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Líder religiosa denuncia «ejercicio militar piloto» en el norte de México

Las autoridades federales mexicanas y del norteño estado de Nuevo León desplegaron un «ejercicio militar piloto» contra la delincuencia organizada, denunció a Sputnik la religiosa Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos Asociación Civil (CADHAC) de Monterrey.

«Quieren aplicar una coordinación de la seguridad pública con la Cuarta Región Militar como un ejercicio militar piloto hacia la creación de la Guardia Nacional, con más de 1.000 militares como parte de los movimientos preliminares», dijo Morales, defensora de víctimas de abusos del uso de la fuerza, muchos de ellos perpetrados por militares.

Morales, galardonada con el Premio Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2015, lamentó que en la primera visita al norteño estado que el miércoles realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, «no considera, como parte de sus prioridades, evaluar los resultados negativos de la presencia militar en Nuevo León».

El presidente, que quiere replicar ese modelo en todo el país, «vino en un momento en el que la inseguridad y la violencia se están recrudeciendo, tocando espacios que antes considerábamos seguros», dijo Morales.

La religiosa se refería a la violencia que ya tocó al exclusivo San Pedro Garza García, el municipio con el más alto ingreso per cápita de todo el país, gracias a que Monterrey, la capital estadual, es sede de firmas nacionales emblemáticas y de más de 3.500 compañías extrajeras.

«Es un municipio con todos los recursos para combatir la inseguridad, pero no recuerdo haber visto nunca antes este panorama», reflexionó.

VIOLENCIA EN ASCENSO Y HUELLA MILITAR

Nuevo León cerró el año 2018 con 825 muertes violentas, en enero se perdieron otras 99 vidas, y febrero va en la misma misma dirección, con muchos feminicidios, según Morales.

«Estamos ante una situación de violencia que se incrementa y nos arroja en la cara resultados muy negativos en espacios ciudadanos que no se habían tocado antes, sin olvidar a más de 3.000 desparecidos», dijo.

Esas personas son parte de las más de 40.000 desapariciones forzadas cometidas en todo México en la última década.

Hay casos que la monja considera resultado «de una política ilegal que comprendía militarizar la seguridad pública».

Como muestra puso dos casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas armadas.

El primero, el asesinato de Gustavo Acosta Luján, el 1 de septiembre de 2011, ejecutado por marinos frente a su familia y en su casa, en el municipio Apodaca.

El segundo fue la ejecución de una pareja, Rocío Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, perpetrada por militares en Anáhuac después de una persecución de presuntos delincuentes el 3 de marzo de 2010, y que dejó huérfanos a dos niños de 3 y 4 años.

«Los resultados de las intervenciones militares fueron muy dolorosos, solo entre 2007 y 2011 aumentó 620 por ciento el índice de homicidios dolosos», sostuvo la religiosa.

El índice de asesinatos se elevó entonces de 5,6 a 47,8 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la media nacional.

Una correlación con la presencia de las fuerzas armadas llevó a Morales a desconfiar de los uniformes verde oliva, los trajes de fatiga camuflados, las tanquetas y los helicópteros artillados.

El número de efectivos militares también se disparó entre 2007 y 2011 en Nuevo León.

«En esos años creció de 734 a 3.567 la cantidad de elementos de las fuerzas armadas», comparó.

«Los resultados de la intervención militar han sido lamentables, todavía estamos buscando a miles de desaparecidos y que se logre justicia por la impunidad que padecimos, tanto de militares como de marinos», sentenció.

A Morales le preocupa que el presidente López Obrador piense que las fuerzas armadas y una Guardia Nacional militar son inevitables para solucionar la violencia.

«El resultado de la intervención militar durante 12 años no lo hemos solucionado y continuamos buscando salidas», resumió.

La monja también se manifestó preocupada porque «ciertas autoridades no se abren a otras visiones, no se dejan cuestionar; pero si queremos avanzar, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, autoridades, familiares y la sociedad civil, poniendo en el centro a las víctimas», enfatizó.

Otro asunto de alarma es, a su juicio, la idea que el presidente tiene de la sociedad civil.

López Obrador dijo en conferencia de prensa el miércoles que «yo no conozco gente de la sociedad civil progresista, de veras; hay gente bien intencionada, muy pocos de izquierda, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios la promueven».

Morales hizo una pausa para responder: «Estamos muy desconcertados, nos da la impresión de que pasan las cosas muy rápido y él está mal asesorado, mal informado, o quizás es su convicción».

«Tenemos que mostrar nada más los resultados que están a la vista», prosiguió.

Cuando se le pidió mencionar tres enseñanzas de su experiencia que quisiera compartir con el presidente, Morales dijo en primer lugar, «el empoderamiento que las familias han tenido entre 2009 y 2019; eso ha cambiado el enfoque de las autoridades, decían que los desparecidos eran todos criminales, pero encontramos que más del 80 por ciento no tenían nada que ver con la delincuencia».

La segunda enseñanza, prosiguió, es que «ante las desapariciones, en una familia hay mucha rabia, pero no quieren la violencia ni que torturen a los perpetradores, sino justicia sin chivos expiatorios».

Y la tercera, dijo, es «recurrir a instancias legales, como crear el delito de desaparición forzada, y aplicar la Ley de Víctimas, entre otras».

Esas son, a su juicio, las piezas clave del rompecabezas para el nuevo Gobierno.

«El trabajo de las familias, las autoridades civiles, la sociedad civil y la ley son fundamentales», concluyó.

López Obrador anunció el miércoles el primer mando conjunto policial y militar para coordinar corporaciones de seguridad pública con el ejército y la marina en Monterrey.

El mandatario hizo el anuncio tras encabezar la primera reunión en una capital provincial del gabinete federal de Seguridad Nacional, que integran los titulares de la Defensa, la Marina, Seguridad Pública y Gobernación (Interior).

Sputnik

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