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Negociadores de paz denuncian a Duque ante ONU por “obstaculizar” la paz en Colombia

Los negociadores del Acuerdo de Paz de La Habana, líderes sociales, políticos e intelectuales de Colombia dieron a conocer este lunes una carta dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la cual señalan al presidente de Colombia, Iván Duque, de obstaculizar la implementación de la paz con la FARC.

«El Gobierno del presidente Iván Duque persiste en formular nuevos obstáculos o en intentar revivir debates ya superados en el trámite legislativo de las normas que deben regular el funcionamiento del recién inaugurado sistema de justicia transicional», señala uno de los apartados de la carta, de catorce páginas.

La misiva se conoce luego de que en la noche del domingo, en una alocución televisada, Duque anunció que su Gobierno objetó seis artículos de los 159 que componen la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal de paz) por considerarlos inconvenientes

El jefe de Estado colombiano indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.

La carta de este lunes manifiesta la inconformidad de los firmantes ante el anuncio hecho por Duque por los «intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la JEP, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas».

La ONU es garante del cumplimiento de los Acuerdos de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda), por lo que su Consejo de Seguridad hace seguimiento a los mismos.

En ese sentido, los firmantes enviaron la misiva con copias al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional (CPI).

Según los denunciantes, con las objeciones planteadas por el Gobierno de Duque «habría riesgos para el pleno ejercicio» de la jurisdicción de paz «y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas».

La JEP (tribunal de paz creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto armado) ha recibido desde su puesta en operación -hace un año- a más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la ex guerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, quienes han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.

Sin embargo, la Ley Estatutaria de la JEP, es decir, la norma que establece mecanismos claros para hacer seguimiento a los casos y evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, permanece congelada a la espera de que Duque la sancione, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.

El anuncio de Duque en la noche del domingo implica que la Ley Estatutaria sea revisada de nuevo por el Congreso, lo que retrasará aún mas su implementación.

Sputnik

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