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Expertos alertan al Senado mexicano del peligro de una Guardia Nacional militar

La creación de una Guardia Nacional formada por las fuerzas armadas que propone el Gobierno mexicano, entraña el peligro de institucionalizar la militarización de la seguridad pública, con rasgos autoritarios y contra normas internacionales, dijeron a Sputnik expertos que presentaron sus advertencias al Senado.

Por Víctor Flores García*

“La objeción más importante es que tenemos pruebas de que no resuelve los problemas de inseguridad, sino que los agrava, no permite construir una seguridad de largo plazo, sólida, civil y ciudadana, donde predomine la proximidad en el imperio de la ley y la justicia”, dijo a esta agencia Jorge Javier Romero, politólogo del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El investigador, doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, presentó ante el Parlamento Abierto del Senado una ponencia en la que alertó “el intento de institucionalizar una política pública de militarización fallida, sin respaldo de una evidencia alguna de su efectividad”.

Romero es parte de un grupo de expertos que señalaron a los senadores el peligro de un proyecto que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados, que crearía una fuerza de 50.000 efectivos procedentes de las policías militares y navales para combatir el crimen organizado.

También lo hicieron abogados de víctimas de violaciones a derechos humanos, perpetradas por militares en años recientes.

“La estrategia de crear un cuerpo para la seguridad pública, con fuero militar y un Estado Mayor representa la subordinación a la jerarquía militar”, dijo el autor del libro “La democracia y sus instituciones”.

Romero lamentó que en las últimas dos décadas, cada seis años se han reinventando las instituciones de seguridad, destruyendo lo que se hace, sin que se concluyan las anteriores.

“Tenemos suficientes experiencias en este país que muestran la urgencia de construir un fuerte soporte de seguridad federal ciudadana, en cambio, los defensores de la Guardia Nacional no han mostrado un solo análisis valorativo que sustente sus dichos”, afirma el autor.

La única explicación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador defienda ese proyecto “es la voluntad de los generales del Ejército, que también presionaron mucho al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para que promulgara una Ley de seguridad Interior”, en diciembre de 2017, recordó el especialista.

Pero la reforma constitucional que permitió esa ley que avala los despliegues militares fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2018.

“La presión militar hizo que el presidente López Obrador presentara ese proyecto, con el subterfugio de crear una gerencia civil, pero con fuero militar y comandancia militar”, puntualizó el politólogo.

CONTRA EL ORDEN INTERNACIONAL

Santiago Corcuera, jurista del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU de 2013 a 2017, órgano que presidió en ese último año, dijo a Sputnik que “la creación de una Guardia Nacional contiene demasiadas contradicciones que la hacen inviable”.

El integrante del nuevo Consejo Nacional Ciudadano para Búsqueda de Personas Desaparecidas ofreció tres ejemplos: el primero, que el texto votado en la Cámara de Diputados indica “su carácter civil”, pero otro pasaje establece “una disciplina y profesionalización homologada a la fuerza armada permanente”.

Un segundo contrasentido plantea que “estará comandada por una junta de jefes de Estado Mayor integrada por las secretaría de Seguridad, de la Defensa, y de la Marina, que conservarán sus rangos militares; pero a la vez que la seguridad pública es una función de carácter civil”.

Finalmente, la Cámara de Diputados suprimió un artículo transitorio para que, mientras se forma la Guardia Nacional, las fuerzas armadas continúen en las funciones de seguridad pública.

“El presidente (López Obrador) dijo que estaba insatisfecho con esa supresión y existe la pretensión de instalarlo de nuevo”, alertó Corcuera.

Si se da ese paso atrás, se violaría el artículo 29 de la Constitución que dice que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá realizar ninguna actividad de seguridad, salvo que tenga estricta conexión con la actividad militar”.

Los legisladores de la izquierda nacionalista gobernante se opusieron vehemente a la Ley de Seguridad Interior, “pero ahora cambiaron de opinión, no sabemos por qué”, puntualizó Corcuera.

Una ventana de oportunidad se abre para que ese proyecto no logre las tres cuartas partes del Senado requeridas, porque buena parte de los legisladores escucharon también las advertencias de Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Jarab recordó la anulación del máximo tribunal mexicano de la mencionada Ley de Seguridad, que legalizaba el rol de los militares contra el crimen, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dictado sentencias para asegurar que el papel de las fuerzas armadas en seguridad pública sea excepcional.

“Ahora se pretende elevar a rango de política convencional lo que es extraordinario”, advirtió el representante de la expresidenta chilena.

Jarab dejó planteadas agudas interrogantes a los senadores: “¿por qué se propone fortalecer a las fuerzas armadas en lugar de las fiscalías y los investigadores?¿De verdad creemos que con un curso rápido van a saber investigar? ¿O será que pretendemos buscar más bien el uso de la fuerza?”.

La alternativa militar ha caído en el desuso en el mundo: de las 47 guardias nacionales actuales, 44 se crearon antes de 2001, solo tres se crearon en las últimas décadas, 22 datan del siglo XIX, y solo tres países tiene guardias donde el componente militar predomina: Portugal, Túnez y Venezuela.

*Sputnik

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