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Un guardia civil afirma que ordenaron espiar a Cifuentes y otros cargos del PP «por interés de González»

Uno de los agentes acusados sitúa el caso del espionaje en el PP madrileño en «las cloacas policiales».

Uno de los guardias civiles acusados en el «caso espías» ha declarado en el juicio que, «por especial interés» del expresidente madrileño Ignacio González, recibieron en 2008 «órdenes ilegales» de realizar «seguimientos» a políticos del PP como Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo.

Este agente, José Oreja Sánchez, ha sido el primero de los seis acusados en declarar en el juicio con jurado que celebra la Audiencia Provincial de Madrid por el supuesto espionaje entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP enfrentados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en una época en la que Ignacio González era el vicepresidente.

Durante su declaración Oreja ha señalado además que un representante de una agencia de detectives indicó que Ignacio González le contrató «para realizar seguimientos a un listado de políticos a los que consideraba adversarios suyos dentro del PP».

Órdenes de seguimiento de la dirección de Seguridad

Oreja ha explicado que las órdenes de dichos seguimientos se las dieron en febrero de 2008 a él y a otros asesores de seguridad en la Comunidad de Madrid (tres guardias civiles y otros tres policías nacionales) los también acusados Manuel Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, que entonces eran director y subdirector general de Seguridad, respectivamente.

Ha añadido que él y los otros dos guardias civiles se negaron a cumplir dicha orden al estimar que era ilegal y lo denunciaron ante el entonces consejero Francisco Granados, actualmente investigado en el caso Púnica y que está citado en este juicio como testigo para el próximo viernes.

Ha concretado que le ordenaron realizar seguimientos a la exdelegada del Gobierno y ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, al exvicepresidente Alfredo Prada y al ex vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid Manuel Cobo.

El agente ha indicado que a raíz de que él y los otros dos guardias civiles denunciaran estas órdenes ante Granados les obligaron a ir a sitios públicos donde iban las personas a las que querían seguir para que figuraran sus ubicaciones, así como a realizar unas notas de trabajo en las que luego «ellos escribían lo que querían».

Ha asegurado que tras desobedecer dichas órdenes y denunciarlas reiteradamente ante Granados recibieron un «auténtico acoso laboral, hostigamientos y presiones».

«Cloacas policiales»

Ha añadido que «se ha utilizado esto para ocultar otras cosas» como el caso Gürtel y ha atribuido los hechos a «las cloacas policiales».

Otro de los guardias civiles acusados, Antonio Coronado Martínez, ha corroborado que desobedecieron las órdenes que habían recibido para realizar dichos seguimientos y que tras denunciarlas ante Granados recibieron presiones.

«A Granados le denunciamos los hechos y nos dijo: Qué vais hacer seguimientos a nadie ni nada, no le hagáis caso al loco ese, aguantaros ahí un tiempo hasta que dé solución a esto, que a este me lo voy a quitar como una mosca, en referencia a Gamón», ha manifestado Coronado.

Coronado ha pedido a la presidenta del tribunal que se escuche en el juicio una conversación telefónica grabada en la investigación del caso Púnica en la que, según ha dicho, Esperanza Aguirre habría hablado con Francisco Granados el día que éste tenía que declarar en la fase de instrucción del «caso espías», lo que ha sido desestimado por la magistrada.

«Yo ceo que aquí se han espiado los políticos con las agencias de detectives, con la connivencia, ayuda o dejadez de algún policía, con algún intento de soborno de un señor que resulta ser juez y con unas actuaciones del fiscal que no me parecen adecuadas, cuando al menos hay unas denuncias contra unos señores y no se les investiga», ha comentado.

Otro acusado: «Yo tengo pinta de bruto y es difícil que vaya de espía»

Otro de los acusados, el técnico de seguridad José Manuel Pinto Serrano, ha negado que participara en los seguimientos y se ha dirigido al abogado de la Comunidad de Madrid diciéndole: «Es una vergüenza que usted como letrado de mi casa venga a acusarme a mí».

Pinto, que ha llorado durante su declaración y que ha dicho que está en tratamiento psiquiátrico por este proceso, ha dicho que él era «el último de la fila» y ha apostillado: «Yo tengo pinta de bruto y es difícil que vaya de espía a ningún lado».

Los acusados se enfrentan a peticiones de la acusación ejercida por el PSOE de entre dos y cuatro años de prisión, así como a diversas multas solicitadas por la Comunidad de Madrid por delito de malversación de caudales públicos, ya que la Fiscalía no acusa en este procedimiento.

RTVE

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