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Las defensas de los acusados por el procés sostienen que el juicio “atenta contra la disidencia política” y cuestionan la imparcialidad del tribunal

Los abogados piden a los magistrados que “hagan de jueces y no de salvadores de la patria” en las cuestiones previas.

Las defensas de los doce líderes independentistas que se sientan desde este martes en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo han puesto en duda la celebración del propio juicio del ‘procés’ alegando que es una causa “política” y han criticado la falta de imparcialidad, en su opinion, de los magistrados de la Sala Penal, a los que han pedido que “hagan de jueces” y “no de salvadores de la patria”.

El primero en intervenir en estas primeras sesiones dedicadas a las cuestiones previas ha sido el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que ha calificado de “excepcional” el juicio porque, sostiene, “atenta contra la disidencia política” y contra derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o el derecho de manifestación.

El letrado ha negado que los hechos que se juzgan -la celebración del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia- sean constitutivos de rebelión, como defiende la Fiscalía, o sedición, como cree la Abogacía del Estado; y ha enmarcado toda la causa en el denominado “derecho penal del enemigo”, que consiste en “criminalizar la disidencia”.

“No vamos a hacer una defensa política, vamos a defender valores y derechos humanos”, ha añadido el abogado, que ha criticado la fragmentación de la causa en distintos tribunales como el Supremo, la Audiencia o el TSJ de Cataluña, lo que ha calificado de “vodevil procesal”.

Van den Eynde ha denunciado que no se ha respetado la presunción de inocencia de sus defendidos debido, en su opinión, a la “campaña de criminalización” que se ha hecho contra los líderes independentistas y que se han “restringido” sus derechos constitucionales con medidas como la prisión preventiva. El abogado ha llegado a poner como ejemplo una presunta vulneración de la libertad de culto de Junqueras, por no poder asistir a misa.

En este sentido, el abogado ha pedido que el Supremo consulte al Tribunal Europeo de Justicia si se han vulnerado las directivas comunitarias sobre presunción de inocencia y sobre los derechos de información de los acusados, informa Isabel Palacios.

“Atenta contra la libertad ideológica y el derecho a protestar”

El letrado de Junqueras y Romeva ha señalado que la causa “atenta” contra la libertad ideológica y de expresión de los acusados por defender el “derecho de autodeterminación” y contra el “derecho a protestar” de los ciudadanos en alusión a la protesta frente a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 que la Fiscalía califica de “asedio” con violencia para argumentar su acusación por rebelión.

“Existe una cuestión catalana que se debe dejar expresar”, ha añadido el letrado, que ha pedido al tribunal que “devuelva la responsabilidad a los políticos” para resolver un problema político. “La causa no puede impedir que se debata y libere en un parlamento sobre la independencia”, ha añadido el letrado, quien ha asegurado que la intención del procedimiento era sacar a los miembros del Govern de la “arena política”.

Sobre las pruebas rechazadas por el Tribunal Supremo, el letrado ha reclamado que el Supremo reconsidere la presencia de observadores internacionales ya que estos, argumenta, “son voz autorizada y son parte del análisis del respeto de derechos humanos”.

La defensa de Junqueras y Romeva ha pedido también que se acepte como testigo al portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, por el mensaje de Whatsapp en el que alardeó de que controlarían la Sala Segunda del Supremo “desde detrás” si el magistrado Manuel Marchena era nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial como pactó el Gobierno con el Partido Popular en noviembre.

El segundo en intervenir ha sido el abogado del exconseller del Interior Joaquim Forn, Javier Melero, que también lleva la defensa de la ex consellera Mertixell Borràs. Este letrado ha pedido que la causa se acumule a la abierta en la Audiencia Nacional contra la excúpula de los Mossos d’Esquadra para evitar la “indefensión” de su cliente.

Melero ha pedido también que se cite como testigo al exministro del Interior Juan Ignacio Zoido por el informe detallado que presentó en el Senado sobre la actuación policial durante el referéndum del 1-O.

La defensa de Sànchez: “Hagan de jueces, no de salvadores de la patria”

El abogado Jordi Pina, encargado de la defensa del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha cuestionado la imparcialidad tanto del juez instructor, Pablo Llarena, como de los integrantes de la Sala de lo Penal del Supremo, a los que ha pedido que “hagan de jueces, no de salvadores de la patria”.

Pina ha cuestionado a Llarena por incluir en dos autos la expresión “la estrategia que sufrimos” en primera persona del plural y ha recordado que cuatro de los miembros de la Sala Penal del Supremo que deberán dictar sentencia formaron parte de la Sala que admitió a trámite la querella de la Fiscalía y que incluso uno de ellos llegó a hablar de la posibilidad de que los hechos fueran “conspiración para la rebelión”.

El letrado ha cuestionado que Marchena presida el tribunal porque aunque este defendiera su imparcialidad cuando renunció a presidir el CGPJ y lo sea, “objetivamente hay una apariencia de falta de imparcialidad”. “Quizá el señor Cosidó se lo inventó, pero Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes”, ha añadido para recordar lo que dijo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Otegi.

También ha recordado la carta privada que, según publicó El Español, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, mandó al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona afirmando que “había cambiado el rumbo de la historia de España” al comenzar a investigar el referéndum.

El abogado de Sànchez, Rull y Turull ha pedido también que se reconsidere que sus defendidos puedan declarar en catalán con traducción simultánea en lugar de consecutiva y ha demandado que se acepte la declaración como testigo del rey Felipe VI y del expresidente del Govern Carles Puigdemont, ambas pruebas testificales rechazadas por el Supremo.

Acusados de rebelión y sedición

El juicio del ‘procés’ ha comenzado este martes con las llamadas cuestiones previas, presentadas por los abogados de las defensas. En el banquillo de los acusados se sientan doce líderes independentistas: el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.

La Fiscalía les acusa de rebelión, malversación y desobediencia y pide para ellos penas de 7 a 25 años de cárcel. La Abogacía del Estado, en cambio, les atribuye sedición, malversación y desobediencia y reclama entre 7 y 12 años. La acusación popular, ejercida por Vox, pide entre 7 a 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, malversación, organización criminal y desobediencia.

Los que se enfrentan a las penas más altas son Junqueras, Forcadell y ‘los Jordis’, que están acusados por el Ministerio Público de ser los “promotores” o “jefes principales” de la presunta rebelión.

RTVE

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