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España pone a prueba la independencia de su sistema judicial

España se enfrenta a uno de los juicios más trascendentales de su reciente historia. El proceso contra 12 líderes separatistas catalanes, que arranca el próximo día 12 de febrero en el Tribunal Supremo, va a poner a prueba la independencia y la robustez del sistema judicial español.

Por Francisco Herranz*

En el banquillo de los acusados estarán sentados el exvicepresidente de la Generalitat (Gobierno autonómico de Cataluña), Oriol Junqueras, y la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Ambos, y otros siete, se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año, concretamente desde el 2 de noviembre de 2017, y fueron trasladados recientemente desde las cárceles catalanas donde estaban hasta Madrid, sede del Tribunal Supremo.

Los acusados, que serán los primeros en ser interrogados por los magistrados, podrían ser condenados a penas entre 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, secesión, malversación de fondos públicos y desobediencia. Los cargos se refieren a la convocatoria de un referéndum inconstitucional celebrado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 y a la posterior declaración de independencia unilateral realizada el 27 de octubre por el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La vista oral durará previsiblemente tres meses y el veredicto se producirá en verano u otoño. El macrojuicio ha despertado un enorme interés social pues no en vano comparecerán ante él más de 500 testigos. Eso incluirá al expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy; a varios exministros; al actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent; a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y a decenas de policías nacionales y autonómicos, guardias civiles y ciudadanos que vivieron algunas de las movilizaciones de entonces. Las defensas habían pedido incluso que testificara Felipe VI por su papel en la crisis, pero eso lo prohíbe el ordenamiento jurídico español. El artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exceptúa expresamente al rey de España de concurrir a un llamamiento judicial para declarar cuanto supiere sobre lo que le fuera preguntado.

No hay que olvidar, además, que Puigdemont y otras seis personas más procesadas escaparon de la acción de la Justicia y han sido declaradas «en rebeldía». Ellos y sus aliados consideran que se han visto forzados a exiliarse en Bélgica, Suiza y Escocia, ante la falta de garantías judiciales.

Para los independentistas catalanes, se trata de una persecución a su ideología y un juicio político contra el derecho a decidir en las urnas. Para una buena parte de los españoles, sin embargo, se trata del justo castigo a una conspiración que intentó romper el país con premeditación, violando la Constitución e ignorando las instrucciones del Tribunal Constitucional.

Fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han reconocido que la sala del Tribunal Supremo se convertirá en una «plataforma política», donde aparecerán posiblemente estrategias de defensa diferentes. Esta formación política de izquierdas, capitaneada por Junqueras, hace gala de pragmatismo, pero no renuncia a un referéndum de autodeterminación. ERC admite diferencias estratégicas y tácticas con su socio gubernamental, el Partido Democrático Europeo de Cataluña (PDeCat), de centro derecha, sucesor de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Todo eso complica sus movimientos.

Puigdemont y los otros fugados han presentado una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por «vulneración» de derechos. Otros políticos perseguidos, como Marta Rovira, de ERC, han subrayado que el juicio «determinará los límites de la democracia española».

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por su lado, está dispuesto a contrarrestar esta campaña que, asegura, es de desinformación y que sólo busca desacreditar a España en el exterior. Y así, a través de la Secretaria de Estado de la España Global, ha puesto en marcha un proyecto para desvelar lo que considera simples mentiras. Pero, como los votos de ERC y PDeCat son esenciales para que el Ejecutivo en minoría apruebe en el Parlamento los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez también está obligado a hacer concesiones o gestos a cambio de su apoyo. Es decir, tiene que atacar y adular.

En este contexto, Amnistía Internacional (AI) ha pedido que dos de los acusados, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sean liberados, porque «como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos» que se van a juzgar, «tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña». Sin embargo, Amnistía —y esto es muy importante— no ha apoyado la denuncia de que todos los procesados sean considerados «presos políticos», como defiende a capa y espada la Generalitat, presidida por el separatista convencido Quim Torra.

El juez instructor del caso, Pablo Llarena, advirtió «episodios violentos» en los últimos días de la campaña del referéndum, especialmente en una manifestación en la que la policía y los funcionarios judiciales que registraban una oficina del Gobierno catalán en Barcelona quedaron bloqueados dentro del edificio durante horas y sus vehículos fueron asaltados. Pero también se registraron momentos de violencia cuando las fuerzas del orden público, siguiendo instrucciones de los jueces, desalojaron a golpes a los ciudadanos que participaban pacíficamente en el plebiscito. Esos dos lamentables sucesos explican la extraordinaria polarización social y política que vive actualmente Cataluña, partida en dos mitades, partidarios y detractores de la independencia. Esa tendencia hacia los extremos se ha extendido por el resto del Estado español y ha motivado, en parte, el crecimiento de un partido de ultraderecha como Vox, hasta ahora residual, pero ya capaz de entrar en el Parlamento nacional, el Congreso de los Diputados, con un 6,5% de estimación de voto.

El juicio al «procés» se produce cuando la imagen de la justicia española se ha visto empañada por polémicas como la sentencia del Tribunal Supremo sobre impuestos hipotecarios, emitida en noviembre pasado y muy discutible, que desdijo otra anterior que perjudicaba a los bancos. También se ha visto implicado el magistrado jefe de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien se retiró como candidato a dirigir el órgano de control del poder judicial entre acusaciones de que su nombre había sido impulsado políticamente por el PP y el PSOE. Se da la circunstancia de que Marchena presidirá el tribunal que juzgará a los secesionistas. En el otro lado, quienes defienden la neutralidad de la justicia hispana ponen como ejemplos la sentencia que envió a la cárcel por malversación de fondos al cuñado del rey o aquella otra que condenó la corrupción sistemática del PP, entonces todavía en el poder.

El proceso judicial atraerá la atención de la comunidad internacional, mayormente la de la Unión Europa, incómoda por la inestabilidad política generada en España. El tribunal ha recibido 600 peticiones de acreditación de periodistas, de un total de 150 medios de comunicación. La expectación es máxima.

Sputnik

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