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La historia no contada (que todos conocen) de dos republicanos en Florida

«Antes de condenar a otros debe cada cual examinarse largo tiempo a sí mismo», decía Molière, el genio de la comedia francesa. Y es justo lo que cabría recomendar a los senadores Marco Rubio y Rick Scott, quienes se han erigido desde Estados Unidos en el núcleo duro del ataque contra Venezuela.

Por José Negrón Valera*

Se puede suponer que si algún político se convierte en juez y verdugo de alguna causa, estaría libre a su vez de las manchas, críticas y debilidades que percibe en aquello que ataca. Sin embargo, en el caso de los senadores republicanos, parece que aplica todo lo contrario.

Digna de servir de fundamento a un guión de Scorsese, la investigación sobre las acusaciones de corrupción, tráfico de influencia y manejo indebido de fondos públicos que pesan sobre Scott y Rubio, nos guían de manera firme hacia un propósito: develar la verdadera naturaleza de estos operadores político militares al servicio del cambio de régimen obligatorio en Venezuela.

‘Buenos muchachos’

Rick Scott ha acaparado recientemente grandes titulares debido a la vehemencia con que pide que Washington intervenga militarmente en el país suramericano.

«Se está haciendo claro que tendremos que considerar el uso de los activos militares estadounidenses para llevar ayuda», ha manifestado Scott durante un discurso en la capital de Estados Unidos. Luego, incluso ha ido más allá y ha pedido que todos los militares del mundo tomen parte en dicha acción.

A lo largo de Latinoamérica, políticos, medios de difusión y simpatizantes de la oposición venezolana han mostrado gran entusiasmo por la vehemencia de Scott, a quien el grupo anticorrupción Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington —CREW, por sus siglas en inglés— ha bautizado como «uno de los peores gobernadores de los Estados Unidos».

En 1997, Scott saltó a la fama, y no de la mejor manera, cuando protagonizó lo que se llamó ‘la mayor estafa contra el sistema Medicare’ en toda la historia de Norteamérica.

Fundador y CEO de la empresa Columbia/HCA, fue acusado por el Gobierno federal de «14 delitos graves relacionados con la facturación y prácticas fraudulentas» al dar sobornos a los médicos para que refirieran a los pacientes a clínicas de su interés, así como para que los pacientes «parecieran más enfermos de lo que estaban», según refiere una amplia investigación hecha por el periodista Jake Beninato.

La empresa Columbia/HCA tuvo que pagar 1.700 millones de dólares en multas y determinó la separación de Scott como CEO de la misma, no sin que antes lograra una indemnización de 5,1 millones de dólares y un contrato de consultoría de 950.000 dólares por cinco años, así como 300 millones de dólares en acciones.

Sin embargo, este hecho no imposibilitó que fuese elegido como gobernador de Florida en 2011 y mucho menos que cesaran la serie de hechos ilícitos que lo convierten, a juicio de grupos como CREW, en uno de los políticos estadounidenses más corruptos.

En su primer año como gobernador, Rick Scott se encargó de utilizar su posición para decretar una serie de leyes que beneficiaban directamente a empresas donde tenía intereses económicos.

Uno de los casos más representativos fue su boicot al proyecto del tren de alta velocidad que iría de Miami a Orlando.

A pesar de que el proyecto creaba más de 60.000 empleos en un estado con gran nivel de desocupación, Scott se opuso de una manera tan vehemente que el proyecto se canceló. Lo extraño de esto, es que luego Scott y su esposa, cambiaron de opinión e invirtieron millones de dólares en acciones de Fortress Investment Group, la empresa matriz que ahora retomará la construcción del tren.

Otro caso emblemático, de una larga e inacabable lista de hechos de corrupción, incluye una ley que obligaba a beneficiarios de ayudas públicas a realizarse exámenes de drogas para poder recibir beneficios sociales. Los exámenes, por supuesto, beneficiaban a la red de clínicas Solantic, donde se realizaban dichas pruebas, y cuyas acciones Scott transfirió a su esposa por un monto aproximado de 60 millones de dólares en 2011.

Jake Beninato denunciaba que en 2016 Scott dictó una extraña medida. Eliminó una regulación sobre las cirugías a corazón abierto de bebés, que tenía una vigencia de más de 38 años. Esta decisión, según el periodista, tuvo lugar tres meses luego que la cadena CNN revelara que el Centro Médico St. Mary ubicado en West Palm Beach, había estado incumpliendo la regulación. Lo que trajo como consecuencia un aumento de la tasa de mortalidad infantil hasta el 12,5 %, más del triple del promedio nacional. No era de extrañar la decisión de Scott. El Centro St. Mary pertenecía a la cadena de hospitales Tenet HealthCare quien donó 200.000 dólares a la campaña de Scott.

Las laboriosas conexiones que hace Scott entre negocios y política podrían incluso extenderse más allá de Estados Unidos. El ahora senador de Florida, posee además grandes inversiones en empresas energéticas como NextEra Energy Partners y Spectra Energy Partners, lo que podría explicar su ferviente interés por pedir una intervención militar contra Nicolás Maduro.

Apoyado por el lobby opositor en ese país, especialmente en las figuras de Carlos Vecchio y David Smolansky, no sería de extrañar que en los próximos meses apuntarahacia CITGO, la empresa petrolera que el Gobierno de Estados Unidos ha secuestrado a Venezuela.

Amistades peligrosas

Marco Rubio es uno de esos políticos que cada tanto aparecen en la escena política norteamericana. Un estereotipo del talentoso, joven e inteligente promesa que parece ‘hacerse a sí mismo’, conforme avanza a pasos agigantados desde un cargo menor como legislador hasta la precandidatura del Partido Republicano.

Últimamente ha encabezado la ofensiva diplomática y mediática contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sirviendo de correa de transmisión entre la oposición política venezolana radicada en el eje Miami-Bogotá-Caracas y los intereses militares de Washington.

Sin embargo, este protegido del poderoso lobby anticubano en Miami (encabezado por Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen) conforme señala al Gobierno venezolano de estar implicado en narcotráfico, barre debajo de la mesa un pasado familiar que sí está muy ligado a esta actividad.

El investigador Jean Guy Allard, recordaba que el canal Univisión sacaba a la luz en 2011, aspectos que Rubio habría querido mantener en secreto.

En 1987, la policía de Florida realizó una gran operación antinarcóticos y arrestó a la hermana de Rubio, Bárbara y al esposo de esta Orlando Cicilia.

«De acuerdo con documentos públicos, la fiscalía federal de Miami ordenó la confiscación de la casa donde Bárbara Rubio vivía con su esposo, Orlando Cicilia. Se sospechaba que la casa estaba siendo usada para actividades que violan la ley contra las drogas. Otra propiedad de la pareja, situada en North Miami Beach, también fue objeto de una orden de incautación por el mismo motivo», refiere Univisión.

El cuñado de Rubio terminó siendo acusado de «conspiración para distribuir cocaína y marihuana» y condenado a 25 años. Allard, sin embargo, otorga un detalle mucho más escalofriante de este hecho. La hermana y el cuñado de Rubio, trabajaban para el narcotraficante cubano americano Mario Tabraue, acusado de matar y desmembrar el cuerpo de un informante de la Policía.

Tabraue, explica Allard, fue condenado a 100 años de prisión pero resultó beneficiado con una reducción del 85% de la pena y hoy está libre.

A pesar de que Rubio se ha negado a hablar sobre dicho incidente, no han cesado sus vinculaciones con personajes ligados al narcotráfico, en especial con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.

Tal y como lo comenta la revista Semana, a propósito de un libro del escritor Sergio Camargo titulado ‘El Narcotraficante N°82’, no resulta cualquier aliado el que se ha buscado Rubio. Álvaro Uribe Vélez que gobernó Colombia «durante ocho años está embadurnado de narcotráfico de pies a cabeza, aunque él lo niegue». () Eso sin contar las múltiples acusaciones de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre él.

Otro aspecto que Rubio usualmente mantiene bajo una capa de conveniente neblina, lo constituye la historia de su origen y la llegada de sus padres a Estados Unidos.

Con el fin de captar votos de la comunidad anticastrista radicada en Florida, Rubio ha construido una narrativa muy conveniente para los referentes semánticos, simbólicos y políticos de dicha comunidad.

Unos antepasados que huyen de la dictadura caribeña en busca del sueño americano parecen encajar muy bien. No obstante, el reportero del Washington Post Manuel Roig-Franzia, quien publicó una biografía del político, cuenta que los padres de Rubio llegaron a Estados Unidos en 1956, antes de la revolución y que incluso realizaron varios viajes de regreso tiempo después.

«El abuelo de Rubio, Pedro Víctor García, era un inmigrante ilegal en los Estados Unidos. Desilusionado por sus perspectivas financieras, García salió de Estados Unidos para Cuba dos semanas después de que Fidel Castro tomara el poder en 1959. Volvió a los Estados Unidos dos años después sin una visa… y fue contratado por un funcionario de inmigración de los Estados Unidos, quien declaró: ‘No me parece que esté claro y sin lugar a dudas, tiene derecho a ingresar a los Estados Unidos’. García fue deportado, pero en lugar de eso, se fue ilegalmente a Miami y reapareció en 1967 para solicitar la residencia permanente. Aunque García había estado en los EEUU desde 1962, el formulario que llenó entonces indica que había sido un refugiado cubano desde febrero de 1965», indica Roig-Franzia.

Para alguien que constantemente está acusando a otros de provocar el sufrimiento ajeno, como lo evidencia los tuits escritos por Rubio a propósito del Gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro, cabría suponer que dicha persona está dispuesta a obrar siempre en función del prójimo. Pero con Rubio, parecen aplicar distintos estándares.

El estudiante, Cameron Kasky, sobreviviente de la masacre de la secundaria Stoneman Douglas en Florida, increpó a Rubio por no apoyar el control de las armas y privilegiar a los poderosos ‘lobbies’ armamentísticos.

Kasky preguntó a Rubio en un debate público, luego de la masacre: «¿Puede usted decirme que no aceptará una sola donación de la Asociación Nacional de Rifle?». El senador, entre evasivas y tartamudeos simplemente tuvo que reconocer que no podía dejar de aceptar dinero de dicha asociación. Una cifra que, según algunos investigadores, ya ronda los 3,3 millones de dólares.

Unido a este último aspecto, hay que resaltar que Rubio recibió grandes contribuciones de la multimillonaria, Betsy DeVos, a quien por cierto dio su voto para aprobarla en el cargo de secretaria de Educación de la Administración Trump.

La conexión interesante entre los ‘lobbies’ de armas, Rubio y DeVos, es que esta última es hermana de Erick Prince, el ex Navy Seal, fundador de la contratista BlackWater (hoy llamada Academi) sobre la cual pesan numerosas acusaciones de crímenes de guerra en Irak.

Si unimos los puntos, tendremos a un Marco Rubio conectado con el mundo del ‘mercenariato’ corporativo (Prince), el narco paramilitarismo (Álvaro Uribe Vélez) y el aparato armamentístico estadounidense (Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés). Dicha interconexión lo convierte en un personaje muy importante para los intereses de desestabilización que pretende adelantar Estados Unidos en Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Puede que a la oposición venezolana y la derecha política en Latinoamérica no les importe en lo más mínimo el historial de Rick Scott o Marco Rubio. Puede que el solo objetivo de derrocar a Nicolás Maduro les haga buscar cualquier tipo de alianzas, cerrando los ojos a la evidencia e incluso con un pañuelo en la nariz.

Sin embargo, nunca está de más prevenir que cuando se entona la frase ‘el fin justifica los medios’, lo que se hace, y muchas veces con dolorosas consecuencias, es vender el alma (o la soberanía) para siempre.

*Sputnik

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