados Unidos aplicase el uso de la fuerza definido en su Estrategia de Defensa nacional.

En esta estrategia se establece como un principio de política exterior el uso de la fuerza «para reforzar las herramientas tradicionales de la diplomacia de Estados Unidos», pero, además, «el Pentágono proporcionará opciones militares para garantizar que el presidente y los diplomáticos negocien desde una posición de fuerza».

Otra opción menos real es que el Gobierno venezolano intente conducirlos hacia alguna frontera, lo cual ocurriría mediante el uso de la fuerza y se podría interpretar como una «forma de detención o arresto», violando normas internacionales contra quienes ya violaron las propias normas del país. Esta acción colocaría a Venezuela, de igual manera, bajo riesgo de invasión armada, pues no hay que olvidar las bases militares que tiene EEUU en Colombia.

Cualquiera sea el caso, el presidente Maduro deberá proteger a sus propios agresores, pues las normas internacionales así lo indican. En este caso, el artículo 29 de la Convención de Viena recuerda que «la persona del agente diplomático es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. El Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad». De igual manera, el artículo 30 exige la protección de la residencia particular del agente diplomático que goza de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la misión.

EEUU y sus cómplices conocen muy bien lo que se juegan, y usaran las violencia para el logro de sus fines, y usaran también las normas internacionales, como que el artículo 45 de la Convención de Relaciones Diplomáticas, que indica que, «en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión así como sus bienes y archivos».

Ante tan delicada situación es de esperar que prime la cordura, y se dé una reacción contundente de la comunidad internacional, como ya lo han hecho saber México y Uruguay, que han instado a un diálogo inmediato.

*Sputnik

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