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La Policía investiga al ex ministro Soria por facilitar ayudas públicas al grupo Zed

El grupo de telecomunicaciones recibió 23,5 millones en subvenciones durante su etapa como ministro de Industria.

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía ha presentado en la Audiencia Nacional un informe en el que apuntan a José Manuel Soria y al que fue su número dos en el Ministerio de Industria, Víctor Calvo Sotelo, ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, como «actores relevantes» en la concesión de ayudas públicas al grupo Zed, de la familia Dolset.

Durante el tiempo que Soria permaneció al frente de la cartera de Industria otorgó ayudas por un importe superior a los 23,5 millones de euros, para el impulso de la competitividad en materia de I+D+i y el fomento de la sociedad digital, cifra que llegó a los 48 millones entre 2011 y 2015.

El ex ministro, quien ha declinado la posibilidad de hacer declaraciones sobre este asunto, ya estuvo relacionado con el caso Dolset hace dos años. Ya en ese entonces, el fiscal sospechaba de que el expresidente del grupo Zed, Javier Pérez Dolset, tenía acceso a información privilegiada gracias a sus contactos dentro del Ministerio, que «le proporcionaban información de las convocatorias antes de que estas se publicasen en el BOE».

En el informe policial, al que tuvo acceso el digital El Independiente, se detalla que Soria empleaba su correo electrónico personal para dirigirse a los altos cargos del Ministerio, por lo que los investigadores no pudieron analizar ese material. Sin embargo, se ha comprobado que en al menos dos ocasiones el exministro de Rajoy solicitó información a sus subordinados sobre ayudas al Grupo Zed.

La Policía señala que el análisis de la cadena de correos «pone de manifiesto el interés mostrado» por Víctor Calvo Sotelo y su jefe de gabinete en la aprobación de un proyecto de Zed denominado Ariadna, «a raíz de la solicitud efectuada por el ministro de Industria, José Manuel Soria».

En esta causa, denominada operación Hanta, se investigan delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, amenazas y coacciones.

Anticorrupción sospecha que Javier Pérez Dolset ideó y puso en marcha un plan para acceder a la concesión masiva de ayudas públicas de forma ilícita, encargándose él «personalmente» de las relaciones con las administraciones públicas.

En 2017, el fiscal reveló posibles anomalías en las memorias con las que las empresas del grupo Zed justificaron el dinero público recibido para el proyecto Abaco de la Secretaría de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, por un montante de 4,43 millones de euros. «No consta el resultado concreto de este proyecto ni una correlación entre las bases de la convocatoria pública y los supuestos resultados obtenidos.

Asimismo, alguna de las personas reflejadas en la memoria no tuvieron participación en el proyecto, carecían de la cualificación reseñada o cumplían funciones totalmente ajenas a las indicadas en las memorias», expone el representante del Ministerio Público.

eldia

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