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Independentistas catalanes arrancan el juicio denunciando una “causa política”

Este martes arrancó el juicio contra los 12 líderes catalanes procesados por la posible comisión de delitos rebelión, sedición, malversación o desobediencia en el marco del proceso independentista que llevó a la celebración del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 (1-O)

La primera jornada del juicio estuvo centrada en la presentación de cuestiones previas por parte de los abogados de la defensa, que calificaron el procedimiento judicial como una “causa política” de carácter general contra el independentismo.

“Vamos a explicar que la causa atenta contra la disidencia política”, explicó al comienzo de la sesión el magistrado Andreu Van den Eynde, defensor del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Este magistrado, el primero en tomar la palabra, denunció que el caso se constituyó como “una causa general” contra el independentismo, lo que dio lugar a que la fase de instrucción se desarrollase como “investigación prospectiva”.

Además, negó que sus representados incurrieran en ningún delito de rebelión –el más grave de los formulados por la acusación– porque para ello tendrían que haber buscado la independencia del territorio por vías violentas, presupuesto que todos los abogados defensores rechazaron con vehemencia.

Según el relato de Van den Eynde, los acusados impulsaron un proceso político para celebrar un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, lo que tiene un trasfondo de pacifismo porque “la autodeterminación es sinónimo de paz, no de guerra”.

“Esta causa tiene que ver con la defensa del derecho a la autodeterminación y el principio democrático”, añadió.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

La primera jornada del juicio, en la que únicamente intervinieron las defensas, estuvo marcada por la insistencia de los magistrados en denunciar distintas situaciones de vulneración a lo largo del proceso judicial, que a su modo de ver justifican, como poco, un aplazamiento.

De forma recurrente, los abogados de la defensa recordaron que nueve de los acusados se encuentran en situación de prisión preventiva, algunos de ellos desde hace más de un año, lo que dificultó los trabajos para preparar el juicio, socavando su derecho de defensa.

Del mismo modo, los magistrados plantearon que la enorme exposición mediática del juicio supone una merma para la presunción de inocencia de los representados

“Se les ha tratado como culpables, tanto por parte de funcionarios como de políticos, poniendo en duda la separación de poderes”, afirmó  Olga Arderiu, representante de Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán.

Otra de las quejas de la defensa tiene que ver con una supuesta imparcialidad del tribunal, algo que según el abogado Jordi Pina se hace patente en los distintos pronunciamientos que algunos de los miembros del Tribunal hicieron acerca del caso o de las personas juzgadas de forma directa o indirecta durante los últimos años

“Cuatro de los magistrados (el Tribunal está compuesto por siete) no deberían estar por haber hecho una valoración jurídica en la fase de instrucción”, dijo Pina, que representa a tres de los 12 procesados.

Los magistrados de la defensa también se mostraron muy críticos con los hechos de prueba aportados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular para justificar los cargos formulados.

“La causa atenta contra los derechos de libertad ideológica, de expresión, de protesta y de reunión y manifestación”, afirmó.

SOBRE LA REBELIÓN

Uno de los puntos claves de la causa es la presunta existencia de una estrategia basada en la violencia para conseguir la independencia de Cataluña.

A ese respecto, los escritos de acusación aportan como hechos de prueba que algunos de los acusados promovieron movilizaciones masivas para votar en el referéndum “ilegal” del 1-O.

Del mismo modo, las acusaciones dicen percibir esa estrategia violenta en las protestas del 20 de septiembre de 2017, cuando 60.000 personas se manifestaron frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde la Guardia Civil llevaba a cabo una serie de registros dedicados a frenar los preparativos del referéndum.

De acuerdo con el relato de las acusaciones, las movilizaciones masivas del 1-O y del 20-S tenían como objetivo impedir el trabajo de las autoridades policiales, que tenían órdenes judiciales para impedir el referéndum.

“Se nos acusa de haber participado en manifestaciones masivas el día 20 de septiembre. Al menos 50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican exclusivamente a hablar de actos de manifestación pacífica. Contemplar eso como un delito nos parece incompatible con un estado democrático”, expuso el abogado Benet Casellas, representante del líder social Jordi Cuixart.

TESTIFICAL DEL REY

En esta primera vista oral, las defensas tuvieron la oportunidad de formular al Tribunal la admisión de pruebas que fueron rechazadas previamente.

Eso fue aprovechado por los abogados para pedir que el Rey de España, Felipe VI, acuda al tribunal para declarar como testigo porque el escrito de acusación de la Fiscalía menciona su discurso del 3 de octubre de 2017 como un hecho de prueba, al entender que estuvo motivado por el desarrollo de un “levantamiento” para “conseguir la secesión”.

El Tribunal Supremo ya rechazó el pasado 1 de febrero la prueba testifical de Felipe VI argumentando que “lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Dicha ley establece que todos los residentes en territorio español tendrán “obligación” de concurrir si son llamados para declarar en sede judicial, con excepción del Rey, la Reina y el Príncipe Heredero.

Según el magistrado Pina, “sería bueno” que, con independencia de que posteriormente el Rey decidiera acudir o no, el Tribunal le llamase como testigo para dar a la defensa la oportunidad de confrontar el discurso citado por la Fiscalía.

Las defensas también solicitaron prueba testifical del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuya presencia en el juicio como testigo fue rechazada por el Supremo al entender que, como estuvo procesado en la causa, no cabe esperar que su testimonio sea veraz.

El juicio se reanudará este miércoles a las 10:00 (hora local), en una jornada en la que las acusaciones tendrán la oportunidad de responder a las cuestiones planteadas por la defensa.

Sputnik

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