Lucha anticorrupción entre expectativas y reveses en Perú

La lucha contra la corrupción navega en Perú entre importantes expectativas en torno a la información que pueda dar la empresa brasileña Odebrecht sobre políticos sobornados y reveses que favorecen a los involucrados en esa ilícita actividad.

El panorama se complementa con nuevas revelaciones sobre financiamiento electoral encubierto a diversas fuerzas y que apuntan hacia el presidente Martín Vizcarra, cuya alta popularidad se basa en su prédica contra los corruptos.

A esas revelaciones se suman movimientos que desde las sombras en los pasillos de los órganos de justicia favorecen a los indagados, entre los que está presa desde octubre de 2018 la dirigente neoliberal Keiko Fujimori.

Además, están impedidos de salir del país los expresidentes Alan García (1985-90 y 2006-11), Ollanta Humala (2011-16) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), y en condición de prófugo y extraditable en Estados Unidos el ex gobernante Alejandro Toledo (2001-06).

Las expectativas se deben a la firma, hoy en Brasil, de un acuerdo de colaboración de la empresa constructora Odebrecht, por el cual exejecutivos y exempleados de ésta darán la próxima semana a fiscales y procuradores peruanos informes sobre sobornos pagados por contratos de obras públicas bajo los citados gobiernos.

Muchos tienen la esperanza de que brinden información adicional a la que Odebrecht ya ha dado sobre una coima de 20 millones de dólares cobrada por Toledo y sobre los financiamientos electorales a todos los mencionados.

Esa información está contenida en el material informático encriptado que la empresa tendría que entregar a la justicia peruano y que precisa las remisiones de fondos por complejas redes internacionales de empresas y cuentas de fachada a beneficiarios conocidos por apodos, y tendría que identificar a quienes corresponden los apodos.

En cuanto a los fondos de apoyo a campañas electorales, se espera que Odebrecht acredite pruebas de sus declaraciones sobre esos aportes que todos los presuntos beneficiarios niegan.

Sobre esas expectativas, el analista Juan de la Puente opinó que Odebrecht ‘no es una empresa santa y no dirá toda la verdad’ y recordó que esa firma declaró hace un tiempo sobre tres contratos irregulares y aseguró que eran los únicos, lo que no era cierto.

En los días previos al viaje de fiscales y procuradores, se filtraron a la prensa declaraciones de colaboradores eficaces -es decir acusados de corrupción que reconocen sus culpas y cooperan para reducir sus condenas- que han involucrado al presidente Vizcarra y a la excandidata socialcristiana Lourdes Flores.

Uno de los declarantes dice que asistió a la entrega a la campaña de Kuczybnski de 100 mil dólares de la empresa CASA, integrante de un grupo de constructoras acusadas por otro colaborador de obtener en conjunto mediante sobornos contratos de obras para sus integrantes.

El informante dice que asistió a la entrega del dinero, en efectivo, en la casa de Kuczynski, en presencia del actual jefe de Estado, quien lo niega, argumenta que nada tuvo que ver con el financiamiento de aquella campaña y demanda que se investiguen las finanzas de todas las campañas de 2016.

No pocos creen que esas denuncias de última hora apuntan a interferir en la misión de los fiscales en una estrategia que busca demostrar que todos los políticos y gobiernos son corruptos, por lo que ninguno podría ‘tirar la primera piedra’ ni tendría autoridad moral para cuestionar a otros.

Llamo, además, atención un recurso de queja presentado por el abogado Wilbert Medina, defensor de Alan García, contra el fiscal José Pérez, por afectar el derecho a la defensa supuestamente al no proporcionarle copias de los correos electrónicos referidos al pago de 100 mil dólares a García.

La suma fue pagada a García por una conferencia dictada ante empresarios en Brasil en 2012 y la pagó ocultamente Odebrecht, con fondos de un fondo destinado a sobornos y a través de un testaferro, por lo que se sospecha que puede ser parte de una coima.

Legisladores como la centrista Gloria Montenegro señalan que la queja de Medina es una maniobra desesperada ante el viaje de los fiscales y puede ser posteriormente usada para anular el proceso de investigación.

Así lo hizo García para anular los resultados de una investigación sobre la corrupción en su último gobierno, alegando que sus declaraciones fueron tomadas sin advertirle formalmente que estaba siendo investigado, según recordó el jefe de esa indagación, Sergio Tejada.

La labor de los fiscales y jueces dedicados a los grandes casos de corrupción sufrió últimamente reveses, como la confirmación del retiro del severo juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación a Keiko Fujimori, debido a sus críticas al partido de esta por obstaculizar las indagaciones.

La misma corte de apelaciones que ratificó la exclusión del magistrado resolvió, además, anular la orden de impedimento de salida del país del norteamericano Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori y su presunto cómplice en el delito de lavado de activos.

Además de ello, los fiscales Pérez y Rafael Vela fueron denunciados por supuesto abuso en el ejercicio de sus funciones al allanar en enero pasado la oficina de un asesor del entonces fiscal de la nación, Pedro Chávarry, en busca de pruebas de la protección de este a Fujimori.

PL

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