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Gobierno argentino decreta emergencia penitenciaria durante tres años

El Ministerio de Justicia de Argentina dispuso el lunes la emergencia en todas las cárceles del Sistema Penitenciario Federal (SPF) por el término de tres años, debido a la sobrepoblación en los centros de privación de libertad y a la deficiencia de las garantías a las que acceden los presos.

«La emergencia en materia penitenciaria» por los próximos tres años fue reconocida en una resolución emitida este lunes por el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El ministerio creará una comisión de emergencia que deberá reunirse cada quince días para resolver el déficit habitacional que debe encarar el SPF, puesto que aloja a 13.773 presos al 13 marzo de este año, cuando su capacidad de alojamiento es de 12.235 plazas, según cifras del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena.

Esto arroja un hacinamiento superior al 12 por ciento, observó el funcionario del Gobierno que preside Mauricio Macri.

Por otro lado, se observa un incremento de la población penitenciaria en el sistema federal, dado que al 31 de diciembre de 2015 los encarcelados en el SPF eran 10.274.

«El déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria», advirtió Garavano en la resolución.

Después de tres años de gestión, el Gobierno advirtió que 6.567 personas están privadas de libertad en el SPF, que depende del Gobierno a nivel nacional, cuando sus causas atañen a la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Las órdenes judiciales de fijación de cupo «establecen límites rigurosos a la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios federales», agregó el ministro.

Al mismo tiempo, «las órdenes de permanencia impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país», hechos que obstaculizan la planificación y la gestión de la política penitenciaria, dijo Garavano.

En paralelo, 57 por ciento de los alojados en el SPF no tienen condena firme, «situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos», sostuvo el funcionario, quien cuestionó al Poder Judicial por «la escasa utilización de la videoconferencia por parte de los magistrados y la limitación de las audiencias al horario de atención de tribunales».

El Ejecutivo afirmó que ha promovido medidas alternativas para evitar el hacinamiento de presos con atención a grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad.

«A dicho efecto, se impulsó la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica, aumentándose los servicios diarios de supervisión, monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas», señaló Garavano.

El Ministerio de Justicia invitó a los ministerios de Hacienda, de Interior, Obras Públicas y Vivienda, y de Seguridad, a nombrar un representante para la comisión de emergencia.

También podrán tener sus delegados en la comisión la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, entre otros organismos.

Este órgano tendrá tres objetivos: resolver el déficit habitacional; mejorar las condiciones de privación de la libertad, y promover medidas alternativas a la privación de la libertad.

Argentina tiene una tasa de 186 presos cada 100.000 habitantes, según datos de 2016 de la organización Prison Studies.

La tasa promedio de América del Sur es de 236 presos cada 100.000 habitantes.

Sputnik

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