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Los pueblos indígenas se encuentran en peligro en toda Latinoamérica, dicen activistas

Los pueblos originarios se encuentran en peligro en toda América Latina, pues gobiernos y empresas les arrebatan sus tierras en pro del beneficio económico, violando sus derechos ya sea por medio de la represión o el asesinato, afirmaron a esta agencia activistas e indígenas.

“En toda Latinoamérica los pueblos indígenas se encuentran en peligro (…) Están sometidos al racismo, ataques, al robo de tierras y a violencias estructurales innumerables; sus derechos humanos son violados a diario”, dijo a esta agencia la investigadora de Survival International, una organización en defensa de los pueblos originarios, Xilonem Clarke.

Se estima que para el año 2010 vivían en América Latina cerca de 45 millones de indígenas, lo que representa el 8,3 por ciento de la población de la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La Cepal observa que los países con mayor proporción de población indígena son Bolivia (62,2 por ciento), Guatemala (41 por ciento), Perú (24 por ciento) y México (15 por ciento).

Se pueden contabilizar alrededor 826 pueblos originarios en América Latina, pero más de 330 de ellos se encuentran en peligro de extinción debido a la fragilidad demográfica, los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, la desnutrición y la elevada mortalidad, señala la Cepal.

La dirigente del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, Lesbia Amézquita Garnica, y el diputado del partido Convergencia CPO-CRD (izquierda) Leocadio Juracán comentaron a Sputnik que los “sectores ambiciosos” le sacan a los pueblos originarios sus territorios y los culpan “hipócritamente” de la contaminación ambiental.

Alrededor de tres millones de indígenas fueron desplazados en Colombia durante los últimos años, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

OLA DERECHISTA

Juracán y Amézquita afirmaron que la situación de “plena exclusión social” que viven los pueblos originarios de Guatemala es resultado de un proceso instaurado desde el colonialismo europeo, reforzado por gobiernos de derecha.

“Esta nueva ola de gobiernos de derecha en la región significa un peligro para los pueblos originarios; de hecho, es una reacción a los avances que impulsó el progresismo en los últimos 15 años y en contra de esto es que el capitalismo pretende volver a tener el control sobre los bienes y la tierra de la población que ha recibido las mayores injusticias de América Latina”, dijo Juracán.

Amézquita comentó que en los últimos 15 años se avanzó formalmente en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En el informe “Los pueblos indígenas en América Latina” de la Cepal se advierte que durante los últimos años se registraron mejoras en la atención al parto y en la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas.

Además, hubo aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos los niveles y avances en el reconocimiento de los derechos territoriales, entre los que se encuentra el derecho a la propiedad colectiva del territorio.

“Un ejemplo de que los gobiernos de izquierda han logrado mejorar las condiciones de vida es Bolivia, donde se redujo la pobreza a un 36,4 por ciento en 2017 frente al 59,9 por ciento de 2006 (…) Esto no ha sido así para los países con gobiernos de derecha en donde la pobreza y la exclusión social de los pueblos indígenas se han recrudecido, y se ha instaurado el poder de las transnacionales con la fuerza de los ejércitos desde el Estado”, dijo Amézquita.

En Brasil, durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), se consiguió reducir la pobreza extrema en un 63 por ciento y dijo en Ecuador, durante la administración de Rafael Correa (2007-2017) tres millones de indígenas salieron de la pobreza.

PERSECUCIÓN DE LÍDERES

En las últimas décadas, la población originaria de América Latina se organizó para la defensa de su territorio, demandando derechos ante los gobiernos; sin embargo, esto provocó que recrudeciera la violencia del Estado, según Amézquita.

“Activistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas que están al frente de la lucha por sus tierras son perseguidos, acosados y asesinados”, coincidió Clarke.

Un ejemplo se vive en Colombia: cada 48 horas fue asesinado un líder social en 2018, lo que dejó un saldo total de 172 de ellos muertos en ese año, quienes en su mayoría estaban vinculados a indígenas, campesinos y afrodescendientes, señaló la Defensoría del Pueblo (ombudsman) de ese país.

Según las cifras anuales de la organización Global Witness, en 2017 fueron asesinadas al menos 207 activistas de la tierra y el ambiente en 22 países; esto equivale casi cuatro personas por semana, y significó el peor año del que se tiene registro.

A menudo, “los asesinos actúan con impunidad; la gran ironía es que las comunidades indígenas muchas veces son tratadas como criminales por entrar a sus propias tierras o demandar que se respeten sus derechos”, según Global Witness.

Amézquita denunció que los gobiernos buscan “criminalizar a los líderes”.

Para abordar esta situación se necesitan reformas agrarias, laborales y fiscales “profundas”, en las que haya un replanteamiento del modelo económico vigente y una “plena” participación de los pueblos indígenas en las políticas de Estado, agregó.

El Banco Mundial sostiene que estas poblaciones enfrentan en América Latina barreras estructurales que les impiden una inclusión social y económica plena.

Mientras constituyen ocho por ciento de la población regional, representan 14 por ciento de los pobres y 17 por ciento de los indigentes, agrega el Banco Mundial.

Sputnik

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